Pedro Lizárraga / Con ese ánimo de duda y molestia, un pequeño grupo de trabajadores, sobre todo de la preparatoria Artículo Tercero Constitucional e investigadores del Instituto de Antropología, invitaron a las primeras reuniones en la Biblioteca Central, donde expusieron el problema que enfrentaban, ahí surgieron más inquietudes y se lanzaron iniciativas para sumar a más compañeros al debate y la organización. La convocatoria de inmediato rebasó las expectativas y se propuso realizar las reuniones en la céntrica Aula Clavijero, en la calle de Juárez, donde funcionaba la facultad de Filosofía y Letras. La incorporación masiva de interesados obligó a buscar espacios más grandes. Los alegatos continuaron en los salones de la CROC en la calle de Zaragoza y más tarde en el auditorio del Sindicato de Salubridad, ubicado en Nicolás Bravo. A estas reuniones terminaron asistiendo empleados de todas las facultades de la Universidad y de muchas escuelas de nivel medio, tanto de Xalapa como del resto de poblaciones donde operaban dependencias universitarias. En las asambleas se hizo el recuento del número de oficios girados a la autoridad solicitando reiteradamente el pago del aguinaldo atrasado y otras demandas. Y obviamente se denunció el desdén oficial.
El gobierno procedió de forma omisa, dejó pasar los días sin responder, creando mayor desasosiego entre los trabajadores. Finalmente, el rector Fernando García Barna dio respuesta a las peticiones. En desplegado del 22 de junio, el rector explica que la Universidad no contaba con los recursos necesarios para atender las demandas de los trabajadores. Alegó no era el momento adecuado para pedir nivelación salarial, pues era conocido de todos, el estado de finanzas desfavorable que enfrentaba la Universidad. Ya en 1964 se había concedido un incremento del 10% sin que mediara petición alguna; se incorporó a la nómina a maestros de escuelas particulares, lo que generó un gasto excesivo. Que se solicitara en aquel momento un incremento salarial debía interpretarse como una agresión a la propia seguridad de los trabajadores. Los demandantes aceptaron el encargo laboral a sabiendas de lo que se les podía ofrecer. Respecto a la solicitud de ser incorporados a un sistema de seguridad social, se harían los estudios correspondientes y se informaría de los resultados. En cuanto al aguinaldo, ya se había solicitado al gobierno una partida extraordinaria, y esperaba cubrirse ese mes de junio. Era obligación de la Universidad pagar los salarios, aunque hubo demoras en algunas escuelas foráneas, se comprometía a corregir la deficiencia de inmediato. En los puntos 5 y 6 de su respuesta, García Barna, explicaba: “En ninguna disposición está contenida la obligación de pagar un aguinaldo; es una erogación extraordinaria que obedece a una costumbre, una buena costumbre con el fin de reconocer y estimular el trabajo de quienes lo reciben y su cuantía debe estar en relación directa a la situación económica de quien lo concede”.
La falta de sensibilidad del rector ante un movimiento que crecía día con día fue una verdadera bofetada. Cientos de maestros y trabajadores empezaban a organizarse, plantear sus sentidas demandas, recurrieron a las formas legales establecidas, aunque la paciencia también tenía un límite. No sintieron justo García Barna respondiera con tal irresponsabilidad. Prácticamente el propio rector dio el banderazo de salida para que los trabajadores de la Universidad, exasperados, aunque conservando durante meses las formas, decidieran tomar acciones más radicales que solo enviar solicitudes comedidas.
El mismo 22 de junio, los trabajadores con una dirección recién nombrada en las asambleas, asumen que no queda otro camino que la movilización. La respuesta del gobierno no sólo era negativa, sino que rayaba en la majadería. El rector les estaba anunciando la suspensión del salario, sin contar la pérdida del muy llevado y traído aguinaldo. Más grave aún era que se amenazaba con diferir la solución al siguiente gobierno, que para ese entonces ni siquiera había sido electo y menos asumido el cargo.
