Claudia Guerrero Martínez / Justicia, es lo que piden una y otra vez, miles de familiares de desaparecidos, quienes cargan un viacrucis por la búsqueda de sus seres queridos, pero además, sufren de la omisión de exfuncionarios y hasta quizá, algunos actuales servidores públicos federales y estatales, para conocer el estado que guardan las investigaciones.
Un caso lamentable, como muchos otros, es el ocurrido en la Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata. Sobre esta vergonzosa investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, bajo la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, lograron la vinculación a proceso del imputado Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales, quien fue capturado el 3 de abril del presente, al ordenar la desaparición de cadáveres, quienes fueron víctimas de las Fuerzas Especiales pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública, durante el Gobierno del también hoy preso, Javier Duarte de Ochoa.
En la misma detención e imputación, se logró la captura de Carlota Zamudio Parroquín, exdelegada regional de la Policía Ministerial en Veracruz, con sede en la zona Centro, Xalapa. Tanto Gilberto, como Carlota, se les acusa del delito de desaparición forzada. Recordemos que ambos exfuncionarios estatales fueron nombrados y acataban órdenes del exfiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien las evidencias lo involucran en este caso y su situación jurídica puede cambiar en cualquier momento…
El caso, con muchas aristas, es por su probable intervención, al ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos en el predio La Aurora, donde arrojaban los cadáveres, quienes habían sufrido desaparición forzada…
Y dicta el informe oficial de la FGE: “La Jueza de Control fijó un plazo de seis meses de Investigación complementaria, ratificando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un lapso de un año… Según los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía, al momento de solicitar la vinculación a proceso, el día 19 de enero de 2016, en aquél lugar, fueron localizados restos de al menos 19 personas, sin embargo, presuntamente por instrucciones de GILBERTO “N” y de CARLOTA “N, el personal bajo su mando únicamente reportó el hallazgo de 6 cuerpos. De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado. Dicho cuerpo, al momento de haber sido simulado su hallazgo en la localidad de Santa Ana, ya había sido identificado positivamente como quien en vida llevara el nombre de DAVID LARA CRUZ, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, quien despareció el día 12 de enero del 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa Dependencia”…
Este, como muchos otros casos, provocan náuseas, por la frialdad con que secuestran y desaparecen, de manera forzada a padres, mamás, hermanos, tíos, primos o hermanos, quienes son parientes de muchas familias y las víctimas no comprenden tanta crudeza para matar y sepultar los cuerpos, sin un ápice de piedad, pero mucho menos, observar a servidores públicos cooperando para el ocultamiento de pruebas y hasta desaparecer cuerpos. Difícil de pensar, la existencia de exfuncionarios acatando órdenes, sin un mínimo de ética.
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