La Ley de Servicio Profesional Docente, desde su concepción, nació muerta; una ley pretenciosa que atentaba contra la estabilidad laboral. Su espíritu chingativo contra el docente se hacía presente desde la propia notificación. A sus creadores se les olvido que aprendieron a leer y escribir gracias a un maestro y que, si querían evaluarlo, primero era necesario capacitarlo y actualizarlo con las últimas tecnologías de la ciberpedagogía.
El Gobierno Federal debió haber entendido que no se puede atentar contra una de las profesiones más nobles, la de los verdaderos maestros, aquellos que trabajan en condiciones infrahumanas y con salarios miserables. Es cierto que el Gobierno Federal debía recuperar la rectoría de la educación pública, pero no tenía el derecho de atentar contra los derechos laborales del magisterio. Lo peor de todo, el SNTE, quien debió oponerse a esta ley, se convirtió en capacitador de maestros y coadyuvó y promocionó dicha ley.
Nadie niega que se debía combatir la venta de plazas y los malos usos del dinero de los maestros por parte de los líderes sindicales. Sin embargo, no había razón para tocar al gremio magisterial. Hoy, los días de esta ley están contados, hoy expira. Sus últimos evaluados presentarán el examen como mero trámite, su fuerza letal punitiva se ha extinguido, con la promesa del nuevo presidente electo, de que esta ley, junto con la Reforma Educativa, será enviada al bote de la basura.
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