De acuerdo con el fiscal del estado, el día de hoy se ha logrado determinar que recursos del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Veracruz), se utilizaron para suscribir y pagar contratos de compra-venta con por lo menos seis empresas fantasma para la supuesta adquisición de equipo médico, productos vitamínicos, sistemas de purificación de agua, sistemas de captación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrodomésticos, paquetes escolares y otros, sin que exista datos o evidencia alguno de que éstos se hallan entregado a la población vulnerable, sólo se justifica el pago entregado a estas empresas.
Según calcula el fiscal Jorge Winckler, hasta el día de hoy existe un presunto daño patrimonial al DIF-Estatal y al Gobierno del estado de Veracruz por un monto de mayor a los 112 millones de pesos, aunque precisó que no es el total del daño causado, ya que la investigación continúa abierta y que se podrá precisar en la etapa procesal correspondiente.