Aurelio Contreras Moreno / Concluido el periodo de la LXIII Legislatura federal, terminó también el fuero constitucional bajo el que se cobijaron por lo menos cinco ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa implicados en el desvío de recursos públicos del estado de Veracruz.
Se trata del ex secretario de Desarrollo Social y ex coordinador de Comunicación Social Alberto Silva Ramos; del ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación Tarek Abdalá Saad; del ex oficial mayor de la Secretaría de Educación y ex subsecretario de Finanzas, Edgar Spinoso Carrera; del ex secretario de Educación Adolfo Mota Hernández; y de la ex secretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes.
Todos están involucrados y señalados en las investigaciones por lavado de dinero a través de empresas fantasma durante el sexenio de Duarte de Ochoa, además de que varios de ellos enfrentan añejas denuncias de la Auditoría Superior de la Federación por el delito de peculado.
El expediente más grande es el de Tarek Abdalá, amigo personal de la ex presidente del DIF estatal Karime Macías Tubilla, a quien se le imputa el desvío de más de 23 mil millones de pesos, fondos provenientes en su mayoría de las partidas presupuestales federales destinadas a la salud.
Alberto Silva, a quien Javier Duarte buscó fallidamente imponer como su sucesor en la gubernatura, enfrenta acusaciones por desviar recursos a través de empresas fantasma, tanto en Desarrollo Social como en Comunicación Social, por más de cinco mil millones de pesos. Amén de las millonarias irregularidades en la asignación de contratos a medios de comunicación durante las dos ocasiones que estuvo al frente de la vocería duartista.
Edgar Spinoso es lo que se llama en el argot político un verdadero “pez gordo”. La Auditoría Superior de la Federación le detectó desvíos a su paso por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación por más de dos mil millones de pesos, así como la asignación de contratos gubernamentales a empresas ligadas a él o a su familia y a compañías fantasma, inexistentes, modus operandi favorito del duartismo.
Adolfo Mota fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación por simular el ingreso de fondos federales para el ramo de la educación que luego fueron a parar al mecanismo conocido como la “licuadora”, en el que se depositaban a otras cuentas en donde se perdía el rastro de la etiqueta con la que dichos recursos eran transferidos.
Noemí Guzmán, por su parte, fue denunciada por el desvío de 940 millones de pesos, que fueron pagados, para variar, a empresas fantasma. Todos ellos dejaron de ser diputados federales la semana pasada, y por tanto ya no cuentan con el fuero constitucional que los protegía de ser llamados a cuentas por la vía judicial.
Sin embargo, de los cinco, los únicos que fueron perseguidos por la Fiscalía General del Estado son Abdalá y Silva, proceso que se quedó en suspenso al evitar la bancada del PRI en la LXIII Legislatura federal su desafuero. Sobre los otros tres no hay, que se sepa, ninguna denuncia en el ámbito estatal. Ni hablar de la esfera federal: ninguno fue requerido nunca por la PGR.
Por el contrario, Spinoso “colaboró” con el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, “devolviendo” un helicóptero -de los varios que tiene- a la administración estatal. O lo que es lo mismo y significó una constante del bienio yunista: compró su impunidad.
Y tampoco se ve gran intención de la Fiscalía yunista por actuar en contra de Tarek y Silva, a pesar de que al frustrarse el desafuero en 2017, el propio Yunes Linares soltó, a manera de amenaza, que “a ambos políticos se les termina su fuero el próximo 30 de agosto y ya no podrán evadir la justicia”.
El fuero se acabó. Pero los duartistas no se ven preocupados. Incluso, algunos hasta se pavonean como nuevos adeptos de la “cuarta transformación”.
Al final, todo queda reducido a un circo, en cuya última función los payasos se burlaron a trompetillas del público.
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