Ciudad de México. La noche del pasado 14 de mayo del año en curso, se hicieron efectivas dos órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), en contra del ex Gobernador del Estado, Javier “N”, por la probable autoría de los delitos del fuero común, de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
Los mandamientos judiciales fueron obtenidos por la fiscalía veracruzana en 2017, al presentar indicios de prueba suficientes que permitieron la emisión de las órdenes de aprehensión que fueron cumplidas con estricto apego al debido proceso, por lo que el ex Gobernador fue notificado por el Juez de su situación jurídica, en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde se encuentra internado, al enfrentar procesos penales de orden federal, por la probable autoría de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Estas ejecuciones judicial derivan de las autorizaciones emanadas del Proceso de Extradición, en el cual se autorizó al Gobierno de Veracruz poder ejecutar las órdenes de aprehensión libradas en su contra por jueces de esta entidad, una vez extraditado a nuestro país Javier “N”, por lo que mediante un Oficio de Colaboración, agentes ministeriales veracruzanos las hicieron efectivas, en coordinación con autoridades de la Ciudad de México.
En seguimiento al Proceso Penal 38/2017, instruido por los delitos de incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias y del Proceso Penal 56/2017, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, el Juez de Control establecerá la fecha próxima en la que se llevará a cabo la audiencia inicial, en la cual la autoridad ministerial formulará la solicitud de legalización de la detención, imputación e implementación de medidas cautelares.
A Javier “N” se le imputan los hechos ocurridos el pasado 14 de octubre de 2016, cuando ocupó una aeronave propiedad del Gobierno del estado, para realizar un asunto particular, cuando ya no se encontraba en funciones como Gobernador del Estado, cuya licencia al cargo fue emitida en fecha 12 del citado mes y anualidad; asimismo, que en su momento no cumplió con la obligación de efectuar la entrega oficial de bienes que se encontraban bajo su responsabilidad, a su sucesor, toda vez que no existe archivo de ello.
A su vez, se le imputa la probable comisión de emitir una orden de transferencia de 220 millones de pesos que serían destinados a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), los cuales instruyó que se transfirieran a una cuenta de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), sin importar que eran recursos debidamente etiquetados para fines específicos distintos, hechos ocurridos en el año 2014.
En cumplimiento de una orden federal, la representación del fuero común será realizada en audiencia inicial por parte de fiscales adscritos a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
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