Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
El PRI en Veracruz entrará a la etapa de las definiciones. Una vez conocida la identidad del personaje que los habrá de representar en la carrera por la Presidencia, el Revolucionario Institucional trabaja ya en la construcción de las candidaturas a gobernadores. *** Veracruz es un caso muy especial. En esta entidad el PRI perdió en el 2016, por primera vez en su historia, la gubernatura, y desde México han enviado el mensaje de que necesitan los votos de esta entidad, por lo que habrán de empujar fuerte al candidato, para recuperar la plaza. No habrá, pues, acuerdos “en lo oscurito”. *** Aunque Pepe Yunes insista en que “nada tiene que ver” el destape de su amigo José Antonio Meade en la definición del candidato en Veracruz, lo cierto es que ese suceso terminó por despejar las dudas. *** No será automático, como a nivel nacional. A partir de que se publique la convocatoria, al menos habrá dos aspirantes que se inscriban (Pepe Yunes y Héctor Yunes) y en buena lid, con la lealtad que ambos presumen guardarse, se habrá de definir al candidato tricolor. *** Pero a pesar de que se cuide el protocolo y que se guarden las formas, entre los grupos priistas ya corre como reguero de pólvora la versión de que “el bueno es Pepe” y eso se notará en el momento de la definición. *** Lo realmente importante es lo que habrá de suceder una vez que se revele la identidad del candidato. El que no haya sido elegido deberá mostrar la suficiente madurez política para reconocer que la coyuntura no le favoreció, y habrá de sumarse, sin condiciones, al proyecto del designado. *** ¿Podrán hacerlo?
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Uno de los argumentos más socorridos por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para justificar su ineficacia en el combate a la delincuencia, es que la anterior administración (¡otra vez Javier Duarte!) impulsó la desaparición de las policías municipales que son, en su opinión, “el primer contacto con la comunidad” y sirven de contención para los delitos del fuero común.
Es cierto.
Durante la administración de Javier Duarte se impulsó en muchos municipios la intervención del llamado “Mando Único”, una fuerza policial del gobierno del estado que absorbía el control policiaco en regiones en las que se detectaba que los grupos delictivos habían penetrado en las corporaciones locales.
El ajuste no era automático ni se trataba de una imposición. Para que las fuerzas estatales entraran a sustituir a una corporación municipal, primero tenía que surgir una petición formal, por parte del Cabildo y la firma de un convenio en el que la autoridad municipal ponía al servicio del Estado toda la infraestructura con la que contaba para las labores de vigilancia (patrullas, armas instalaciones físicas) y los recursos que el municipio recibía del Federación para atender los temas de seguridad.
Una vez con la petición formal, el gobierno estatal analizaba la viabilidad financiera y de recursos humanos para asumir la responsabilidad de vigilar el territorio municipal.
Muchos municipios, más de los que el gobierno estatal era capaz de atender, se sumaron a esta iniciativa.
El propio titular de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, señalaba que no era tan sencillo atender las peticiones de los alcaldes:
“Se requiere presupuestar en patrullas, adiestramiento, instructores, evaluaciones, capacitarlos en las 7 técnicas de la función policial; ya que lo tenemos, hay que equiparlo, armarlo y darle sus garantías; eso en un solo policía, porque no hay policías confiables, hay que hacerlos”, explicaba en aquel entonces.
Hoy, ante la evidente incapacidad de la Secretaría de Seguridad Pública para frenar la delincuencia, al gobernador le ha parecido sencillo regresarles el paquete a las autoridades municipales.
En este choque de posturas (Mando Único contra policías locales) hay un presidente municipal que se ha distinguido por su don para la ubicuidad, por su capacidad para mimetizarse con el color y la línea de conducta que plantea el mandatario estatal en turno.