Consideraron era indispensable una organización que agrupara a los trabajadores de la Universidad, maestros, investigadores, administrativos y personal de servicio, de los niveles medio y el superior. Hasta ese momento no se contaba con una representación que agrupara a la totalidad de los trabajadores de la Universidad Veracruzana. Integrantes de grupos sindicales de algunas regiones y de escuelas hicieron a un lado siglas y diferencias, y nombraron por unanimidad una Coalición unificadora de los trabajadores de la Universidad Veracruzana. Con esa fuerza superior se dispusieron exigir al gobierno el cumplimiento de sus justos reclamos. En asamblea celebrada el 24 de junio en el sindicato de la CROC, se elige una dirección colectiva integrada por Eloy Antonio Espíndola, Héctor Castañeda Bringas, Luis Reyes García, Roberto Williams García, Antonio Ocampo Chávez y Carlos Enrique Abreu Esquivel. [1] También, ante la ausencia de respuesta de las autoridades, se aprobó realizar un paro de labores por 24 horas el 27 de junio; y en caso de seguir la cerrazón gubernamental, los trabajadores se irían al paro indefinido a partir del 1º. de julio.
La naciente Coalición elaboró un Pliego de Peticiones con las demandas más sentidas, que hicieron llegar a las autoridades universitarias y al gobierno. Se solicitó:
- Pago de aguinaldo, correspondiente a 1967
- Nivelación salarial
- Incorporación al IMSS
- Reconocimiento oficial de la Coalición de Maestros y Trabajadores de la UV
- Libertad de asociación. [2]
Los maestros de la región de Córdoba y Orizaba adscritos a la Asociación de Trabajadores al Servicio de la Universidad, informaron el 27 de junio de la realización de un paro de 24 horas como protesta ante la nula respuesta a su Pliego Petitorio por parte del gobierno estatal. En ese documento solicitaban:
- Nivelación de sueldos con respecto a los maestros del sistema federal. No concebían un profesor federal ganara por hora $ 104.00, equivalente a $ 3155.00 al mes, contra $ 48.80 por hora de un profesor de la Universidad, $ 1561.00 al mes, correspondiente al tiempo completo. Era del todo injusto.
- No se retrasara el pago, como venía sucediendo.
- Liquidación inmediata del aguinaldo del año anterior, y regularización del pago de exámenes a título de suficiencia.
- Elaboración de proyecto escalafonario que evitara un joven recién incorporado tuviera un salario superior a los maestros con antigüedad.
- Incorporación a un sistema de salud, como el ISSSTE o el Seguro Social.
En su escrito alegaron que las demandas ya habían sido expuestas con anterioridad al rector, sin recibir siquiera contestación. Con la movilización en otras ciudades, ellos continuarían con sus acciones hasta lograr una solución.
Trabajadores universitarios de las escuelas de Periodismo, Ingeniería, Veterinaria, Odontología, Medicina, Enfermería, Obstetricia, el Ilustre Instituto Veracruzano y la Escuela Industrial para Señoritas del puerto de Veracruz, se expresaron mediante un desplegado en la prensa el 27 de junio. Se preguntaban cuál era la razón de su paro de labores. Y contestaban:
Porque desde el año pasado su salario era pagado con retraso.
A diferencia de los demás trabajadores dependientes del gobierno, sólo a los de la Universidad se les había negado el aguinaldo.
Contrario a lo señalado por las leyes laborales, en la Universidad no se contaba con servicio médico ni tiendas de consumo.
El salario de los universitarios era notoriamente inferior a otras instituciones. Un profesor de tiempo completo en la UV ganaba $ 3960.00. En cambio, su similar de la UNAM recibía $ 8800.00; Los salarios en Durango y Querétaro superaban los $ 6000.00. Y peor estaban los trabajadores de servicio, que ni siquiera obtenían el mínimo obligado por ley. En 1962 a la Universidad se le destinaba el 13% del total del presupuesto del estado, y en 1968 ese porcentaje se había reducido al 7.5%. Reclamaban se hubieran dado incrementos sustanciales a dependencias como Seguridad Pública. Exigían el gobernador diera una respuesta inmediata a sus demandas.
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