Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
José Antonio Meade está convencido de que para conseguir su objetivo –la Presidencia- va a requerir, no sólo del apoyo del PRI y su permanente aliado, el Partido Verde, sino de otros grupos que a estas alturas ya buscan nuevos derroteros en la política nacional. *** Ese es el caso de Nueva Alianza (Panal), organización política surgida bajo el auspicio del SNTE, pero que en los años recientes ha fortalecido su compromiso con sectores de la sociedad que por décadas han sido ignorados. *** Este miércoles Meade se reunió con el dirigente nacional del Panal, Luis Castro Obregón, para analizar la posibilidad de coaligarse. La reunión tuvo lugar en una librería de la colonia Condesa, en la Ciudad de México y en la charla ambos coincidieron en que, más que una disputa entre partidos, las elecciones del próximo año se caracterizarán por un enfrentamiento entre dos proyectos de nación. *** “El primero, que encabezan ambos partidos, de corte liberal, democrático y moderno, que impulsa el desarrollo integral y que respeta las libertades. El otro, que mira al pasado y cuyos contenidos demagógicos y prácticas autoritarias amenazan a la estabilidad económica, al régimen de libertades y a la democracia mexicana”, explicó el equipo de Meade. *** Seguramente no todo se definió en este primer encuentro. Luis Castro tiene muy presentes los casos en los que llegó a acuerdos políticos con el PRI o con sus candidatos, y al final estos no fueron cumplidos. *** Nueva Alianza no ve con malos ojos a Pepe Meade, pero la construcción de una alianza electoral requiere mucho más que las simpatías personales o coincidencias en el proyecto. Se requieren avales sólidos, que ahora sí garanticen el cumplimiento de los compromisos.
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En tiempos en los que la política busca ganar espacios en los medios formales de comunicación (y, ahora también, en las redes sociales), vuelve a estar de moda el humor ácido del escritor estadounidense Mark Twain.
Una de las frases más conocidas de este personaje, fue aquella que decía: “Hay tres clases de mentiras: La mentira, la maldita mentira y las estadísticas”.
El tema viene a cuento porque, en vísperas de su cuarto y último informe de gobierno, el alcalde de Boca del Río (y fuerte aspirante a la gubernatura de Veracruz, que hoy ostenta su padre) Miguel Ángel Yunes Márquez, difundió en medios afines al proyecto político de su familia que en reciente evaluación, sobre transparencia y disponibilidad de la información fiscal de los municipios, el ayuntamiento que él encabeza se ubicó en la séptima posición a nivel nacional, y como el más destacado en la entidad veracruzana.
Según las cifras presentadas por esta empresa (“Aregional”), Boca del Río obtuvo una calificación de 85.71, cifra muy por debajo de la conseguida por el vecino municipio de Puebla, ubicado en la primera posición nacional, con calificación de 98.38.
Donde sí destacó el municipio de gobierna Yunes Márquez fue en el avance conseguido de un año para otro, pues pasó de la posición 51 a la número 7. En el 2016 la calificación de Boca del Río (que ya para entonces era el tercer año del gobierno del primogénito del gobernador) en materia de transparencia fue de 63.24, lo que lo ubicaba dentro del rango de “nivel medio”.
Para tener más clara la evolución de Boca del Río en estas estadísticas, valga mencionar que en 2016 el municipio de Xalapa, gobernado por el priista Américo Zúñiga, obtuvo una calificación de 95.73, lo que lo ubicó en segundo lugar a nivel nacional. Para 2017, Xalapa bajó siete posiciones, pues su calificación fue de 84.10 y se colocó en la novena posición nacional.
Pero… ¿Son confiables estas evaluaciones?
Juzgue usted:
Apenas en el mes de junio del presente año, esta misma empresa informó que los estados de Guerrero, Zacatecas y Veracruz se destacaban por ser los de mayor opacidad en su información fiscal y financiera. En el mismo reporte se ubicaba al Estado de México, a Jalisco y a Puebla, como los más transparentes.
