Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. La Comisión Permanente de Vigilancia de la anterior legislatura ocultó un faltante de 323 millones de pesos de los mil 100 observados como daño patrimonial por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
Así lo denunció el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez, quien recordó que dicha comisión era presidida por el diputado local Juan Manuel de Unanue Abascal.
«No es posible que el Congreso en un análisis de dos semanas tumbe de un plumazo 323 millones de este presunto daño sin sustento jurídico, aludiendo a que recibieron información, cuando ya no estaban en tiempo».
Por tal motivo, el CPC presentó una denuncia ante la Contraloría Interna del Congreso local por presuntos actos de corrupción cometidos por los diputados que integraban esta comisión.
Y es que, se presume, los legisladores recibieron documentación y solventaron por su parte dicho daño patrimonial.
La comisión también estaba integrada por Rodrigo García Escalante, como secretario, y las exdiputadas Jazmín de los Ángeles Copete Zapot y María del Rosario Guzmán Avilés.
Vázquez Jiménez adelantó que se solicitará una explicación al ORFIS sobre dicha situación e hizo un llamado a la nueva legislatura para que anule el decreto 784, mediante el cual fueron aprobados los informes individuales y el informe general del Ejecutivo de las cuentas públicas, de los entes fiscalizables, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
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