Los responsables de la madriza a jubilados y periodistas el 23 de diciembre de 2015 ya no están en el gobierno, el principal responsable está, supuestamente, en prisión domiciliaria, aunque lo dejan ir a comprar su mandado a Costco. Muchos de los policías que participaron en la represión ya no están en activo, fueron retirados, pero tres años después la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación al gobierno de Veracruz para que se repare el daño causado por el desalojo de jubilados que sufrieron golpes y descargas con bastones eléctricos.
Todavía más, la Fiscalía General del estado deberá investigar a 12 funcionarios que a estas alturas han de andar por Timbuctú. Por supuesto, las víctimas de estas agresiones hubieran preferido que la justicia fuera más rápida, que se llamara a cuenta a los responsables unas semanas o unos meses después de los hechos sufridos.
No extrañaría que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita el día de mañana una recomendación al Gobierno Federal para que se investigue a Gustavo Díaz Ordaz por la matanza de Tlatelolco.
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