Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz, nació con mal fario. *** En un principio sus integrantes tuvieron que soportar el desdén de la opinión pública, ante la sospecha de que fueran “imposiciones del gobernador”. *** Ahora, sufren porque carecen de presupuesto para funcionar. *** La razón de que les hayan cerrado la llave, es que este organismo ciudadano se ha expresado en contra de cada una de las imposiciones de Miguel Ángel Yunes Linares. *** Primero cuestionaron la legalidad de la designación del fiscal anticorrupción, y ahora su Presidente, Sergio Vásquez, puso en duda la viabilidad del llamado “Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del proceso entrega recepción de las dependencias y entidades de la administración pública 2016-2018”. *** Este decreto contempla la creación de un Comité Ciudadano como garante de supervisar la transición del poder ejecutivo estatal. Sin embargo, este comité estará coordinado por la Contraloría General del Estado y será invitado por el gobernador. *** Y no sólo eso: Los integrantes de este comité ciudadano tendrán la obligación de guardar estricta reserva y confidencialidad. “Es aquí donde encontramos la primera contradicción. Si bien les dan la responsabilidad de ser garantes de un proceso entrega-recepción, encuentran una primera barrera y una primera prohibición que es la de dar información, porque tienen que tener una estricta secrecía”. *** ¿Qué esconden?
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Edel Álvarez Peña sabe que sus argumentos son rebatibles hasta un estudiante de primer semestre de la facultad de derecho. Le apuesta, sin embargo, al “descontón”, a la sentencia de que “golpe dado, ni Dios lo quita”.
Se dio a la tarea de convertir a jueces en magistrados “interinos” (figura que no contempla la Ley), aduciendo que se respalda en “lo que establece la fracción XIII del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
A la letra, ese apartado señala:
“El presidente del Tribunal Superior de Justicia tendrá las atribuciones siguientes (…) XIII. Disponer, en casos urgentes, lo necesario para la correcta impartición de justicia, e informar de las medidas adoptadas en la sesión siguiente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatura, según corresponda, para los efectos procedentes”.
Y Edel Álvarez Peña lo explica así:
“Hay preceptos constitucionales que nos obligan a tomar las medidas idóneas para que no se vulnere el artículo 17 constitucional, que nos obliga a brindar una justicia pronta, completa, expedita e imparcial; las salas pueden seguir funcionando pero de lo que se trata es de enfrentar un problema con las medidas idóneas para que funcionen no sólo sacando el trabajo, sino que salga de la mejor manera”.
El caso es que si la ausencia de magistrados propuestos por el gobernador y elegidos por las dos terceras partes del Congreso local vulnera el artículo 17 de la Constitución federal (“toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”), entonces el gobernador en funciones incurrió en incumplimiento de un deber legal, pues desde el mes de febrero del presente año, hace más de seis meses, al menos 12 magistrados dejaron de prestar sus servicios.
Y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia tiene parte de esa culpa, pues debió enviar exhortos al Jefe del Ejecutivo (desde aquel entonces, no después de conocer los resultados de las elecciones).
No lo hizo porque daba por hecho que el actual gobernador habría de heredar su cargo al mayor de sus hijos, y prefirió “negociar” con Miguel chico la designación de los magistrados.
¿Por qué, si el argumento era la “urgencia” de brindar el servicio en procedimientos donde los términos son fatídicos, la designación de jueces “interinos” se ha dado de forma preferente en las Salas de Materia Civil, cuando de cualquier abogado es conocido que la mayor presión se registra en las Salas de materia Penal, ya que se tiene que juzgar a los imputados bajo el nuevo sistema, que pone como límite un año?
Extrañamante sólo designó “magistrado interino” en una sala en materia penal, y fue a Mario Berlín Mendoza, (su director de Asuntos Jurídicos, exhibido por haber facturado al Poder Judicial servicios de alimentos y hospedaje por parte de sus empresas, lo que encuadra en el delito de tráfico de influencias).
Ni para esta, ni para las otras salas de lo Penal que están acéfalas, tomó en cuenta a los Jueces de Control, que son los que realmente conocen el nuevo sistema.
Los asesores de Edel (no él, pues no es lo que se puede llamar “un erudito” en la materia) aseguran que ya hay precedentes en la Suprema Corte que le dan la razón. No todos los casos son iguales y aquí lo primero que quedaría en evidencia es que el gobernador optó por no presentar sus propuestas de magistrados, sabedor de que no serían aprobadas, que desde el mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia ha utilizado las herramientas que le brinda su propia Ley Orgánica (la habilitación de secretarios de acuerdos y proyectistas) y que no existe justificación válida para violentar la voluntad de los legisladores, mediante una argucia legaloide.
Todo se está acumulando.
El expediente de Edel Álvarez Peña está ya del tamaño del de Jorge Winckler.
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Epílogo:
¿Quieren otra “perla” del magistrado presidente? Alejandro Rodríguez Mejía fue designado este lunes como juez del juzgado segundo de Xalapa. Aunque no está impedido legalmente, resulta que esta persona obtuvo su cédula profesional (10503714 ) apenas el año pasado. ¿Su mérito? Es secretario particular de Esmeralda Ixtla Domínguez, secretaria del Consejo de la Judicatura. Al principio para no “levantar olas” lo intentaron enviar a Huayacocotla, pero el joven no quiso, porque estaba “muy lejos”. Ya le encontraron sitio en casa. *** Ante la falta de un discurso propio, el actual secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, prefiere refritear el de su jefe. Presume que en la actual administración “no hay una sola denuncia interpuesta en contra de algún funcionario por corrupción o desvío de recursos, como sucedió en la de Javier Duarte”. Pasa por alto este eficiente y pulcro servidor público, que hasta su segundo año de gestión, tampoco el gobierno de Duarte tenía denuncias. Lo que Rogelio Franco debe hacer es cerrar la boca y esperar a que la Auditoría Superior de la Federación (no el Orfis, que trabaja para el jefe en turno) dé a conocer toda la suciedad que ha generado este gobierno.
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