Si algo lastima y lesiona profundamente a los mexicanos y su democracia, es la ofensiva impunidad con la que se conducen los funcionarios corruptos de este gobierno. La complicidad de los encargados de administrar justicia es un ácido que corroe el sentir democrático de los mexicanos. Ha sorprendido la renuncia obligada de Muna Dora Buchahin, titular de la Dirección General de Auditoría Forense responsable de las investigaciones que documentaron los desvíos de Sedesol y Sedatu durante las administraciones de Rosario Robles; ésta fue solicitada por el Auditor Superior de la Federación (ASF), David Colmenares.
Esta eficiente funcionaria estuvo al frente de las auditorías a través de las cuales se descubrió el desvío de siete mil 700 millones de pesos. Se recordará que el fraude fue cometido, mediante un esquema de simulación en el que se contrató, primero a universidades públicas, y después a otras entidades paraestatales para evitar los procesos de licitación y tratar de eludir la fiscalización de los recursos.
La misma funcionaria despedida emitió una carta el pasado 30 de mayo en la que explica que la solicitud de renuncia se formuló sin ninguna explicación: «El pasado miércoles 23 de mayo, el C.P.C. Gerardo Lozano Dubernard, Auditor Especial de Cumplimiento Financiero (AECF) me informó que, por instrucciones suyas (de Colmenares), debía separarme del cargo de directora general de Auditoría Forense de la ASF a más tardar el 31 de mayo. Tanto la forma y las condiciones de la solicitud, como el fondo del asunto, me parecen tan sorpresivas como improcedentes».
No cabe duda que México es el país de al revés, se premia a los funcionarios corruptos como Rosario Robles y Emilio Lozoya, y se castiga a los funcionarios honestos y eficientes, como Muna Dora Buchahin.
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