Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Que por el PRI, en pos del senado irán dos mujeres: Elizabeth Morales y Anilú Ingram; que Alberto Silva competiría por la diputación local en su distrito, Tuxpan, donde los números le favorecen; que Juan Carlos Molina buscaría una posición en la Cámara Alta, pero por la vía plurinominal. *** Esas fueron algunas de las versiones que se escucharon en la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI celebrado el pasado sábado en Xalapa. También se resaltó la presencia de la exalcaldesa del puerto, Carolina Gudiño, quien sería enlistada como candidata a una diputación por la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. *** Sobre la candidatura para gobernador, los “hectoristas” aseguran que ya está decidido y que su jefe y líder lo volverá a intentar el próximo año. Los “pepistas”, sin embargo, aclaran que la decisión se tomará en la capital del país una vez que se resuelva lo del candidato a la Presidencia. (Hoy ya se sabe que Osorio no va). Aclaran que Pepe Yunes sigue siendo la primera opción y así se los ha manifestado el propio dirigente nacional tricolor, Enrique Ochoa. *** En lo que todos coinciden es que esta incertidumbre está afectando al propio partido y mientras más tarden en resolver la candidatura, más difícil será recuperar el estado. *** “pareciera que lo hacen a propósito, para beneficiar junior”, concluyen muchos.
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En Ixhuatlán de Madero no tienen buenas referencias del actual gobernador. Todavía está fresco en sus memorias lo sucedido en el mes de septiembre de 1994. Cerca de medio centenar de elementos de Seguridad Pública del Estado irrumpieron en un predio ubicado en la comunidad Plan de Encinal, para desalojar a sus posesionarios, provocando un enfrentamiento que dejó como saldo dos policías fallecidos (Julián Eleuterio Hernández y Ramón Hernández Maldonado).
Cuatro días después fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos de los indígenas que fueron desalojados: Atanasio Hernández Hernández, de 17 años de edad, y Rolando Hernández Hernández, de 26 años. Sus cadáveres fueron hallados en la ribera del río Chiflón; les habían arrancado los ojos y los genitales, y sus intestinos estaban reventados por los golpes.
Estos hechos provocaron la reacción de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, que emitió la recomendación 62/94 dirigida al procurador de Justicia, Rodolfo Duarte Rivas, para que se diera con los responsables de los hechos y se les castigara. No pasó nada.
Tres años más tarde, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 18/97 dirigida al gobernador Patricio Chirinos Calero para que ordenara una investigación de los hechos. Tampoco fue acatada.
Al año siguiente, en su informe 1/98, la Corte Interamericana recomendó al Estado Mexicano realizar una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos, además de pagar una indemnización a los familiares de los indígenas asesinados.
La noche del viernes 24 de noviembre, apenas la semana pasada, en Banderilla, fue asesinado el alcalde de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, lo mismo que su esposa Irma Carrera Tinoco y otras tres personas. El gobierno del estado emitió un comunicado en el que explicó que el ataque a esas personas se había dado debido a que hicieron tratos con un grupo delictivo que se dedica a vender “láminas, despensas y cobijas extraídas de bodegas oficiales en el gobierno anterior”.
En su afán de ratificar su postura de que “sólo mueren aquellos que andan en malos pasos” y de paso echar lodo a los duartistas, las autoridades estatales le atribuyeron al alcalde asesinado la responsabilidad del ataque. Admitieron que a esa banda se le investiga desde el mes de diciembre del año pasado y que al parecer sería la responsable de otro ataque ocurrido el 17 de noviembre en San Andrés Tlalnehuayocan, en el que murieron cuatro personas.
Eso lo dicen ahora.
Si las autoridades hubieran informado antes sobre esta organización criminal (por la que ahora incluso ofrecen una recompensa), quizá el fallecido alcalde de Ixhuatlán de Madero no habría aceptado negociar con ellos. De todas formas las autoridades no explican por qué Víctor Manuel Espinoza acudió personalmente a cerrar el negocio, por qué llevó a su esposa y cuáles serían las razones para asesinarlos.
Respecto a este caso, el senador José Yunes Zorrilla señaló que es necesario un llamado de atención, ante el clima de inseguridad que impera en el Estado.
“Este asesinato se suma a los miles de veracruzanos que lamentablemente están llamando a la conciencia, a la sociedad y las autoridades para atender este tema”, dijo.
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Epílogo.
El alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez es el mayor de los hijos del mandatario estatal Miguel Ángel Yunes Linares y aspira a relevarlo el próximo año en la gubernatura. Es lógico, pues, que pretenda defenderlo. Pero de eso a decir que la violencia en la entidad “no es tan alarmante”, ya es llegar a la ceguera. *** El fin de semana largo, del viernes 17 al lunes 20 de noviembre, fue de los más graves en el tema de la violencia en esta entidad, pues se registraron al menos 17 homicidios. Nadie podía imaginar que el siguiente fin de semana resultaría incluso peor. Se habla de más de 20 crímenes. *** Además de los cinco fallecidos en Banderilla, incluido el alcalde de Ixhuatlán de Madero, hay que sumar los cuatro cuerpos desmembrados que fueron hallados la noche del sábado, en la colonia Libertad, en Poza Rica. *** Agregue usted al menos dos muertos y un herido más en la persecución y balacera que se registró en Córdoba la tarde del sábado. Y los dos cadáveres encontrados en el río Tesechoacán, ambos con huellas de tortura y un orificio de bala en la cabeza, además de que en Martínez de la Torre, en el fraccionamiento El Roble, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre, con visibles huellas de tortura. *** Y si contamos el asalto a los pasajeros de un autobús de la ruta Minatitlán-Coatzacoalcos, por parte de dos sujetos armados, o el secuestro de un empresario dedicado a la producción de agua purificada, en Acayucan, tenemos que reconocer que la inseguridad ha rebasado a las autoridades estatales, a las que ya no les sirven pretextos tan absurdos como que “se trata de delitos del orden federal”, o que “los responsables son los gobiernos pasados”. ¿Hasta cuándo seguirán con ese discurso tan desgastado y ridículo? *** Y mientras, producto quizá de la desesperación, en Texistepec, en el sur de la entidad, denuncian la incursión de elementos de Seguridad Pública del Estado y de la Fuerza Civil en varios domicilios de la comunidad Villalta. Los uniformados se llevaron (los familiares afirman que sin orden de aprehensión) a los hermanos Saulo, Hiram y Josafat Rodríguez Antonio, lo mismo que a Daniel y Juan Bautista. Esto ocurrió la noche del sábado, y horas después habrían sido sometidos a torturas por los mismos policías, sin consignarlos a ninguna autoridad. ¿Y la presunción de inocencia?
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