Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia, es el punto número uno de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador para garantizar la seguridad y bienestar de los mexicanos. *** En la presentación del Plan Nacional de Seguridad 2018-2024, el Presidente electo anunció que se eliminará el fuero, se combatirán los paraísos fiscales y se van a monitorear, en tiempo real, las adquisiciones. Las declaraciones fiscales, de patrimonio y de intereses, de los servidores públicos serán obligatorias. *** En el plan se contempla, además, garantizar empleo, educación y salud a través de programas de desarrollo. Garantizar, también, el respeto y la promoción de los derechos humanos. *** López Obrador plantea “regenerar la ética de la sociedad” a través de una “constitución moral”, y “reformular” el combate a las drogas. *** Habla de “emprender la construcción de la paz” con modelos de justicia que garanticen los derechos de las víctimas. Plantea la recuperación del control de las cárceles y un nuevo Plan de Seguridad Pública. *** Propuestas serias, alcanzables que, además, pueden replicarse en los estados donde la delincuencia se ha salido de control… como Veracruz.
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Mayo del 2017. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares denunció que todas las fachadas y algunas estructuras de la Torre Pediátrica del puerto de Veracruz, obra magna de la Secretaria de Salud durante el gobierno de Javier Duarte tendrían que ser “repuestas en su totalidad”, pues fueron realizadas con material de mala calidad, mal planeadas en su composición arquitectónica y “con un riesgo latente para los futuros usuarios de ese nosocomio”.
El mandatario estatal explicó que los daños que causó a ese inmueble sanitario inconcluso el frente frío número 45 (con rachas de viento de 90 kilómetros por hora) evidenciaron la deficiencia en la calidad de la obra.
Yunes Linares informó que desde enero de ese mismo año se presentaron denuncias penales contra exservidores públicos y hasta contra la empresa contratista.
En febrero de este año, el propio Yunes Linares inauguró, totalmente concluido, el inmueble que en los tiempos de Javier Duarte se denominó “Torre Pediátrica”, pero que en la actual administración se rebautizó como Hospital Infantil de Veracruz.
En esa ocasión el gobernador afirmó que era el mejor nosocomio de su tipo en todo México, y que fue construido y equipado con el dinero recuperado de la corrupción de la anterior administración.
Presumió que contaba con instalaciones de primer nivel, equipo de la más alta tecnología y el personal más capacitado.
“Este hospital es producto del cambio; pasarán décadas, quizá siglos, y seguirá al servicio de los niños; es el compromiso de nuestro Gobierno con la salud de los veracruzanos, particularmente de los niños, y en especial de aquellos que no tienen recursos suficientes para una atención de calidad”.
Una vez más, la maldita realidad se encargó de abofetear a Miguel Ángel Yunes Linares.
Este miércoles, como sucedió en mayo del año pasado, los efectos de un frente frío de magnitud inusual provocó que el anuncio luminoso que caracterizaba a una sonrisa en la parte frontal del Hospital Infantil de Veracruz, se desprendiera y quedara colgado, representando un grave riesgo para quienes transitan por esa zona.
El anuncio, parte de la fachada, igual que hace poco más de un año, fue incapaz de soportar las rachas violentas que trajo consigo el frente frío número 10.
Personal de Protección Civil del hospital cerró uno de los carriles de la avenida como medida preventiva ante el riesgo de que la estructura cayera al vacío. Mientras tanto, trabajadores abrieron un boquete a la altura del anuncio para amarrarlo.
Todavía está a tiempo el actual gobernador.
¿Presentará denuncia penal contra los servidores públicos encargados de supervisar que la obra se realizara con los más altos estándares de calidad?
¿Incluirá en su denuncia a la empresa constructora que lo ha hecho quedar en ridículo, al referirse al “mejor hospital de todo México”, que se desbarata ante la primera racha violenta de viento?
Bien dicen que más pronto cae un hablador que un cojo.
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Epílogo.
Es el problema de hacer las cosas al vapor, de apresurarse a “matar la nota” (y de paso al sicario). Apenas el pasado fin de semana, durante la conferencia de prensa que ofrece al término de las reuniones de seguridad, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció que habían sido detenidas cinco personas por su presunta participación en el homicidio de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal, Carmen Medel. *** En la misma conferencia tuvo que rectificar: Esas cinco personas fueron detenidas por otros delitos, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) “sospechaba” que formaban parte de una banda delictiva responsable del asesinato de la joven de 22 años Valeria Cruz. Jesús del Carmen “N”, José Enrique “N”, Guillermo “N” y Luis Ángel “N”, los cuales forman parte de una célula de la delincuencia organizada que opera en la zona. El quinto detenido fue identificado como “El Kaner”, presunto jefe del grupo delictivo. *** Este miércoles los primeros cuatro fueron dejados en libertad, pues se les imputaron “delitos contra la seguridad de tránsito de vehículos”, toda vez que se negaron a acatar una orden de la autoridad para que detuvieran su vehículo. *** Muerto el autor material y liberados los presuntos testigos o cómplices… el crimen perfecto. *** Joaquín Guzmán Avilés, aspirante a la dirigencia estatal del PAN, anunció que presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por el uso de recursos públicos en la campaña de su contrincante, José de Jesús Mancha. El fraude fue de tales dimensiones, dijo, que también se detectó que militantes muertos acudieron a votar el pasado domingo. Las quejas las presentaron también ante la Comisión Nacional Electoral, que será la instancia que definirá qué pasará con el resultado de la elección. *** Un reconocimiento a su impecable trayectoria profesional. La abogada Claudia Díaz Tablada será magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz por un lapso de siete años. Fue designada en el Senado de la República. *** La juez Alma Aleida Sosa sigue sumando tropiezos. En esta ocasión un juez de distrito le concedió el amparo indirecto 342/ 2018 a Carlota Zamudio Parroquín, ex delegada de la Policía Ministerial. Se le hace ver a la juzgadora que –por enésima vez- que la prisión preventiva oficiosa “es ilegal y anticonstitucional”. Desde el 03 de abril del presente año, la ex delegada fue detenida porque, según los fiscales, dos testigos de identidad resguardada afirman que ella les ordenó modificar los términos de su informe y que se sentían amenazados. Uno más de los montajes de Jorge Winckler, que se cae y que se suma a ese grueso expediente que se sigue armando en su contra.
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