Francisco Berlín Valenzuela* / Analizando el proceso electoral que se está llevando a cabo en nuestro país, con la finalidad de elegir al próximo presidente de la república, diputados y senadores al Congreso de la unión, así como gobernadores, alcaldes y diputados de varias entidades federativas, es oportuno reflexionar sobre el significado y la dimensión que tienen tan importantes eventos comiciales, con el propósito de que los ciudadanos tengan una información adecuada.
Para la mayoría de los electores, el participar en estos comicios el primero de julio, significa cumplir con los derechos que como ciudadanos tienen de votar a los gobernantes que de acuerdo con la ley deben ser electos por el pueblo. Así, el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que son prerrogativas del ciudadano: “I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”.
Para la doctrina del Derecho Electoral, la importancia del sufragio se explica en razón de que es un elemento esencial para la integración de los gobiernos representativos. Es, por lo tanto, una forma de designación de los gobernantes por el pueblo, constituyendo la variable electoral de una democracia, la cual en una concepción integral se compone también de otras variables como son: las económicas, políticas, jurídicas, sociales y culturales, entre otras, que en su conjunto nos llevan a conceptualizar cuando estamos en presencia de una nación verdaderamente democrática. Así lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 3º, al mencionar que el criterio que orienta a la educación: “a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Las anteriores reflexiones son esenciales para comprender, que por el solo hecho de que una nación realice elecciones periódicas, cada tres o seis años, esto de ninguna manera significa que tiene una democracia plena, pues para ello sería necesario observar que las otras variables mencionadas, formen parte también de su estilo de vida y comportamiento cotidiano.
A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que la complejidad de una variable electoral deriva del cumplimiento de diversos factores como son: que los miembros de un partido decidan con su libre participación, quiénes deben ser sus candidatos para competir en una contienda electoral y no se los impongan desde las altas esferas del poder; que los electores en general no se sientan coaccionados ni presionados por la intensa campaña que realizan los partidos con el enorme presupuesto oficial que se les asigna, tratando de convencerlos de que sus candidatos son los mejores para ocupar los cargos públicos por los que compiten, haciendo caso omiso del sentir popular, que comprende que la mayor parte de las veces, ellos son apoyados por importantes funcionarios gubernamentales, dentro de una red de complicidades entrelazadas, con el propósito de seguir conservando el poder y asegurar la continuidad de intereses y políticas públicas de dudosa integridad ética.
A lo anterior, habría que agregar la enorme desconfianza que los electores tienen sobre la limpieza de los procesos electorales y el poco respeto a su voluntad ciudadana expresada en las urnas, pues en el imaginario colectivo existen múltiples experiencias de prácticas electorales censurables, influenciadas con los recursos públicos, que son utilizados para apoyar a candidatos afines a los partidos que ejercen el poder político en el gobierno federal o en las entidades federativas.
Observan con disgusto los electores, vicios y prácticas que no han podido ser desterradas del todo, muchas de las cuales forman parte de la “picaresca electoral” de nuestro sistema político, estando presentes nuevamente algunas de ellas en las actuales elecciones, al seguirse realizando el reparto de despensas a los votantes, compra de sufragios por diversos medios, empleo de programas gubernamentales para beneficiar a posibles partidarios, así como la existencia de comportamientos que constituyen el llamado por el pueblo “ratón loco”; “embarazamiento” de urnas; nombramiento de funcionarios electorales “a modo”, seleccionados de una lista de simpatizantes del partido oficial; utilización de calígrafos especializados en alteración de actas; instalación de casillas especiales para recoger la votación de personas en tránsito, en las que se forman en los primeros sitios numerosos votantes afines a un partido para agotar tempranamente el número de boletas autorizadas; manipuleo de las credenciales electorales por los partidos, al adquirir copias de ellas previo pago a sus poseedores, con el propósito de utilizarlas para sufragar en favor de sus candidatos.
Aun recordamos que en no muy lejanas épocas existieron las llamadas “casillas zapatos”, en las que todos los votos emitidos al 100%, eran para un solo partido político, sin que ninguno de los electores registrados en el padrón, dejara de emitir su sufragio ese día.
Independientemente de estas anomalías electorales, algunas por fortuna ya superadas, todavía existe el llamado “voto verde”, por medio del cual se asegura la votación colectiva de los hombres del campo, de las poblaciones rurales, a través de caciques y personajes influyentes, que los comprometen a cambio de favores económicos o de obras para sus comunidades, con lo cual se obtiene una alta votación para los partidos y candidatos que ofrecen tales beneficios.
