Aurelio Contreras Moreno / La tarde-noche de este jueves 7 de febrero, la capital del estado de Veracruz se cimbró por hechos de violencia cometidos a los ojos de todos, con singular facilidad y ante la ausencia absoluta de la autoridad.
Mientras en el Congreso del Estado de Veracruz se preparaban para continuar con la infame “telenovela” del juicio político al fiscal Jorge Winckler –que estaría a punto de venirse abajo, pues la bancada de Morena no ha conseguido la mayoría calificada para concretar este propósito-, Xalapa era asolada por criminales que a plena luz del día, en el centro mismo de la ciudad, asesinaron a balazos a una mujer dentro de una plaza comercial.
Se trata de María del Carmen Ruiz Hernández, locataria y dirigente de los comerciantes de la plaza “Clavijero”, ubicada en el corazón de la ciudad. Fue asesinada con varios disparos dentro de las instalaciones. El presunto móvil del homicidio –perpetrado aproximadamente a las 2 de la tarde- habría sido el cobro de “derecho de piso” que desde hace años la delincuencia organizada practica en ese lugar, ante la complacencia de todas las autoridades de todos los niveles de los últimos gobiernos, que han estado al tanto de la situación, pero simplemente nada hicieron. Ni hacen.
Unas horas después, en el mercado “Rendón”, un tianguis de condiciones similares a las de la plaza “Clavijero”, un joven de 17 años que atendía un local de venta de ropa fue ejecutado mediante el mismo modus operandi, a balazos, y aparentemente por los mismos motivos.
Al momento de redactarse estas líneas, fue reportado en redes sociales un asalto a mano armada en las instalaciones de una llantera ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, también en Xalapa, donde se comenzó a vivir una verdadera psicosis a causa de una violencia que está escalando a niveles solamente vistos durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, cuando el estado se ahogó en un mar de sangre.
Esta violencia no es exclusiva de la capital veracruzana. De norte a sur de la entidad la inseguridad se apodera de todos los espacios y aprovecha los vacíos que dejan las autoridades, que entre su inexperiencia, su desidia y su interés en otros temas que no son la seguridad de los veracruzanos, están perdiendo el control de la gobernabilidad. Si es que alguna vez lo han tenido.
Para muestra, a principios de esta misma semana el presidente municipal de Astacinga –localidad enclavada en la Sierra de Zongolica-, Antonio Ramírez Itehua, fue víctima de un atentado, también a balazos, que mantiene su vida en vilo, pues fue herido en la cabeza y el pecho.
A los pocos días, su homólogo de Camerino Z. Mendoza, Melitón Reyes Larios, denunció que en esa misma zona operan a sus anchas por igual sicarios de cárteles del narcotráfico de dos grupos antagónicos, que “huachicoleros”. ¿Y qué dicen las demás autoridades?
El pasado fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de tres días por el estado de Veracruz y visitó, entre otros municipios, el de Córdoba, que se encuentra en el mismo corredor de la región central del estado y que también sufre graves problemas de inseguridad y violencia. Pero el mandatario nacional simplemente evitó referirse a este tema. Él venía concentrado en lo que sí es de su interés: sus programas sociales, asistencialistas y electoreros. De la clara crisis criminal que padece la entidad, ni una palabra.
Y es que, como acostumbra decir, pareciera que el Presidente de México tiene “otros datos” sobre lo que pasa aquí, pues Veracruz fue excluido de las 17 regiones que la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana clasificó como de alta incidencia delictiva, en las que se desplegarán un total de 10 mil 200 elementos policiacos federales durante las próximas dos semanas, y a donde se enviarán recursos adicionales para “programas integrales de desarrollo” del Gobierno Federal, priorizando además en estas zonas el diseño de los lineamientos del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg).
Veracruz está fuera de los planes presidenciales de seguridad. A lo mejor estén esperando que regrese el tiradero de cadáveres en la vía pública para reconsiderar.
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