Mussio Cárdenas Arellano /
Certifica Miguel Pintos acta apócrifa * Falla intento por desconocer concesión de cancha de futbol * Juez federal descubre la treta * Alcalde en la mira * Gómez Cazarín y Marcelo, en corto * Cuitláhuac: austeridad republicana a bordo de una Suburban * 31 millones paga Carranza a medios y la gente no lee * ¿Y usted a qué hora sale a ladrar?
Con su puño y letra, Miguel Pintos valida lo que sirve y lo que no, y entre ello, certifica un acta de cabildo que derrumba la concesión de canchas de futbol rápido, la que amaga con frustrar la inversión de 60 millones de pesos en el Parque Central Miguel Hidalgo, el magno proyecto ecológico de Coatzacoalcos. Sólo que esa acta es falsa.
Su firma da sustento legaloide a un documento apócrifo.
Su firma engaña en un juicio de amparo que habrá de dilucidar si las ligas de futbol permanecen, o no, en el parque deportivo.
Su firma altera la vida institucional del ayuntamiento de Coatzacoalcos, violado el libro oficial en que se inscriben los acuerdos tomados por el cuerpo edilicio y el trámite que se le da a los temas torales ante el Congreso de Veracruz.
Hay en el expediente del juicio de amparo 1123/2018, promovido por Ember de Jesús Ballinas García, presidente la liga Fut7, un hecho inédito: dos actas de cabildo de la misma sesión.
Un acta, la auténtica, acredita la concesión de la cancha de futbol rápido, y otra, la falsa, usada por el ayuntamiento actual para vulnerar los derechos del beneficiario y simular que ese día se autorizó la venta de un área verde a otro particular.
Insiders del Palacio de Justicia Federal saben que el asunto apesta. Y arrastra al secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos Guillén; al alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y al titular del Departamento Jurídico, Agustín Jiménez, un ingeniero que de leyes sabe lo que López Obrador de aeronáutica.
Al promover el juicio de amparo, Ember Ballinas aportó pruebas contundentes: el acta de cabildo que validó la concesión de la cancha de pasto sintético, en una extensión de 2 mil 512.58 metros cuadrados, por 11 años y la aprobación que para el efecto realizó el Congreso de Veracruz. Era la anuencia del ayuntamiento y la validación de la Legislatura estatal.
En contrasentido, el área jurídica del ayuntamiento del morenista Víctor Carranza sustentó su alegato en una treta descomunal: un acta de cabildo de la misma sesión, con los mismos puntos a tratar, a excepción del numeral 5 en el que hace aparecer la validación para la compraventa de un área verde entre las colonias Petrolera y Puerto México, a favor de un personaje de nombre Fernando Hernández Hermosillo.
Ese hecho nunca existió.
Y es Miguel Pintos Guillén quien certifica el acta falsa.
Al calce del documento, estampa su firma el secretario del ayuntamiento, un neófito en política que proviene de la industria y del negocio con los dineros de Pemex, el contratismo voraz, la pinta de guarniciones y cuando le caían obras de peso y responsabilidad, solía asociarse con empresas de alta eficiencia.
Un acta, la del 24 de octubre de 2014, establece la anuencia del cabildo, entonces encabezado por Joaquín Caballero Rosiñol, otorgando la concesión a favor de Ember Ballinas, modificando así un tramite que inició durante la alcaldía de Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— que le había aprobado el manejo y operación de la cancha por 20 años, lo que contravenía la ley.
Ante ello, se reconsideró y se ajuste el período de concesión a 11 años.
Aquel acuerdo de cabildo se remitió al Congreso de Veracruz. El 13 de septiembre de 2016, por unanimidad, la diputación local aprobó la concesión a favor de Ember Ballinas. Fut7 se habría de convertir a la postre en el mayor dique contra el proyecto-negocio del Clan de la Succión, la familia Robles-Hillman, los que controlan al alcalde Carranza, los que disponen de la aportación de 60 millones, extraídos a Pemex a través del Programa de Apoyo a Comunidades y Medio Ambiente, los que sugieren qué constructor realiza la obra, los que han hecho del tráfico de tierras y chicanas notariales un fortuna brutal.
