Hace un año, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presentaba el nuevo modelo de evaluación de desempeño docente, que reducía de cuatro a tres etapas el proceso y en el que más de mil maestros se “jugaban” su permanencia en aula. La meta de los docentes era resolver un examen estandarizado de conocimientos disciplinarios, con 100 reactivos, para ello tenían un tiempo estimado de cuatro horas.
La postura del INEE era irreductible, maestro que no pasara el examen en su tercera oportunidad, sería irremediablemente cambiado de funciones. Su postura era muy institucional y rigurosa. Se sentían los amos y señores fiscalizadores del Sistema Educativo. Era común ver a los maestros notificados hacer malabares con su tiempo. Entre preparar sus clases y estudiar para el examen, esta situación los estresaba.
Otros más tenían dificultades técnicas para entrar al sistema, otros no encontraban su sede y curiosamente, algunos maestros bien preparados, el sistema los considera como no aptos. Por esa razón, en algunos estados los maestros pedían una revisión de examen. En la mayoría de los casos el INEE ignoraba esas peticiones.
La Ley del Servicio Profesional Docente establece que aquellos maestros evaluados que no obtengan el resultado esperado en tres procesos consecutivos, serán removidos del aula. Hoy esa ley ha sido desgastada por los propios maestros sin la ayuda de los líderes sindicales; han logrado que este tema aparezca en la agenda del próximo presidente de la República como punto prioritario. Hoy el INEE y sus leyes están en el patíbulo, ya han sido sentenciados y sólo están a la espera de su ejecución.
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