Ahora, casualmente con la victoria de AMLO, muchos promotores de la Reforma Educativa se están echando para atrás. A nadie se le olvide que nadie es dueño absoluto del derecho al trabajo, es más, hasta el propio Estado debe ser respetuoso de la Ley General del trabajo.
Muchos maestros detectaron desde el principio de su aplicación que La Ley de Servicio Profesional Docente era despiadada, se dieron cuenta que era una guadaña bien afilada. Ésta señalaba que cuando se identificara la insuficiencia en el nivel de desempeño en la función respectiva, los docentes se incorporarían a los programas de regularización y se sujetarían a una segunda oportunidad en un plazo no mayor de 12 meses.
La misma ley machacaba que, de persistir la insuficiencia, se repetiría el esquema anterior para una tercera oportunidad y de no alcanzar los resultados suficientes en esta evaluación, se daría por terminados los efectos de su nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa, según el artículo 53 de la dichosa ley. Y muchos se atrevían a decir que no era punitiva, qué equivocados estaban.