Arturo Reyes Isidoro / Fue el 22 de febrero de 2016, siendo precandidato a la gubernatura, cuando Miguel Ángel Yunes Linares, teniendo como fondo una gran pantalla, anunció “10 Acciones para Combatir LA CORRUPCIÓN” si llegaba al Gobierno del Estado. Las cito textualmente:
“1.- Será obligatorio para todos los funcionarios del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés, mismas que podrán ser consultadas vía internet.
2.- En todas las licitaciones de obras, servicios y adquisiciones participarán organismos de la sociedad civil como Causa en Común y Transparencia Mexicana.
3.- Suscribiré un convenio con la Auditoría Superior de la Federación para definir acciones concretas con el fin de que la ejecución del gasto público federal se lleve a cabo con transparencia, honestidad y pleno apego a la Ley.
4.- Ni el Gobierno del Estado de Veracruz ni los Ayuntamientos harán pagos en efectivo, sino con cheques que deberán ser publicados para consultarse vía internet.
5.- El Contralor General será electo por el Congreso del Estado a propuesta de la Universidad Veracruzana. No podrá ser removido por el Gobernador del Estado.
6.- Se creará la Fiscalía Anticorrupción con autonomía presupuestal. Su titular será designado por el Congreso del Estado a propuesta de la Universidad Veracruzana.
7.- Se creará el Consejo Consultivo Ciudadano para el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, mismo que tendrá acceso ilimitado a la información financiera del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos.
8.- Se erradicará la cultura del soborno, premiando a los buenos servidores públicos y sancionando severamente a quienes incurran en actos de esta naturaleza. También se sancionará a los particulares que sobornen o intenten sobornar.
9.- Presentaré una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de Veracruz para tipificar los diversos tipos de corrupción en que pueden incurrir servidores públicos y particulares. Las penas serán severas. La misma incluirá el decomiso, privación del derecho de propiedad a favor de los entes públicos afectados.
10.- Propondré la creación de una Ley Estatal de Extinción de Dominio para privar de la propiedad de bienes muebles e inmuebles a ciudadanos y servidores públicos que hayan participado en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito”.
De eso hará, dentro de dos meses, dos años. Pero ya pasó un año de su administración y cabe preguntar cuántos funcionarios de su gobierno han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés, o a dónde se pueden consultar por internet.
Otra interrogante es: ¿En cuántas licitaciones de obras, servicios y adquisiciones han participado Causa en Común, Transparencia Mexicana y organismos de la sociedad civil y cuáles han sido éstos?
Una más: ¿Cuántas acciones concretas se han acordado con la Auditoría Superior de la Federación para transparentar el gasto público federal y ejercerlo con honestidad y apego a la ley?
¿Los Contralores Generales que ha habido fueron propuestos por la Universidad Veracruzana?
Se podía preguntar más pero dejémoslo hasta ahí.
¿Por qué traigo a colación el tema? Porque en una nota que se publicó ayer en el periódico El Economista, especializado en economía y finanzas, se informa que de 32 estados del país, sólo 14 han armonizado ya sus leyes locales con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y entre ellos no se encuentra Veracruz.
Concretamente de nuestro Estado se dice: “El estado de Veracruz destaca por lo lento del proceso de construcción de su Sistema Local, pues además de sus 16 nombramientos faltantes, entre los que se incluye al Comité de Selección, al Comité de Participación (Ciudadana), al fiscal anticorrupción y al titular de la judicatura estatal, aún debe armonizar la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley de Responsabilidades Administrativas”.
Los Comités de Participación Ciudadana son órganos de vinculación ciudadana y rectores de los sistemas locales.
La nota informativa, firmada por el reportero Héctor Molina, tiene como fuente el propio SNA.
La coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales, dijo a El Economista que: “Había un plazo de un año desde que se hicieron las reformas de las leyes secundarias para que las entidades federativas hicieran los cambios correspondientes; sólo 10 entidades cumplieron en tiempo y forma en julio de este año con esta armonización”, aunque precisó que: “Esto no quiere decir que esta armonización haya cumplido con todos los criterios de calidad normativa”.
Max Kaiser, director del área anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, opinó que en el marco del proceso electoral 2018, una de las maneras de impulsar los cambios a las leyes locales, así como los nombramientos faltantes será condicionar el voto de los ciudadanos a cambio de la aprobación de las leyes.
“Los hemos visto una y otra vez en los últimos años en este país, cuando les ponemos sobre la mesa a la clase política mi voto a cambio de que resuelvan este tema, lo resuelve, eso es lo que más les importa, entonces depende de nosotros”.
