El día de ayer, que se diera a conocer que el grupo delictivo de los Zetas entregó dinero a él y a otros gobernadores como Fidel Herrera de Veracruz, responde de la misma manera, negando las acusaciones de los testigos protegidos y amenazando con demandar a quienes difundan esas “infamias”.
Por supuesto, lo que debería hacer la Procuraduría General de la República no es ir y meterlos a la cárcel, como muchos deseamos, pero sí debería tomar en cuenta las investigaciones de la Universidad de Texas e iniciar una carpeta de investigación para verificar hasta qué grado son ciertas las declaraciones de los testigos protegidos. Seguro en Coahuila van a encontrar mucha tela de donde cortar, y en Veracruz toda una industria textilera.
