Tramitan amparos contra puente en Las Ánimas

Dos amparos tramitaron los vecinos de Las Ánimas para frenar la construcción del puente Nezahualcóyotl, mismo que comunicaría a dicha zona con el nuevo fraccionamiento La Finca FOTO: JUAN DAVID CASTILLA
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Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. Dos amparos tramitaron los vecinos de Las Ánimas para frenar la construcción del puente Nezahualcóyotl, mismo que comunicaría a dicha zona con el nuevo fraccionamiento La Finca.

Así lo confirmó Mario Adalberto Tejeda Palma, presidente de la Asociación de Colonos de Las Ánimas, quien añadió que entregó el documento el pasado 25 de abril.

«Estamos oponiéndonos a la construcción y a la afectación tan grande que hicieron a la zona federal y al área verde de aquí, son dos los fraccionamientos afectados: Cañada de Las Ánimas y Reserva de Las Ánimas».

Uno de estos recursos fue tramitado en el Decimoquinto Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con número de expediente 300/2018.

Se exige al juez Jorge Holder se deje sin efecto el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Zona Sur Oriente del Municipio de Xalapa.

«Únicamente en la parte que prevé la construcción de un puente en el cruce de la avenida Paseo Nezahualcóyotl y avenida Prolongación Paseo Nezahualcóyotl», se lee en el documento.

En el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Mixta de Xalapa se inició una demanda de amparo, tipo administrativa, promovida por 53 personas.

En el oficio con número de registro 001738/2018 se solicita al Gobierno del Estado que presente los permisos y la autorización para la construcción del puente Nezahualcóyotl.

Los amparos fueron tramitados el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Los ciudadanos recurrieron al amparo por la falta de información sobre los permisos que posee la desarrolladora Los Riegos para construir un puente sobre el río Azul y un área natural protegida.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el juicio de amparo permite a todas las personas dentro del territorio nacional defenderse, de manera pacífica, de los actos de la autoridad pública que violan sus derechos humanos.

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