Hay un enorme abismo entre los buenos propósitos que se anunciaron y se propusieron electoralmente a principios del año pasado en política de combate a la corrupción y lo que se ha cumplido ya en el ejercicio del poder, teniendo la facultad legal para poder proceder.
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Le han fallado al gobernador sus asesores o sus colaboradores para concretar los anuncios que vino haciendo y en los que fincó, en gran parte, su triunfo electoral que lo llevó a la gubernatura?
¿Es el Ejecutivo el que no ha cumplido o es el Legislativo el negligente que no le exige o que no se aplica, si ya tiene las iniciativas, para llenar el vacío legal que nos tiene entre los estados incumplidos y, por lo tanto, expuestos de nuevo, como en el gobierno de Duarte, a que siga imperando la corrupción y por lo tanto la impunidad? ¿O la responsabilidad es de los dos?
¿Pensarían ya en el panismo o en el yunismo azul con qué cara, en las campañas que vienen, volverán a pedir el voto con el cuento de que van a combatir la corrupción cuando el máximo organismo en la materia en el país está diciendo que ni siquiera se ha cumplido con el plazo legal que se fijó para adecuar y armonizar las leyes locales a fin de poder actuar?
Y no, no es una denuncia de la prensa. Es un dato duro del Sistema Nacional Anticorrupción el que lo dice.
Creo que tiene razón Max Kaiser cuando pide condicionar el voto a cambio de que se adecuen las leyes locales y se hagan los nombramientos para el sistema anticorrupción en Veracruz.
Erik Porres Blesa, futuro relevante
A quien, sin duda, le espera un futuro político relevante es al ex Secretario de Desarrollo Económico y Portuario en la pasada administración, Erik Porres Blesa, quien no obstante que todavía está integrado en la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, mantiene todos sus intereses en Veracruz.
Erik, quien ya estuvo en el Gobierno de la República en la administración de Vicente Fox, para quien manejó la prensa extranjera, no sólo es uno de los más cercanos colaboradores del coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade, Aurelio Nuño Mayer, sino uno de sus amigos más cercanos.
Sin embargo, en justicia tiene que decirse que es un hombre muy preparado en el terreno académico, pero también un político serio, honesto y profesional, que trabó muy buenas relaciones con la clase empresarial del Estado a su paso por la Sedecop (y también con la prensa, aunque de la forma más discreta posible), lo que seguramente le servirá mucho ahora para la causa de Meade y para ayudar a Nuño en la gran responsabilidad que tiene enfrente.
Si gana Meade quién sabe a qué alturas llegue Porres Blesa en la administración pública federal, cuando al final del pasado sexenio su máxima aspiración era (y seguramente la seguirá siendo) dar clases en la Universidad Veracruzana, a la que –me lo repitió en muchas ocasiones– considera la universidad pública más importante del país y de América Latina. Las circunstancias políticas lo llevan por otros rumbos.
A la SEP, un viejo conocido y amigo
Nos conocimos, fuimos compañeros de publicación y nos hicimos amigos con Otto Granados Roldán, el nuevo Secretario de Educación Pública desde ayer, cuando él empezó a publicar en el semanario Punto y Aparte de Froylán Flores Cancela.
Semana a semana un grupo de jóvenes entonces: Sergio González Levet, Miguel Molina, Benjamín Domínguez Olmos y Rafael Hernández Flores viajábamos al entonces Distrito Federal para maquilar en las instalaciones del periódico El Día, en Insurgentes centro, nuestra publicación. Allá se nos unía Otto y quedaron para el recuerdo muchas horas de convivencia que se llegaron a convertir hasta en una hermandad entre un hidrocálido y un grupo de veracruzanos.
Después tuvo una carrera destacada ascendente: publicó en el semanario Proceso, fue agregado cultural en la Embajada en España, gobernador de Aguascalientes, embajador de México en Chile y Director General de Comunicación Social de la Presidencia con Carlos Salinas de Gortari, entre otros cargos relevantes. En este gobierno fue nombrado Subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP, de donde pasó ayer a ser el titular. Como muchos de nosotros viene desde abajo y se hizo a base de esfuerzos. Cuánto gusto me da su nuevo nombramiento, que celebro. Le sobran méritos para ocupar el cargo.
Otto es amigo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, otro de los jóvenes de aquella época de tantos recuerdos.
Concierto a favor de noble causa
Esta noche a las 8 de la noche en el Teatro del Estado tendrá lugar el concierto especial John Lennon, con música de The Beatles, que ofrecerá el Quinteto Britania. Lo organiza el Club Rotario Xalapa Manantiales. Lo que se recaude será a beneficio de los proyectos rotarios en colonias marginadas. Se trata de una buena causa. Se espera la asistencia y el apoyo de los xalapeños.
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