La detención de 15 policías, quienes pertenecían a dos grupos élite de la policía estatal en Veracruz, no fue un día de campo para la fiscalía a cargo de Jorge Winckler Ortiz. Como hemos dicho en otras ocasiones, la investigación denominada «tiro de gracia» tuvo éxito en gran parte por el hermetismo con la que se condujo. El hecho cobra importancia en todo el país, no sólo porque es la primera vez que un gobernador finca responsabilidades contra su antecesor, sino porque es la primera ocasión en que son procesados funcionarios públicos del más alto nivel encargados de la seguridad pública bajo la nueva Ley General sobre Desaparición Forzada.
El pretexto para la detención arbitraria de jóvenes, y posteriormente su desaparición forzada, era por supuestos vínculos con el grupo delictivo de los Zetas. Para llevar a cabo un operativo de esta magnitud, para la detención de estos chacales, se requirió el apoyo del Ejecutivo local. En este caso la participación del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha sido de total confianza para la Fiscalía General del Estado (FGE). Se sabe que el coletazo de los grupos delincuenciales se puede dar en cualquier momento. Por esa razón se han reforzado los grupos de seguridad en las principales ciudades del estado, incluida la capital, Xalapa.
Winckler Ortiz y la fiscalía cuenta con las pruebas de 15 casos del año 2013, que tuvieron lugar en la capital Xalapa y en la región de Córdoba, pruebas que serán contundentes para mantener durante muchos años en la cárcel a estos sujetos, incluyendo a Arturo “N”, alias el Capitán Tormenta. Así que no perdamos nuestra capacidad de asombro, pronto se tendrá que conocer la verdad y conocer el paradero de cientos de víctimas que aún no aparecen.
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