Lo más lamentable de todo lo anterior, es que la ciudadanía conoce muy bien estos vicios e irregularidades electorales reseñadas, los cuales consiente muchas veces, por las apremiantes condiciones económicas en las que se encuentra y las presiones ejercidas para que lo permitan. También, es censurable que los organismos electorales rectores del proceso, que conocen de estas violaciones, como es el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, así como los correspondientes en las entidades federativas, permanezcan indiferentes a su existencia y hagan caso omiso de la obligación que tienen de aplicar las sanciones correspondientes y aplicar la ley a quienes llevan a cabo tales conductas, mermando el prestigio institucional que habían logrado alcanzar.
Los electores veracruzanos y los mexicanos en general, deben saber que para la moderna doctrina del Derecho Electoral, el sufragio tiene una connotación más amplia, razón por la cual el maestro argentino Carlos Fayt, lo considera como “un derecho político que tienen los miembros del pueblo del Estado de participar en el poder como electores y elegidos, es decir, el derecho a formar parte del cuerpo electoral y, a través de éste, en la organización del Poder”, explicando con claridad las funciones inmanentes: que son electorales y participativas, a las que agrega las funciones trascendentes como son, las de: legitimación de los gobiernos e integración de los órganos del Estado.
Mediante las funciones electorales del sufragio, se llevan a cabo, entre otras, la designación de candidatos, se establecen las calidades de electores y elegibles, se norman las etapas del proceso comicial, así como la creación de las instituciones y organismos que lo operan. Es importante, explicar que los ciudadanos al concurrir a las urnas para emitir su voto, cumplen esta función al elegir a sus gobernantes, la cual es muy limitada, pues una vez que lo hacen, no tienen ninguna forma de seguir interviniendo en el trabajo político que los elegidos realizarán, por lo que deben esperar a las próximas elecciones para volver a participar y ser tomados en cuenta, , constituyendo lo que la doctrina denomina “elección-dimisión”, en virtud, de que los ciudadanos al emitir su voto, renuncian a seguir participando en el control de las acciones de los funcionarios elegidos. Estas ideas, llevadas al extremo, nos dicen los autores españoles Cotteret y Emeri, condujeron al revolucionario ruso Lenin, a decir que: “las elecciones sólo son el medio que permite a los oprimidos elegir, cada cuatro años, a sus opresores”.
Para contrarrestar y complementar lo anterior, algunos teóricos de los sistemas electorales, proponen la introducción de las funciones participativas, que se realizan a través del sufragio, en las llamadas formas de democracia semidirecta como son el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato, y que constituyen una forma concreta del ejercicio del poder en el Estado, por parte de los miembros del cuerpo electoral, en la que el elector sigue interviniendo individualmente, durante el periodo del mandato de los gobernantes, quienes deseando compartir las responsabilidades públicas, buscan el apoyo del pueblo, convocándolo para que manifiesten en un “si” o en un “no” su voluntad política o administrativa.
Estas formas de democracia semidirecta que son comunes en numerosas naciones, otorgan al electorado las posibilidades de una mayor participación política, que va más allá de elegir a los gobernantes, pudiendo participar en la toma de decisiones llevadas a cabo por ellos, convirtiéndose en coparticipes del poder, como resultado de una convocatoria para intervenir en una consulta popular y expresar sus opiniones sobre los asuntos públicos cuestionados. Sería deseable que en México, donde ya existen estas formas de democracia semidirecta, tanto a nivel federal como local, se utilizarán más frecuentemente, para superar los estrechos límites de su intervención solo en los periodos de elección de sus autoridades, para lo cual habría que legislar al respecto.
A trece días de que se celebren los comicios que señalamos al principio de este análisis, nos queda la convicción de que tenemos un sistema electoral muy complejo y complicado, carente por lo mismo de la claridad y sencillez, que debían ser su principal virtud, pues hemos visto que las constantes reformas que se le han venido haciendo en las últimas cuatro décadas, motivadas por la desconfianza, suspicacia e intereses partidistas, han conducido a una legislación cada vez más confusa y de difícil comprensión para todos los involucrados.
Es de desearse que dentro de las múltiples lecciones que nos deje este accidentado proceso electoral, en el que lamentablemente más de un centenar de candidatos y políticos han sido privados de su existencia y otros muchos ciudadanos han sufrido la embestida de una violencia desenfrenada que parece imparable, se proceda a revisar el contenido de la legislación electoral para corregir todas las anomalías que se han presentado y se pueda construir un verdadero derecho electoral que nos lleve a mejorar la calidad de la democracia mexicana que aún se encuentra inacabada.
Comentarios