En el sexenio pasado hasta cinco personas podían imponer el caos en una ciudad, cinco personas eran suficientes para que, con unas cartulinas, reclamaran cualquier injusticia, solicitando audiencia para que se les atendiera. Cerrar una vía de comunicación, ya sea una calle céntrica o una carretera federal, era cosa común, era una forma de presión no para conseguir el diálogo, sino para extorsionar al estado. Pero algunos miembros del estado se dieron cuenta que cerrar vías de comunicación podía ser un buen negocio, de modo que cada miembro del gabinete se conseguía su grupo particular que se alquilaba para armar el caos y con ello obtener recursos de la partida para expresiones sociales, que en los dos sexenios anteriores existía.
César del Ángel y sus 400 Pueblos, Antonio Luna y su Partido Cardenista, Minerva Salcedo y su Antorcha Campesina, todos ellos tenían un precio por el que se prestaban para armar manifestaciones a conveniencia del gobernante. Pero estos grupos eran para quienes tenían mucho presupuesto. Los que no tenían tanto alquilaban a unas cuantas personas para cerrar las calles de la ciudad.
Los mismos que se hacían pasar por periodistas, los que andaban de pedinches, sacando algún billete al funcionario que se encontraban en la calle, esos por 200 pesos se pasaban todo el día cerrando una calle, beneficiando al funcionario que pedía su tajada de la partida para expresiones sociales.
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