Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Grave, muy grave, es que los servidores públicos hagan mal uso del tesoro público y que, debido a ello, se dejen de realizar acciones que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. *** Pero más grave aún resulta, si esos actos deshonestos se cometen contra los niños, en rubros tan delicados como la educación o la salud. *** El pasado fin de semana se registró una movilización de responsables y auxiliares de las instancias infantiles incorporadas a Sedesol (son más de 600 en la entidad) pues les han retenido el apoyo que deben recibir por cada niño que atienden en sus centros, lo que se utiliza para el pago de rentas, salarios y alimentos para los menores. *** La coordinadora del Programa de Estancias Infantiles de la Sedesol en Veracruz, Vanessa del Carmen Castro Arano, les hizo saber que el trámite está pendiente debido a lo que se conoce como el “Periodo de Ambiente Controlado” que implementa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con motivo del cierre del ejercicio fiscal. *** Eso explica el retraso, pero no lo soluciona. Las responsables de estas estancias se muestran francamente preocupadas pues, aunque en años anteriores habían sufrido retrasos similares, siempre existía el compromiso de los servidores públicos de cubrir lo pendiente. *** Ahora la situación es diferente, pues se presenta un cambio de gobierno y temen que las nuevas autoridades no reconozcan lo que se ejerció en la administración anterior y, por lo tanto, también estarían en riesgo los pagos de los meses de noviembre y diciembre. *** Lo que también las tiene en estado de alerta, es que en otras entidades federativas sí se han cubierto puntualmente estos compromisos, lo que hace suponer que el retraso, más que obedecer a medidas restrictivas de la Secretaría de Hacienda, tenga que ver con fallas en las áreas administrativas. *** El recurso está presupuestado y se debe aplicar en los plazos que se previeron. No se trata de un caso más de ineficiencia, sino de la afectación a miles de niños de entre uno y cuatro años de edad. *** Una tarea que deberá resolver en los próximos días la delegada de Sedesol en Veracruz, Anabel Ponce Calderón.
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No presentó listas, ni perfiles. Sólo fue su palabra, la del gobernador. Como si eso fuera suficiente.
Miguel Ángel Yunes Linares insistió el pasado viernes en que tenía “la mejor lista” de propuestas para ocupar los espacios vacantes para magistrados del Poder Judicial del Estado. Esa lista que decidió no enviar al Congreso incluía –según él- a abogados con larga carrera judicial, con impecable hoja de servicios y a un solo académico.
Su dicho, sin embargo, contradice lo que trascendió en la LXIV Legislatura, que concluyó su período el pasado 4 de noviembre. Con una bancada panista que era mayoritaria y que, además, tenía el apoyo del grupo legislativo del PRD, se esperaba que fuera Yunes Linares el que hiciera las propuestas para cubrir las vacantes de magistrados.
No lo hizo.
Le encargó a su coordinador Sergio Hernández que “cabildeara” con los diputados de otras fuerzas políticas para conseguir los votos que se requerían (34) para aprobar sus propuestas. Sergio Hernández no pudo. No le pudo garantizar a su jefe político que tendrían los votos suficientes y, por lo tanto, el gobernador decidió no mandar “al matadero” a sus recomendados.
Y es que desde aquellas negociaciones, la bancada priista recibió el ofrecimiento del PAN de incorporar dos propuestas a la lista, a cambio de sus votos y se llegaron a mencionar nombres como los de Marcelo Montiel, Tomás Carrillo y Silvio Lagos Galindo.
La lista, por lo tanto, también incluía (al menos por el PRI, mientras que por el PAN nunca se sabrá) a personajes que han destacado más por su trayectoria política que por su experiencia en el ámbito judicial o en la academia.
Y aunque suene absurdo, el pasado viernes, al asistir al segundo informe de labores del magistrado-presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, Miguel Yunes Linares salió en defensa de la “autonomía” de los Poderes Legislativo y Judicial y llamó a que “las mayorías irracionales” (por supuesto se refería a Morena y a su sucesor, Cuitláhuac García) a “no politizar” la selección de magistrados.
Y se atrevió a “exigir” que quienes vayan a integrar el Poder Judicial, sean personas egresadas, surgidas del propio Poder Judicial.
“No permitamos la politización de este poder. Yo no lo hice, no propuse magistrados para evitar que la política se impusiera. Hoy es nuestra responsabilidad, la todos los veracruzanos, evitar la politización del Poder Judicial del Estado, que se preserve su autonomía, que se mantenga autónomo como debe de ser, para poder impartir justicia a todos los veracruzanos”.
¿Qué se mantenga autónomo?
Si de algo tienen certeza los veracruzanos es que Edel Álvarez Peña fungió como una marioneta controlada por el gobernador de Veracruz.
Ahí están las órdenes de aprehensión giradas al gusto del mandatario estatal, y los autos de vinculación, y las medidas cautelares de prisión, a pesar de que los delitos no lo ameritaban.
Ahí está, como ejemplo, el creciente número de amparos que ha concedido la justicia federal para proteger a ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos fundamentales.
El 30 de noviembre se va Miguel Ángel Yunes Linares, y atrás de él saldrán el “fiscal-carnal” Jorge Winckler, y el aún Presidente del Poder Judicial Edel Álvarez Peña.
Para los tres están listos gruesos expedientes que se harán valer ante la verdadera justicia.
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Epílogo.
Ya dio curso en el Congreso local a la solicitud del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), para que la actual Legislatura presente una acción de inconstitucionalidad con el fin de anular el Decreto 184 por el que se aprobaron los informes individuales de la Cuenta Pública 2017. Para presentar este recurso se requiere que lo respalden al menos 17 diputados locales, quienes argumentarían que la Comisión de Vigilancia del Congreso local carecía de atribuciones para dar por solventadas las observaciones que hizo el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a varios ayuntamientos. *** Cesar Augusto Morando Turrent, constructor de la torre pediátrica, abandonó el pasado viernes el Penal de Pacho Viejo, tras obtener un amparo federal que obligó a la juez de control (¡sí, adivinó! Alma Aleida Sosa) cambiar sus medidas cautelares de prisión necesaria. El delito de fraude, por el que se le acusa, no está considerado como grave, por lo que la medida cautelar impuesta por la juez (prisión por un año) fue excesiva. Está en trámite otro amparo para el constructor, contra el auto de vinculación a proceso. *** Miguel Ángel Yunes se aferra a su silla de gobernador y no tiene la intención de soltarla, sino hasta las 12 de la noche del 30 de noviembre. Este fin de semana, durante un evento con presidentes municipales de la zona norte, les advirtió que no permitirá que nadie bloquee las vías de comunicación y a quienes lo hagan, ordenará que los desalojen. ¡Le queda tan poco tiempo…!
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