Mussio Cárdenas Arellano /
* Abuso, agresión, armas sembradas * El gober, atrapado * “Portaban armas de cacería”, dice * Cisneros: “eran de uso exclusivo del Ejército” * Circo de contradicciones * Winckler refuta * Prevenir el delito es asunto de Cuitláhuac * 36 días y la delincuencia manda * Fraude en el clóset del líder del Congreso * La síndica ahora va por la vía legal
Lengua estridente la del gobernador, pero hoy ya no sabe qué decir. Su policía asalta, allana, agrede. Su policía somete y tortura. Su policía, su Fuerza Civil, veja a siete “gringos” en Actopan y les imputa delitos, les siembra armas y municiones, les roba, los convierte en objeto de extorsión. Y Cuitláhuac García no atina a hablar o callar.
Sacudido por la pifia y el abuso descomunal, una policía de élite con prácticas criminales, violadora del estado de derecho, el gobernador de Veracruz enfrenta una crisis letal.
A un paso del lío diplomático, camina a tientas intentando hallar la salida de un laberinto de engaño y excusa, advirtiendo que su policía se pasó, pero tirando línea para no admitir que en el caso de los gringos de Actopan hubo violación a derechos humanos y al orden legal.
“Tenían armas pero eran para cacería de venados”, cuenta Cuitláhuac García y desata una sonora carcajada que se escucha en todos los rincones de Veracruz.
Eran “armas de uso exclusivo del Ejército”, de asalto, y más de 500 cartuchos, tercia Eric Cisneros, que más que secretario de Gobierno tiene trazas de porro de plazuela, con la lengua más suelta que la del gobernador.
Remata la Secretaría de Seguridad Pública con un parte en el que se detalla lo que supuestamente tenían en sus poder los “gringos” de Actopan: “dos armas de fuego largas y dos cortas, 178 cargadores útiles y un cargador desabastecido”.
Y si todo fue así, ¿por qué están libres?
Hacia la tarde del 31 de diciembre, Santa Rosa, municipio de Actopan, en la parte central del estado de Veracruz, se estremeció con la irrupción de la Fuerza Civil. Una patrulla llegó a las puertas del domicilio en que se hallaban los Rosado Zárate, tres de ellos con residencia en Estados Unidos y cuatro nacidos en aquel país.
Llegó la Fuerza civil e irrumpió en el hogar. Allanaron la vivienda, trepando por una reja, destruyendo una puerta a marrazos, golpeando con las armas y los puños, lanzando disparos al piso, llevándose a jalones a los “gringos” a quienes le imputaban que tenían armas en su poder.
Abraham Rosado Zárate, José Aniceto Rosado Zárate y Héctor Márquez Rosado son originarios de Actopan, migrantes y con residencia en Estados Unidos, donde residen hace años, donde han hecho su vida.
Paul Sergio Reyes Rodríguez, David Rosado, Abraham Rosado Junior y Israel Kevin Cruz nacieron en el vecino país. Tienen nacionalidad norteamericana.
A los siete se les aprehendió ilegalmente, sin orden de un juez, sin justificar flagrancia.
Son los gringos de Actopan vejados por la policía de Cuitláhuac García.
En la crónica de Ignacio Carvajal, reportero de Liberal del Sur y Blog Expediente, se advierte el nivel del atropello, citando las palabras de Abraham Rosado Zárate:
“Durante varios minutos nos estuvieron golpeando en la cara. Nos daban de patadas y cachazos. Además disparaban contra el suelo cuando nos tenían contra el piso para que confesáramos que éramos criminales, según ellos”.
Al ver la agresión, la brutalidad con que actuaba la Fuerza Civil, el pueblo se alebrestó. Les gritaban que son gente buena, trabajadora, que vienen en Navidad y Año Nuevo a su familia. Pero los uniformados continuaban la agresión.
“Inmediatamente tumbaron la puerta a marrazos y otros ingresaron trepando la barda. No traían orden judicial y los de la casa comenzaron a exigir que se salieran pues estaban cometiendo un delito.
“Los oficiales encañonaron a la familia, mujeres y niños también, y sometieron a los hombres.
También les quitaron las carteras, las visas, varias botellas de whisky fino y dos planchas de cerveza estadounidense que habían traído desde EU para pasar las fiestas. Se llevaron la carne marinada que era para la cena, dos relojes de oro, varias cadenas, pulseras de oro y tres televisores”.
Llegaron más patrullas, reforzando el operativo contra los “gringos”. Les robaron sus carteras, pasaportes y documentación oficial. Esposados, cubierto el rostro, golpeados, amedrentados, transpiraban el miedo y los envolvía el terror.
