Cuando desde Libertad bajo Palabra señalamos lo que desde nuestro punto de vista era ONEA, “Organización Nacional de Empresarios Anticorrupción”, recibimos una andanada de descalificaciones de una organización que, de acuerdo con su acta constitutiva, tiene como objetivo «difundir, proteger y defender el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión hacia toda la sociedad». Pues esta organización es la que pretende que la nueva Legislatura tenga como primer objetivo hacer juicio político al fiscal Jorge Winckler. No es una novedad, el propuesto secretario de Gobierno ha pregonado a los cuatro vientos que Winckler será llamado a cuentas.
Iván Gidi, representante de ONEA, envía al H. Congreso del Estado de Veracruz un escrito en el que se anota: «Vengo a presentar en nombre y representación de ONEA, ante esa Soberanía escrito de denuncia y solicitud de JUICIO POLÍTICO, contra del C. JORGE WINCKLER ORTIZ,». Cabe mencionar que el documento trae leyes, artículos de la Constitución, puntos importantes por los que un funcionario público debe ser llevado a juicio político.
En uno de esos apartados, por fin, anota la razón por la que piden juicio político para Winckler: «ha incurrido en actos u omisiones que constituyen perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho, al violar sistemáticamente garantías individuales y sociales; e infraccionar en forma intencional la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado». La única prueba visible que muestran es que el Ejecutivo en su momento promovió a su abogado para Fiscal.
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