Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Elementos de la Policía Ministerial ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de exservidores públicos de la Fiscalía General del Estado. *** Este martes fueron presentados el ex Director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza y la ex Delegada de la Policía Ministerial, Carlota Zamudio Parroquín, “por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas, por hechos que tuvieron lugar en enero de 2016”. *** El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares conoce muy bien a Gilberto Aguirre Garza. Ya desde la administración de Patricio Chirinos, cuando él fungía como secretario de Gobierno y coordinador del gabinete de Seguridad, Aguirre Garza estaba a cargo del área de Servicios Periciales. *** La experiencia y capacidad de este servidor público fueron puestas a prueba en múltiples ocasiones y siempre recibió el reconocimiento de sus superiores. *** Como lo ha hecho desde su llegada, el “fiscal-carnal” Jorge Winckler se encargó de “filtrar” (así como alguien lo hizo en el operativo del penal de Amatlán) datos sobre la carpeta de investigación que se abrió en contra de estos ex funcionarios. *** Se explica que en enero de 2016 fueron hallados “al menos 19 cadáveres” en la Barranca de la Aurora, frente a la academia de policía de El Lencero. La Fiscalía asegura que Aguirre Garza y Carlota Zamudio dieron la orden de que sólo se reportara el hallazgo de seis cuerpos. *** Según la Fiscalía, ese sitio era utilizado por los cuerpos especiales de seguridad pública para “desaparecer” los cadáveres de quienes no aguantaban sus interrogatorios.
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron los trágicos hechos ocurridos en el penal La Toma, de Amatlán de los Reyes y demandaron “una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que permita el juzgamiento y sanción de los responsables”.
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha presumido, desde su llegada al cargo, que una de sus prioridades es el irrestricto respeto al marco de derecho y mal haría si ignora la recomendación de estos organismos internacionales.
Este martes el abogado Fidel Ordóñez advirtió que la masacre en La Toma se pudo haber evitado “si los responsables se hubieran apegado a los protocolos”.
Las conferencias nacionales conjuntas de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, con el apoyo de expertos en la materia definieron los criterios de operación que deben regir en los traslados de reos.
El llamado Protocolo Nacional de Actuación para el Traslado de Reos establece que para llevar a cabo la planeación del traslado, el PRT (Personal Responsable del Traslado) deberá considerar los siguientes factores: el posible riesgo en el traslado de las personas, motivo y lugar del traslado, número de personas a trasladar, número de policías necesarios para el traslado, número de RCI (Responsable de la Custodia del Imputado) asignados, los cuales serán determinados dependiendo el posible riesgo que represente el traslado; número de policías del sexo femenino, en el caso de que las personas a trasladar, sean mujeres; número de PESPT (Personal Especializado para el Traslado); distancia del punto de origen al punto de destino del traslado; rutas y horario de traslado, número y tipo de transporte, posiciones de los vehículos del convoy, riesgo de la zona geográfica, para determinar la ruta más segura, condiciones meteorológicas en el horario del traslado, coordinación con otras autoridades, armamento y equipo táctico requerido para el traslado, equipos de radio comunicación requeridos para el traslado, y equipo de Protección Personal.
Y algo fundamental que establece dicho protocolo: “La información establecida en la planeación del traslado, solo podrá ser conocida por el PET (Personal Encargado del Traslado), ya que de ello depende la seguridad de todos los elementos que participen en el traslado, la del trasladado y la de terceros”.
Está claro que los responsables de este operativo ignoraron algunos de los puntos que debieron verificar, como el posible riesgo, el número de policías que se requerían, la participación de “personal especializado” en estas tareas, la coordinación con otras autoridades y el –principalmente- necesario sigilo.
En el operativo de traslado fueron incorporados elementos de la Policía Municipal de Orizaba e incluso un cadete de la Academia de Policía de El Lencero, personal que carecía de la capacitación que se requiere para estos casos.
Todo apunta a que los hechos fueron responsabilidad de los mandos de la Secretaría de Seguridad pública.
Por supuesto, Yunes Linares no ha considerado –bajo ninguna circunstancia- la suspensión o remoción de Jaime Téllez Marié.
Lo necesita para que opere durante el proceso electoral que se avecina.
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Epílogo.
El diputado federal Alberto Silva hizo pública una carta en la que explica los detalles de un proceso penal en el que fue involucrado, por los concesionarios de la empresa radiofónica “Avan-Radio”. Silva Ramos asegura que los actos que se le imputan no ocurrieron durante la etapa en la que él fungió como Coordinador de Comunicación Social y, por lo tanto, pidió al fiscal que lleva el caso que se determinara el No Ejercicio de la Acción Penal, lo que le fue negado. *** Silva Ramos recurrió a las instancias federales, donde tampoco obtuvo respuesta positiva, pero aclaró: “De ninguna manera implica que ese H. Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz me haya negado el amparo y protección de la justicia federal, dado que al día de hoy no se ha resuelto de fondo el juicio de garantías con número de expediente 220/2018, en donde reclamé un acto que realizó el C. Fiscal Quinto Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos dentro de la carpeta de investigación con número de expediente C.I.FESP/455/2016-V-11, de inconstitucional”. *** En su Diagnóstico sobre la Situación Penitenciaria, presentado el año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, registraba problemas a los que sugería “prestar atención”. El organismo detectó personal insuficiente de seguridad y custodia, y la “proliferación de actividades ilícitas” que ponían en riesgo las condiciones de gobernabilidad. *** El gobernador de Veracruz confirmó que el traslado de cuatros reos de alta peligrosidad se había decidido tras confirmar que estos sujetos coordinaban desde la cárcel actividades ilícitas en la región. Lo extraño del caso es que la instrucción fue enviarlos al penal de Pacho Viejo, que –según el diagnóstico de la CNDH- presenta todavía más problemas que La Toma: Inoperancia de las normas internas, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencias en la imposición de sanciones disciplinarias, “autogobierno o cogobierno” y actividades ilícitas. Todo parece indicar que, más que castigarlos, pretendían protegerlos. *** Mientras tanto, el director del penal La Toma, Valentín Hernández Santiago, y diez custodios fueron detenidos y privados de su libertad, en las instalaciones del Mando Único. Se les investiga –informaron- sobre su probable relación con el motín registrado en el reclusorio. María Elena Álvarez Rincón asumió la Dirección del penal de manera interina.
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