Francisco Berlín Valenzuela* / México vive hoy una encrucijada, en la que caminos antitéticos se cruzan para conducir a rutas opuestas, observamos que por una parte las instituciones ligadas a la procuración e impartición de justicia y a la enseñanza jurídica, tratan por diversos medios de fortalecer el Estado de derecho y por otro lado numerosos grupos pertenecientes a la delincuencia organizada y personas que actúan al margen de las leyes realizan múltiples acciones para debilitarlo.
De esta manera, la población mexicana que sigue el camino de la ley, cree y piensa en su mayor parte, que es el qué hay que transitar para llegar al ansiado Estado de Derecho, el cual es constantemente enriquecido con nuevas y modernas instituciones jurídicas. Sin embargo, esa misma población sufre los embates de una delincuencia organizada y ocasional, que ha elegido las vías torcidas de la criminalidad, realizando secuestros, robos, asaltos, asesinatos, decapitaciones, extorsiones y un sin número de acciones al margen de la ley, buscando obtener poder y riquezas fáciles, imponiendo sus propias reglas para gozar de impunidad y protección.
Por esta razón, me parece oportuno reflexionar sobre algunos de los nuevos retos que se están generando en el mundo del derecho, siempre en constante transformación y cambio, debido al dinamismo de las sociedades modernas en el mundo globalizado de nuestro tiempo.
Los abogados, estudiantes, maestros y operadores políticos de nuestro país, deben repensar cuál debe ser el rol del derecho, para enfrentar los nuevos y complejos retos que esta encrucijada plantea, dentro del nuevo orden nacional e internacional que impulsa la revolución tecnológica, particularmente en los medios de comunicación que convierten al mundo en una aldea común, propiciando su desarrollo político, económico y social.
Tal situación obliga a los profesionales del derecho a analizar las instituciones jurídicas caducas, la actualización de sus contenidos y la revisión de planes y programas de estudio para la enseñanza jurídica.
A los abogados corresponde en buena medida tan importante tarea. De ahí que recordemos que en algunas épocas de la historia de nuestro país, ellos se caracterizaron por ejercer un fuerte liderazgo en la sociedad, que se fue perdiendo en la medida en que otros profesionales de diversas disciplinas incrementaron su presencia en sus respectivos campos. Esta pérdida de influencia y presencia, se debió -en parte- a la actitud conservadora y tradicionalista de los abogados y a las profundas divisiones gremiales existentes entre ellos.
De ahí, que un primer reto sea, el lograr la unificación gremial, sustituyendo a tantas organizaciones existentes, por una sola lo suficientemente fuerte para rescatar la credibilidad perdida, su liderazgo social y su disposición para auxiliar y apoyar a los mexicanos en las exigencias de una real impartición de justicia.
Con este mayor y necesario liderazgo, los abogados de la nación estarán en mejores condiciones de enfrentar el reto que significa el poder hacer realidad el Estado de Derecho, hoy tan deteriorado, por tantos factores negativos que lo obstaculizan.
Es tiempo ya de que los gobernantes de México y los académicos de la materia pasen de la proclamación de las excelsitudes de la teoría jurídica del Estado de Derecho, al campo de la acción para convertirlo en una vivencia real.
No puede soslayarse, que en las situaciones actuales de nuestra evolución jurídica, el respeto a los derechos humanos es parte fundamental de nuestro modelo constitucional, en el que los tratados internacionales están presentes de manera preponderante. Nuevas normas proyectan al porvenir el propósito de una convivencia más civilizada en la que los actuales y futuros abogados tienen que prepararse y profundizar en la filosofía que los sustenta.
Desgraciadamente en la mayor parte de las entidades federativas, los habitantes viven atemorizados y angustiados por la inseguridad que se padece, observando todos los días la enorme distancia que existe entre la teoría y el acatamiento de las leyes y de los derechos humanos, lamentando la disociación existente entre los principios humanistas y la realidad nacional.
Nunca como ahora se hace más evidente la paradoja existente entre las innovaciones jurídicas de avanzada logradas en los últimos años y la subsistencia de una penosa realidad que vive el pueblo de México todos los días, al estar siendo víctima de una ola de criminalidad, caracterizada por horrorosos crímenes, propios de épocas pasadas, que se pensaban habían sido ya superadas.
Ante este panorama, los profesionistas que han escogido los caminos del derecho, deben sentirse obligados a solidarizarse con la sociedad mexicana para reencontrar las formas de erradicar definitivamente la triste situación que prevalece.
Los estudiantes, maestros, abogados litigantes y servidores de los organismos judiciales, deben unificar esfuerzos y acciones para tratar de impedir que las organizaciones que actúan al margen de la ley sigan realizando sus prácticas criminales a través de la violencia, amenazando destruir las bases mismas de nuestra convivencia, convirtiéndonos en rehenes de sus ambiciones y apetitos de poder desenfrenado.
Dentro de esta perspectiva de temor y angustia que padece nuestro país, gobernantes y gobernados tienen la obligación de enfrentar unidos este tremendo mal de violencia que impide la tranquilidad y la seguridad de las familias mexicanas. Para salir de esta difícil encrucijada hay que renovar nuestra fe en el derecho y en el respeto irrestricto a las normas jurídicas que nos rigen, evitando fenómenos de corrupción, así como acciones de complicidades que generan impunidad en la persecución de los delitos.
Es oportuno reiterar algunas reflexiones anteriormente expresadas, en torno a las funciones de los abogados para enfrentar los actuales retos, pues consideramos que estos deben ser el vínculo comunicante entre la ley y la sociedad; el factor legitimador del derecho; los que propugnen la congruencia entre la ética de los servidores jurídicos y los principios del Derecho; los que antepongan los valores comunitarios por encima de los intereses personales; los que estudien constantemente con el propósito de actualizarse en el conocimiento de las leyes y los que por encima de todo conviertan a las normas jurídicas en la medida esencial para la convivencia humana.
Estos son algunos de los objetivos que los servidores de la justicia, deben proponerse para superar los desequilibrios existentes en nuestra población, combatir los males de la corrupción que invaden las esferas públicas y la falta de eficacia en el logro de un mayor bienestar en la mayor parte de los mexicanos que vienen padeciendo una miseria extrema.
Solo así evitaremos que se nos siga señalando negativamente en las estadísticas mundiales de la criminalidad y que se siga considerando a nuestro país como un lugar peligroso para ser visitado.
*Analista político. Autor de libros sobre Derecho Electoral y Derecho Parlamentario. Profesor- Investigador Emérito de “El Colegio de Veracruz”. Receptor de las Medallas “Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso” y al “Mérito Jurídico”, otorgadas por el Club de Periodistas de México, A.C. y por el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Xalapa, Ver. (2016)