Abraham Rosado Zárate —cita Ignacio Carvajal— viajaba junto a su nieto. “Granpa, granpa, granpa, me van a matar”, le decía con resignación el menor.
Saben de la violencia en Veracruz. Saben de la policía que levanta y mata, o que entrega a sus víctimas a los cárteles. Saben que de las desapariciones forzadas consumadas por los que debieran estar de lado de la ley. Saben de mil historias que se tejen desde que Javier Duarte y Fidel Herrera convirtieron a Veracruz en santuario de zetas y arena de lucha del crimen organizado.
Horas después, comenzó la tormenta para el gobernador. Y para Morena también.
Intervino la embajada de Estados Unidos por ser ciudadanos de aquel país cuatro de los detenidos y tres más, residentes.
Estalló el escándalo en prensa y redes sociales. Y entonces se engalló el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, imputándoles que habían armas en su poder. Justificó el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, la aprehensión, pues según el parte oficial la detención ocurrió cuando los gringos evadieron un retén y más adelante comenzaron a disparar.
Libres por la intervención de la embajada de Estados Unidos, una vez que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, los gringos denunciaron que además hubo intento de extorsión. Llamó la Policía a sus familiares exigiendo dinero a cambio de dejarlos ir.
Un video, captado por uno de los familiares de los gringos agredidos, dio cuenta del atropello y colocó al gobernador en la escena internacional.
Y comenzó el circo de la contradicción.
Matizaba Cuitláhuac García con una medida administrativa, suspendidos los policías y sujetos a investigación por el Departamento de Asuntos Internos. Pero de que hay armas, sostiene el gobernador, las hay. Son para “cacería de venados” y, agregó, no se sabe “si tienen sus permisos en regla”.
Cisneros, su tripulador, es el rostro de la insensatez. Parlotea sin límite y lo termina de hundir. Es un loco de atar. Viendo el huracán acercarse, vuelve a atacar:
“Se detuvo a un grupo de personas, que tenían fusiles de asalto en una comunidad que se llama Santa Rosa. La detención que hizo nuestro personal no fue la más correcta. Eso no significa que no tenían esas armas y más de 500 cartuchos (sic) y pistolas del uso exclusivo del Ejército”.
Y los vuelve a embestir:
“Con esto queremos decirles que no vamos a permitir, aun cuando sean presuntos delincuentes, que nuestros elementos cometan violaciones a los derechos humanos de nadie”.
Al fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, quien se entrevistó con las víctimas y ofreció procurarles justicia, Eric Cisneros le imputa que actúa como la Malinche.
“En ese tiempo hubo una Malinche, siempre privilegiaba a los extranjeros y no es que no tengan derechos, pero yo preguntaría en una reacción tan rápida, beneficiando a alguien que tiene sus derechos a salvo, por supuesto como cualquier ciudadano o cualquier visitante que viene del extranjero, ¿así de pronta es la justicia que ha procurado para los indígenas y los veracruzanos?”.
¿Y los derechos humanos, que no son derechos universales?
A Cuitláhuac y a Cisneros les responden los gringos de Actopan:
“Dicen que teníamos armas, pero no teníamos nada, dicen que nosotros los agredimos”.
Hará tres semanas, el 12 de diciembre, el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez, reveló que la Fuerza Civil sería evaluada. 30 mandos serán relevados y los mil 800 elementos estarán sujetos a evaluación.
Y hubo reacción. Y desatando un conflicto diplomático que ni Cuitláhuac García ni su locuaz secretario de Gobierno saben manejar.
Bermúdez, en sus días de gloria, palidece ante las tropelías de la policía morenista o cuitlahuista. Bermúdez, el célebre Capitán Tormenta, secretario de Seguridad que paró en la cárcel y, libre, sigue sujeto a juicio, hizo de todo, solapó desapariciones forzadas o las ordenó, o las supervisó, pero no se metió con ciudadanos de Estados Unidos.
Desvencijado, el carro de la Cuarta Represión en Veracruz anda peor que en el duartismo, golpeando al migrante, al residente en EU, al ciudadano del vecino país.
Y Eric Cisneros no deja de imputarles que sean “presuntos delincuentes”.
2019, inicio represor, don Cuit.