De acuerdo con los resultados de su Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2017, en promedio, las 32 entidades federativas de México registraron una calificación aprobatoria de 77.81 puntos.
Y es que, mientras seis entidades obtenían calificaciones mayores a 90 puntos (Jalisco, Estado de México, Puebla, Nayarit, Querétaro y Yucatán), había otras que se destacaban por ser las menos transparentes: Veracruz (con una calificación de 51.66), Zacatecas (44.89) y Guerrero (36.45 puntos). Todos por debajo de los 60 puntos, que es el mínimo aprobatorio.
Estas cifras llaman la atención porque la “transparencia” ha estado presente en todos los discursos del gobernador actual, Miguel Ángel Yunes Linares, comparando su gestión, en esa materia, con la de su antecesor, Javier Duarte de Ochoa.
Y, sin embargo, la empresa “Aregional” dio a conocer en febrero del 2016, que el estado de Veracruz se ubicaba dentro de los cinco estados del país con el mayor índice de transparencia, al acumular 93.96 puntos en una escala de 0 a 100.
En su Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas para el 2015, se consignaba que Veracruz estaba incluido en un “nivel alto” de transparencia fiscal y que había mejorado 0.82 puntos, por lo que se ubicó en el quinto lugar, junto con Puebla, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Nuevo León.
En 2009, casi al final del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, el estado de Veracruz se ubicó en el primer lugar de transparencia, al conseguir 99.4 unidades, de las 100 posibles.
En síntesis: Boca del Río alcanzó este año la séptima posición a nivel nacional por su calificación en transparencia, con lo que se repuso del sitio 51 que había ocupado un año antes. Xalapa cayó del segundo lugar nacional, al noveno en ese mismo rubro.
En las calificaciones por entidades federativas, Veracruz pasó del primer sitio en 2009, al quinto lugar en 2015 y de ahí a la posición 28, de 32 posibles, en el 2017.
¿Ofrecerá el hijo en su campaña resolver la opacidad del gobierno de su padre?
¿Transparencia?
¿Rendición de cuentas?
Esos términos no funcionan en la actual administración estatal. Sirven, acaso, para el discurso, para la propaganda.
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Epílogo.
A propósito de transparencia, en la primera sesión de trabajo para definir al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, los diputados de la Comisión de Vigilancia entrevistaron a once aspirantes, entre ellos el portador de la representación veracruzana, el excontralor estatal Iván López Fernández. La línea de los cuestionamientos fue la búsqueda de antecedentes políticos, profesionales, laborales o hasta familiares, que pudieran enturbiar un eventual nombramiento en el cargo más importante en materia de revisión del manejo de los recursos públicos. Como es lógico, a Iván López lo cuestionaron sobre su desempeño en el gobierno de Javier Duarte y el eventual conflicto de intereses en el que podría incurrir al revisar las cuentas públicas de esta entidad. Ya le podemos adelantar: No pasó la prueba. *** El senador José Yunes Zorrilla explicó que la Cámara Alta tiene hasta el 15 de diciembre para analizar la Ley de Seguridad Interior, pero anticipó que no se permitirá retroceso en materia de garantías individuales. *** Como sucedió con los certificados bursátiles, Fitch Ratings anunció que retiró las calificaciones específicas de 13 créditos bancarios del estado de Veracruz que sumaban 21 mil 916 millones de pesos. La decisión de la calificadora obedeció al pago anticipado de los créditos mediante el refinanciamiento que llevó a cabo el Estado. Nada de esto nos debe sorprender. Se trata de deudas viejas, que fueron sustituidas por nuevos créditos, con diferentes tasas y plazos más largos. *** Un abrazo solidario para la compañera Miriam Gracia Magaña y mis deseos de que su padre, el reconocido periodista Ramiro Gracia, supere ese trance que lo mantiene postrado.
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