Joaquín Caballero Rosiñol, quien fungirá como alcalde de Coatzacoalcos (por mucho, el municipio más violento de Veracruz) hasta el 31 de diciembre de este año, fue de los más fuertes impulsores del funcionamiento del Mando Único. Cedió recursos y convenció a los alcaldes de la zona para que se sumaran a la iniciativa que promovía el entonces gobernador Javier Duarte.
Fue tal su entusiasmo, que hasta descubrió “espacios de oportunidad”.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó la Cuenta Pública del 2014 de Coatzacoalcos, se encontró con el “detalle” de que el Ayuntamiento utilizó los recursos del Subsemun (Subsidio para la Seguridad de los Municipios) para la compra de patrullas “a precios inflados”. En la auditoría se detectó que la administración de Joaquín Caballero gastó 4 millones 277 mil pesos en la compra de dos patrullas y seis motocicletas para el Mando Único Policial, pero los precios de las unidades estaban muy por arriba de los que se reportaban en el mercado.
A pesar de los “beneficios” que obtenía con la operación del Mando Único, algo pasó, porque apenas el nuevo gobernador, el panista Miguel Ángel Yunes Linares hizo referencia a su interés de que los ayuntamientos asumieran nuevamente la responsabilidad que les tocaba, con las policías municipales, el primero en saltar para sumarse a la propuesta fue el alcalde de Coatzacoalcos.
Este municipio en el extremo sur de la entidad, considerado dentro de la Zona Económica Especial que decretó el gobierno federal, ha recibido todo el apoyo posible para abatir la violencia y la inseguridad. A ese municipio llegó, en su momento, el Mando único; las fuerzas federales (policía, gendarmería, Marina y Ejército) tienen ya varios años asentados ahí, colaborando en las tareas de prevención, y sin embargo las bandas delictivas parecen estar en control total del territorio.
Si Yunes Linares cree que trasladando la responsabilidad a los próximos presidentes municipales, se le dejará de recriminar por la promesa incumplida de otorgar paz a los veracruzanos en seis meses… está muy equivocado.
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Epílogo.
La renegociación marcha. Este lunes la empresa calificadora Fitch Ratings dio a conocer que retiraba las calificaciones específicas de tres Certificados Bursátiles Fiduciarios del estado de Veracruz, que sumaban deuda por más de 4 mil 800 millones de pesos, debido a la amortización anticipada voluntaria total, mediante el proceso de refinanciamiento que llevó a cabo el Estado. “Fitch dispone de las constancias emitidas por Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. en las cuales se hace referencia al pago total de cada emisión”, explica. *** El coordinador de los diputados locales del PAN, Sergio Hernández debió admitir que la inseguridad es una de las más sentidas demandas de los veracruzanos, pero se apresuró a defender a su jefe, el gobernador de Veracruz, y aclaró que “no se puede responsabilizar sólo al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares”. En opinión del legislador, los tres niveles de gobierno deben asumir la parte de responsabilidad que les corresponde, y admitió que en la actualidad es insuficiente el número de policías para garantizar la seguridad. Se nota que puso mucha atención al discurso de su jefe en su reciente comparecencia. *** El senador Héctor Yunes Landa está empeñado en demostrar que asume con responsabilidad su papel de oposición y cada que tiene oportunidad exhibe las pifias (que no son pocas) del gobierno de su primo hermano. Este lunes, en Xalapa, Yunes Landa acusó al gobernador de “aduartarse” (actuar como su antecesor, Javier Duarte) pues ha dejado de aportar la parte que le corresponde a su gobierno para el funcionamiento de los 26 planteles de educación tecnológica que funcionan en la entidad. El rezago suma en estos momentos más de 400 millones de pesos, pues la operación de esos institutos se da mediante el mecanismo de “peso por peso”, esto es, que por cada peso que pone el Estado, la Federación pone la misma cantidad. Lo grave del tema es que el gobierno federal está amagando con dejar de poner su parte, si Veracruz no cumple con su compromiso. *** ¿Y dónde quedó el discurso de eficacia y transparencia en el manejo de las finanzas?
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