De la otra acta de cabildo no hay registro real. Es copia del acta original, de fecha 24 de octubre de 2014, salvo que en el numeral 5 del orden del día y en su desarrollo se inventa la compraventa de un área verde a favor de Fernando Hernández Hermosillo.
Dice así:
“Se aprueba la compraventa de la fracción de terreno del área verde ubicada en la colonia Petrolera, con superficie de 400.29 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias… a favor de Fernando Hernández Hermosillo, autorizándose a la sindica del H. Ayuntamiento Constitucional para que en representación del H Ayuntamiento firme ante notario público la escrituración correspondiente, concluidas las formalidades legales necesarias, quedando este lote desincorporado del dominio público municipal”.
Más adelante punta:
“Se instruye al C. Juan Manuel Rodríguez Caamaño, secretario del H. Ayuntamiento, remita copia debidamente certificada de la presente sesión de cabildo al Congreso del Estado, solicitando la autorización que indica el marco legal aplicable”.
Dicha acta de cabildo nunca llegó al Congreso de Veracruz. No llegó porque no existía. Y no hubo respuesta a la supuesta venta del área verde, ubicada en el canal pluvial que divide a las colonias Petrolera y Puerto México, las que años antes, siendo Iván Hillman Chapoy alcalde de Coatzacoalcos —y esposo de la diputada duartista Mónica Robles Barajas, hoy en Morena—, vendió a amigos y vecinos, empleados y conocidos.
Al Congreso de Veracruz fue remitida el acta auténtica, la que validaba la concesión a Ember Ballinas del predio de 2 mil 512.58 metros cuadrados, dentro del parque deportivo Miguel Hidalgo.
Con las dos actas de cabildo en el expediente, el Juzgado Noveno conminó al ayuntamiento de Víctor Carranza a aclarar cuál tenía soporte legal. Mientras, Ember Ballinas tramitó que el juzgador diera vista a la PGR por la existencia de un documento a todas luces falsificado, pero no hubo respuesta.
Hay por lo menos dos delitos a perseguir: falsificación de documento y uso de documento falso.
Hay tres probables implicados: Miguel Pintos, quien certificó el acta apócrifa; el alcalde Víctor Carranza, sin cuya anuencia no se habría consumado la farsa, y el titular del área jurídica, Agustín Jiménez, por ser quien lleva el caso ante el juzgado federal dentro del juicio de amparo.
Aferrado al negocio del parque ecológico —obsesiona a Mónica Robles y a su madre, Roselia Barajas, portar máscara de ambientalistas— Víctor Carranza transgrede la norma federal. Y su alfil, Miguel Pintos, viola la legalidad.
Improvisado en el cargo, el secretario del ayuntamiento es ave de mil tempestades. El día que no le llama diputada a una regidora, olvida el protocolo que debe seguirse en las sesiones de cabildo.
Eso es peccata minuta.
Lo peor es la tenebra y el ataque desde las sombras, la intriga a los enemigos y también a los amigos, el fuego a los opositores y el ataque embozado a Morena, el golpe artero, la descalificación y el desgaste.
Pero nada como la falsificación de un acta de cabildo, que se esgrime como legal en un juicio de amparo, que intenta engañar a un juez federal, que busca el despojo a Fut7 y desconocer la concesión por 11 años a Ember Ballinas.
Quien haya falsificado el acta, es un misterio. Quien la certificó fue Miguel Pintos.
Y hay más.