Archivo muerto
Vilmente usado, Cuitláhuac García no halla un solo caso de feminicidio esclarecido. “Que se ponga las pilas (el fiscal Jorge Winckler) y detenga porque si no van a seguir sueltos”. Y abunda: “No se ha resuelto el feminicidio anterior que sucedió aquí en la Laguna Lagartos”. Refiere del desgobernado de Veracruz: actuar ante estos delitos, pues el mensaje enviado a la delincuencia es de impunidad. Horas después, Winckler lo vapulea: la prevención del delito es responsabilidad del Poder Ejecutivo, no de la Fiscalía. Seguridad Pública detecta y previene, la Fiscalía investiga hechos consumados, integra carpetas de investigación y consigna ante el juez. Y revela cifras de inseguridad y violencia del 1 de diciembre de 2018, día en que Cuitláhuac García tomó posesión, al 7 de enero: 38 secuestros, 138 homicidios y 19 feminicidios; en total son 176 delitos cometidos en 38 días de gestión. Tres de los presuntos feminicidas fueron aprehendidos y están bajo proceso; a uno se le dio sentencia condenatoria. A eso se agregan 315 robos a vehículos, 259 robos a comercios, 93 robos a transeúntes, 80 robos a casa habitación y 17 casos de extorsión. Winckler abunda: se expidieron 115 órdenes de aprehensión en las delegaciones de Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Tantoyuca, Tuxpan, Veracruz y Xalapa; en ellas se giraron 23 órdenes de reaprehensión, 13 de comparecencias, 16 puestas a disposición; un total de 167 mandamientos judiciales o ministeriales, según reporta el portal E-Consulta Veracruz. Áspero, Winckler confronta al gobernador por la imputación de que es la Fiscalía la responsable de la inseguridad por falta de resultados: “Es una mentira. La Fiscalía trabaja, detiene, procesa y condena. Que no digan que no hay detenciones (…) Es importante reiterar que la prevención de los delitos, que no se cometa ninguna muerte de mujer, que ningún ciudadano sufra algún agravio, es a cargo del ejecutivo del estado. Quien tiene que trabajar para que no se cometa ningún delito, es el gobernador Cuitláhuac García”. Y apunta: “Que no quiera venir a achacar culpas o responsabilidades a quienes no la tienen. Yo invitaría a Cuitláhuac García Jiménez a que hoy mismo me pase una lista de todos los detenidos por delitos de alto impacto entre el 1 de diciembre y el 5 de enero, cuántos ha detenido su policía, y que los hayan puesto a disposición de Fiscalía, y que hayan sido liberados por alguna circunstancia atribuible a nosotros”. Alguien engaña a Cuitláhuac. Alguien lo marea. Prevenir el delito es tarea del Ejecutivo y el gobernador repite, sin saber, secundando la audacia demencial de Eric Cisneros, que la oleada criminal se da por omisión de la Fiscalía. Cisneros hace decir al gobernador que no hay acciones contra el feminicida y que el delito no se atiende y así se envía un mensaje de impunidad. Demoledoras, las cifras de Winckler lo destrozan… Vendía autos para la firma Volkswagen y un día fue acusado de fraude. Al gusto del cliente, hurgaba entre las existencias. Y si no lo tenía en la agencia automotriz, ofrecía hallar la unidad requerida y traerla a Coatzacoalcos. Un día, sin embargo, tropezó con un fraude. Sí, el líder del Congreso de Veracruz, diputado por San Andrés Tuxtla, Javier Gómez Cazarín, tropezó con un fraude. Hay registro y testimonio del Jetta que solicitó una familia y que nunca le entregó. Recibió 100 mil pesos y pidió tiempo para que la unidad llegara. Se fijó un plazo y plazo venció. Transcurrido el tiempo, apretado por la familia y ante la existencia de un recibo firmado por Gómez Cazarín, la Volkswagen pagó y resarció el daño. Eran sus pininos; hoy conduce a Morena en el Congreso de Veracruz. Sabe cómo… Crecida, contestataria como está, Yazmín Martínez Irigoyen va ahora por la vía legal contra el alcalde Carranza. Cuentas chuecas, contratos irregulares, dispendio que apesta a corrupción y la violación a la Ley Orgánica del Municipio Libre serán el nuevo crujir de Morena. Hay desvíos descomunales. Hay dispendio. Recortan personal y disminuyen salarios y la nómina sigue siendo una carga por la inmensa cantidad de empleados de confianza que Víctor Manuel Carranza mantiene con él. Ahora, el hallazgo de un oficio suscrito por el secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos Guillén, dirigido a su hermano Mario, el tesorero municipal, en el que lo faculta a “firmar por ausencia todos aquellos trámites, procedimientos y demás gestiones , mismo que se encuentra ‘envestido’ —¿será investido?— por las facultades que le otorga el artículo 22 fracciones II y XXXV del propio Reglamento de la Administración Pública Municipal de Coatzacoalcos”. O sea, en ausencia del alcalde, el tesorero tiene manos libres para suscribir documentos. Y el cabildo ni en cuenta. Una denuncia más que les va a enderezar la síndica rebelde…
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