Aurelio Contreras Moreno / Una de las vías más efectivas para sabotear las exigencias sobre transparencia y rendición de cuentas de los entes gubernamentales es el condicionamiento de los recursos económicos que hacen posible conocer información que permita evaluar las políticas públicas.
Ya sea a través del encarecimiento de los procesos para acceder a la información, o bien con el recorte de los recursos a los organismos encargados de colectar, interpretar y encausar los datos, la resultante obvia es la opacidad, que las más de las veces deriva en corrupción.
La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la cancelación de 14 proyectos que tenían contemplados para este año, luego que su presupuesto fuera reducido en cinco mil millones de pesos respecto de lo solicitado por este organismo para el ejercicio fiscal 2019.
Los proyectos cancelados fueron las encuestas nacionales de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED); de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH); sobre Uso del Tiempo; de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID); de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE); Agropecuaria (ENA); de Gasto en los Hogares (ENGASTO); de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUP); de los Hogares (ENH); de Micronegocios (ENAMIN); de Población Privada de la Libertad (ENPOL); de Trabajo Infantil; sobre Confianza del Consumidor (ENCO); y el Censo Agropecuario.
Como resulta evidente, muchos de los rubros sobre los que el Inegi ya no hará mediciones este año pertenecen a áreas delicadas, como la de la seguridad; o bien a aspectos socioeconómicos que arrojan datos pertinentes sobre el impacto y eficacia de las políticas públicas y los programas gubernamentales en materia de desarrollo social, económico y humano.
Los levantamientos que el Inegi priorizó para este año son los Censos Económicos 2019 y el Censo de Población y Vivienda 2020, a los cuales les asignó cinco mil 447.7 millones de pesos en total, casi la mitad de todo su presupuesto. Y eso, porque si no realizara por lo menos estas mediciones, estaría en entredicho la misma razón de ser del Instituto.
Ha quedado más que de manifiesto que la transparencia y la rendición de cuentas no son prioridad para el nuevo régimen que gobierna México, al cual solamente le interesa asignar amplios recursos para los programas asistencialistas que les permitan allegarse y/o ampliar sus clientelas electorales a través de la entrega de apoyos que mantengan altos sus índices de popularidad, aunque no resuelvan ninguno de los problemas estructurales del país.
Para ello, ha castigado presupuestalmente áreas como la de la investigación científica y tecnológica, la cultura, el desarrollo agropecuario, los derechos humanos y, por supuesto, la del acceso a la información.
Limitar financieramente el funcionamiento de organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o el del propio Inegi, representa un perverso retroceso en una materia que costó años y grandes esfuerzos impulsar. Se obstruye el derecho a saber de los mexicanos y se entorpece la evaluación sobre el desempeño de las autoridades en todos los ámbitos de su competencia.
No es de extrañar. El gobierno lopezobradorista asigna contratos y realiza compras millonarias sin someterlas a licitación ni control externo alguno, bajo la excusa de que su “potencia moral” se los permite.
Pero lo suyo, es la oscuridad.
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