Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
La organización política “Podemos” iniciará este mismo mes la celebración de las asambleas distritales que se requieren para cumplir con los requisitos que la Ley impone a quienes pretendan conformarse como partido político. *** Poco a poco, con la discreción que estos procedimientos requieren, los operadores de “Podemos” han ido tejiendo una red de amigos y aliados en toda la entidad, con los que están construyendo la estructura de este que será una nueva opción electoral en Veracruz, a partir de los comicios intermedios del 2021. *** Una singular combinación de experiencia y juventud en los liderazgos que ha ido congregando “Podemos”, permite anticipar que se convertirá en una alternativa viable para los ciudadanos de esta entidad. *** La figura de Francisco Garrido Sánchez al frente de este proyecto, y el aval de un político con largo camino recorrido, como Gonzalo Morgado Huesca, les ha permitido avanzar con pasos firmes en su propósito. *** Ojalá les vaya bien, en beneficio de Veracruz.
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Lo que sucede en el Sector Salud sólo puede calificarse como un “pleito de verduleras”.
Desde la difusión de una fotografía burdamente editada, en la que aparecía el actual titular de esa área, Roberto Ramos Alor, besando en la boca a otro hombre, hasta la denuncia anónima de presuntos casos de nepotismo, o la movilización de médicos en la zona sur en protesta por la inseguridad, y el reclamo por la escasez de medicamentos en los centros hospitalarios del gobierno estatal, todo, en abono de una imagen de desorden en ese sector, de ausencia de mando, de una confrontación abierta por la defensa de los intereses de diversos grupos.
Lo sucedido este jueves en el hospital civil de Xalapa (Luis F. Nachón) es la muestra más fehaciente de que los empleados del Sector Salud asumen que no hay mando y que, por lo tanto, están en su derecho de imponer su voluntad.
Médicos, enfermeras y personal administrativo de ese hospital protestaron por la “imposición” del médico Enrique Ríos de la Fuente como director de ese centro hospitalario.
Aseguran que el nombramiento se dio “por orden directa” del secretario de Salud Roberto Ramos Alor, a pesar de que “prometió tomar en cuenta los perfiles de médicos dentro de la institución”.
¿Acaso los secretarios de Salud de administraciones pasadas le pedían opinión al personal de los hospitales para designar a los directores?
No, nunca ha sucedido así.
El Artículo 12, inciso A, fracción primera de la Ley de Salud para el Estado de Veracruz establece que corresponde al Ejecutivo del estado, en materia de salubridad general, “organizar, administrar, operar y evaluar los servicios de salud a que se refiere el apartado ‘A’ del Artículo 3° de esta Ley”.
El Artículo 49, fracción XIV, de la Constitución local incluye, entre las atribuciones del gobernador, la de “nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la administración pública, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados en otra forma por esta Constitución y por las leyes”.
El personal del Hospital Civil de Xalapa argumenta, en su resistencia al nombramiento del doctor Ríos de la Fuente, que este “desconoce el trabajo al interior del Hospital Civil”, y que “es una persona jubilada del IMSS”.
Lo absurdo de sus argumentos demuestra que hay en ese nosocomio un grupo que pretende mantener el control y que ve amenazados sus intereses con la llegada de alguien que no está en el “enjuague”.
El propio secretario de Salud reveló que en ese hospital se detectaron 60 sujetos que cobran sin laborar, cinco de los cuales son médicos cirujanos con salarios de hasta 35 mil pesos mensuales, pero que no hacen absolutamente nada.
Esos empleados fueron comisionados por sus sindicatos y no cumplen con ninguna actividad en el hospital, pues están asignados en otras áreas.
Eso explica las verdaderas razones de la protesta.
En efecto, a ese hospital como a la mayoría de los centros de salud del gobierno estatal, les faltan medicinas, instrumental médico y lo indispensable para ofrecer un servicio óptimo, producto del saqueo (uno más) que hizo de esa vital área el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Eso, sin embargo, nada tiene que ver con el perfil del nuevo director, o con los intereses de los sindicatos que pretenden conservar sus privilegios.
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Epílogo.
Es más que evidente que los abogados del aún fiscal Jorge Winckler están recurriendo a todas las argucias jurídicas para retrasar la audiencia constitucional en la que habrán de definir si le conceden, o no, el amparo a su cliente. *** El más reciente acuerdo del juez federal que lleva el caso, hace referencia a una “ampliación de demanda” por parte del quejoso, en la que argumenta: “En su carácter de autoaplicativo, el Decreto número 228 por el que se adiciona una fracción, que será XLIV, con el corrimiento de la actual fracción XLIV a XLV, al artículo 33 de la Constitución de Veracruz (…) La inminente ejecución de la reforma constitucional señalada en el número que procede y derivado de ello, el acto o procedimiento de remoción de mi cargo de Fiscal General del Estado”. *** La audiencia constitucional está re-programada para el 14 de marzo. A ver qué otro pretexto se inventan para volver a posponerla. *** El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con el fin de devolver a la Secretaría de Gobierno la responsabilidad de Tránsito y Transporte del Estado. El legislador explicó que esa medida permitiría mejorar el diálogo entre los concesionarios y el gobierno, así como una mejor implementación y ejecución de políticas públicas en ese renglón, debido a la sensibilidad política propia de la Secretaría. Señaló que la decisión de unificar en un solo mando los ramos de seguridad pública y tránsito ha generado corrupción y un gran descontento de los concesionarios y conductores del transporte público, por el hostigamiento del que son objeto por parte de las corporaciones policiacas. Un tema que habrá que analizar a fondo, pues hay evidencias de la colusión de transportistas con grupos de la delincuencia.
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