Archivo muerto
Sigiloso, Juan Javier Gómez Cazarín toca una puerta y se abre. Se interna en una lujosa residencia y ahí traba acuerdos. Ahí, en la residencia del fraccionamiento El Castillo, sobre la avenida 20 de Noviembre, en Xalapa, habita un tipo tan siniestro como dos caras, dos veces alcalde de Coatzacoalcos, hoy aliado encubierto de Morena. Es Marcelo Montiel. A él acude Gómez Cazarín, el títere útil en el Congreso de Veracruz, presidente de la Junta de Coordinación Política, recibiendo en la clandestinidad la línea a seguir. Ahí le orienta. Ahí lo instruye. Marcelo despliega su arsenal de tretas, las mañas y sus nexos. Es un romance político que deja ver quién controla al gobierno de Veracruz y que acredita que la alianza PRI-Morena está en mayor esplendor… A bordo de una Suburban de lujo, vive Cuitláhuac García la austeridad republicana. Auto de ensueño, blanca y reluciente, lo traslada al restaurant La Flor del Istmo, donde se congregan familias y grillos, donde se disfruta la majestuosidad del río Coatzacoalcos, el vuelo de las gaviotas, la quietud de los pelícanos, el lirio sobre las aguas y el ir y venir de los que se trasladan y arriban desde la congregación de Villa Allende. Así llega el futuro gobernador de Veracruz a su encuentro con la prensa de Coatzacoalcos, el jueves 15, donde nada o casi nada tiene que decir. Cuenta el futuro gobernador algo que hace semanas dejó de ser noticia: Andrés Manuel López Obrador no cumplirá su promesa de estar en el puerto que tantos votos le ha dado, el 2 de diciembre. Irá a Xalapa, y en Plaza Lerdo —o Plaza Regina Martínez— formulará la declaratoria de crisis humanitaria para Veracruz, demandando acciones inmediatas para atender la inseguridad, el baño de sangre, la violencia sin control, y también la emergencia financiera, que viene como herencia de Javier Duarte y sus 400 ladrones. Frente a los medios de comunicación, Cuitláhuac García poco tiene que decir. O lo que dice raya en la irrelevancia. Horas después, atiende lo que le urge: un banquete con una parte de la casta empresarial. Su anfitrión es Arturo Quintanilla Hayek, compadre de la senadora Rocío Nahle García, de fortuna incalculable gracias a la infinidad de contratos millonarios otorgados por Pemex, el Pemex saqueado por la mafia del poder, el Pemex succionado por las bandas de la corrupción. Una Suburban de lujo —placas XYX 141-A— y una comilona con empresarios, retratan cómo se chuta Cuitláhuac García el cuento de la austeridad republicana que tanto pregona El Peje… Son 31 millones y es dinero basura. Es, según los estados financieros, el monto del entre con los medios de comunicación hasta septiembre, el gasto inútil, el pago por el aplauso abyecto y el silencio servil. Son 31 millones de pesos y el pueblo no lee. Extraído de una encuesta inédita, la que esgrime el señor Víctor Manuel Carranza Rosaldo, en mala hora alcalde de Coatzacoalcos, el 61 por ciento de la población no sabe qué ocurre con la obra municipal. Eroga el ayuntamiento más de dos millones de pesos al mes —1.8 millones para Diario del Istmo y el resto del consorcio de la succión— y el pueblo ni los voltea a ver. Tan cariñoso que es Carranza que de refilón le dice a los Robles, sus patrones, que su periodismo ni huele ni hiede, ni pinta y mucho menos forma opinión. Sabiéndolo, qué mueve al alcalde Carranza a persistir en pagar publicidad en medios de nula credibilidad. Paga por razones diversas: por evitar la estridencia; por ocultar sus taras políticas; por no vulnerar el negocio informativo de los Robles, la familia duartista que a través de Diario del Istmo y anexas succiona al poder; por las loas que inútilmente pretenden maquillar su desastrosa gestión, o simplemente porque no siendo dinero de su bolsillo supone que se puede dilapidar. Y todo para terminar ofendiendo a su pueblo con aquello de que “nada más sabemos ladrar pero no sabemos conjuntar bien”. ¿Y usted, a qué hora sale a ladrar?…
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