Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Hace poco más de dos años, el 16 de diciembre del 2016, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sorprendió a propios y extraños al llegar al aeropuerto de Las Bajadas, en Veracruz, para abordar un vuelo comercial con destino a la Ciudad de México. *** ¿Por qué en vuelo comercial? ¿Y las aeronaves del gobierno?, fueron las interrogantes de los reporteros que lo cuestionaron en la sala de espera. *** Yunes Linares les explicó que la medida obedecía a “la situación de emergencia financiera”. Había decidido viajar en vuelos comerciales y solamente utilizar las aeronaves del gobierno cuando fuera “estrictamente necesario”. *** Y les hizo cuentas. Les dijo que sus antecesores viajaban en un jet del gobierno del estado a Toluca; antes mandaban un helicóptero para trasladarse de Toluca a la Ciudad de México y regresar más tarde a Toluca, donde volvían a abordar el jet. “Cada vuelo del gobernador costaba aproximadamente 300 mil pesos”. *** La semana pasada, Cuitláhuac García viajó de la ciudad de México a Xalapa en autobús de pasajeros, de la línea ADO. Cuestionado sobre esa decisión, respondió que el jet del gobierno que utilizaba Miguel Ángel Yunes Linares (quien, al parecer, terminó por considerar “estrictamente necesario” viajar siempre en vuelos privados) tiene un costo de ¡4 mil dólares (80 mil pesos) por hora! *** Según Cuitláhuac García, además de barato, viajar en autobús “es cómodo, seguro, y hasta te dan una cobijita”.
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Debe ser que terminó pareciéndose tanto el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, al de su antecesor Javier Duarte, que Cuitláhuac García se está enfrentando a condiciones similares, no sólo por el desorden administrativo y las evidencias de actos de corrupción, sino en el escenario de crisis financiera.
El 28 de diciembre del 2016, Yunes Linares pidió al Congreso Local tres meses para modificar el presupuesto de egresos, “mientras se realizan las acciones que permitan lograr un equilibrio financiero”.
El pasado fin de semana, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que solicitará al Congreso local una prórroga de tres meses para hacer adecuaciones al presupuesto del estado para el 2019.
El actual gobernador explicó que a nivel federal aún se están haciendo adecuaciones al presupuesto y podrían prolongarse hasta el 31 de diciembre, por lo que no daría tiempo para que en la entidad se envíen las modificaciones al Congreso local para que las analice y las apruebe.
Las razones son muy lógicas.
En Veracruz más del 90 por ciento del presupuesto depende de fondos federales, por lo que es necesario conocer con cuántos recursos contará Veracruz, para entonces plantear su distribución.
La reducida capacidad del estado para generar ingresos propios no es algo privativo de Veracruz. Si se analizan los ingresos de las entidades federativas, tomando en cuenta los diferentes conceptos que reciben, se puede observar que de cada 100 pesos de ingresos que registran los estados, 85 pesos corresponden a recursos federalizados.
Son recursos que entrega la federación a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, dentro de los que destacan las Aportaciones Federales y Participaciones Federales.
Otros 11 pesos provienen de ingresos propios, recaudados por los estados, incluyendo impuestos, derechos, productos y aprovechamientos y, 4 pesos corresponden a financiamiento que solicitan las entidades federativas.
Sirva como ejemplo mencionar que en el 2017 el estado de Veracruz tuvo ingresos por 116 mil 185 millones de pesos, de los cuales fueron recaudados como ingresos propios, 8 mil 722 millones de pesos lo que representa apenas el 7.5% de sus ingresos.
El Artículo 33 de la Constitución Política local, al hacer referencia de las atribuciones de los diputados, en su fracción XXVII se refiere a la aprobación del presupuesto de egresos, pero en el quinto párrafo advierte:
“Si al 31 de diciembre no se ha aprobado el presupuesto de egresos para el año siguiente, el gasto público a ejercer en dicho período se limitará a cubrir las partidas correspondientes a las remuneraciones de los servidores públicos y al gasto corriente de los servicios de salud, educación, seguridad pública, procuración e impartición de justicia, funcionamiento del Poder Legislativo, así como para los organismos autónomos de estado, para lo cual se ejercerá en cada mes una doceava parte del último presupuesto aprobado, en tanto se aprueba el nuevo”.
Se vienen circunstancias muy interesantes en los próximos días.
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Epílogo.
La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) Yolli García Álvarez, llamó la atención sobre un detalle que poco han atendido las nuevas autoridades. Dijo que la mayoría de los jefes de las unidades de transparencia del gobierno del estado no cumplen con el perfil adecuado. Esto –dijo- genera atraso para resolver las solicitudes de información de los ciudadanos, por lo que están trabajando en el IVAI con los servidores públicos para capacitarlos y que se pueda brindar una atención puntual a las demandas de información por parte de los ciudadanos. *** El exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, terminó admitiendo que la empresa Comtelsat, beneficiaria del contrato para compra, instalación y funcionamiento de las cámaras de video-vigilancia (contrato que no se concursó, sino que se otorgó de forma directa) incumplió los plazos de entrega y de puesta en operación, por lo que se ha hecho acreedora a fuertes multas, como lo establece el contrato. Téllez Marié sabe que todo eso saldrá en la auditoría que realiza el Orfis y por ello se apresuró a ser él quien lo diera a conocer. Las evidencias encontradas hasta ahora podrían significar responsabilidad para el propio Tellez Marié, para el exgobernador Yunes Linares, para el que fuera Contralor General en la pasada administración, y hasta para el exsecretario de Finanzas. *** Esta columna se volverá a publicar el jueves 27 de diciembre. Gracias.
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