Rafael Pérez Cárdenas / Como muchos temas de la agenda local ya están muy aplaudidos, con generosidad esta columna utilizará su espacio para hablar de comunicación social “de a grapas”, no vaya a ser que se me acuse de andar rondando un convenio publicitario o sumarme a la reyerta monocromática entre el gobierno y los comunicadores.
Durante la campaña política de 2016, de manera ingenua, algunos medios pensaron que el nuevo gobierno habría de aplicar un borrón y cuenta nueva en la búsqueda de nuevos aliados. La respuesta fue exactamente lo contrario: a muchos de ellos, ni perdón ni olvido. Hoy, quienes han padecido la austeridad y la persecución saben que la noche podría alargarse; otros, siguen pensando inútilmente en que la campaña de su hijo lo obligará a abrirse finalmente.
La realidad es que más allá de su ejercicio de gobierno o proyecto político de futuro, el Gobernador no tiene pensado destinar recursos a medios que considera que no necesita, ni a implementar una política de comunicación social, que tampoco necesita, en tanto tenga el control de los poderes fácticos del Estado: el Congreso, el Tribunal de Justicia, la Fiscalía General, el ORFIS, a los órganos electorales y a dos de los principales partidos políticos. De ahí parte su lógica que no necesita medio alguno.
Es por eso que ha reducido su percepción respecto de los medios a que la crítica no tiene fundamento y que es resultado de la ausencia de convenios publicitarios. A pesar de su experiencia, no ha logrado entender que la comunicación social no se refiere al trabajo que los medios realizan, sino a la capacidad de comunicarse del propio gobierno.
Todo gobierno que se pretenda legítimo y democrático debe ser “visible” ante sus gobernados, debe establecer una relación directa de intercambio de información y de opiniones que haga posible que todo ciudadano extienda su mirada y su atención a los asuntos que le conciernen, participando en la toma de decisiones.
La opinión pública resulta así de la mayor importancia, porque no solo persigue la discusión y crítica de los actos del poder público, sino que también busca el enriquecimiento de la acción del gobierno a través de la incorporación de sus propuestas y de la participación social en el quehacer de las instituciones oficiales.
El Estado requiere del uso de la comunicación como instrumento de política pública y como mecanismo de propaganda política. Sin embargo, en México el gobierno ha utilizado históricamente a la comunicación primordialmente como una herramienta de legitimación antes que como un proceso de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, pues en Veracruz, ni para eso se ha considerado establecer una política pública de comunicación social.
Producto de la intervención del Gobierno en el manejo de la comunicación social, la opinión pública –lo que la gente piensa- guarda muchas diferencias con la opinión publicada –lo que los medios dicen-. Por ejemplo, la política de comunicación social del gobierno mexicano suele ser casuística, atendiendo a las condiciones de crisis que se presente; carece de una estrategia articulada ante fenómenos informativos heterogéneos.
No se conoce a profundidad la problemática que se pretende resolver, por lo que las políticas de comunicación social están encaminadas a privilegiar la imagen pública del gobierno. La sociedad está excluida de la comunicación social como política pública. No participa en su estructuración y tampoco interviene en el tipo de información que necesita. El derecho al acceso a la información se ha convertido en una contra corriente de las políticas de comunicación social.
Pero el caso es un más grave cuando el gobierno de Veracruz desestima su obligación legal de informar. Su lógica de la comunicación social es reactiva más que proactiva. Se establece a partir del costo beneficio. La falta de una política pública de comunicación social es una de las causas de la pérdida de credibilidad, confianza y legitimidad. Las otras son, sin duda, la ineficacia, la improvisación y los yerros políticos e informativos del gobierno.
“Y aunque por la misma razón, haya voces que quieran adjudicar este momento de apertura al nuevo gobierno estatal, la verdad es que se ha logrado a pesar de su intransigencia y opacidad. El gobierno no se ha planteado una prensa libre, sino más bien prescindir de ella, como una visión pragmática del poder. ‘Si no los necesité para ganar, tampoco los necesito para gobernar’ es la conclusión a la que han llegado”, cité en este mismo espacio en abril pasado.
La ausencia de una política pública en comunicación social no es culpa de los medios, sino del gobierno. Suponer que esta política sólo es posible a través de los medios tradicionales, es una excusa absurda e perversa sobre las obligaciones que tiene el Estado en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Este jueves se dio a conocer que Veracruz es el estado peor calificado en el país en materia de entrega de datos que le solicitan por medio de solicitudes de acceso a la información. Que no le interesan los medios porque cuestan dinero, sólo es una consecuencia.
Las del estribo…
- Tras una semana de muy intenso trabajo –la aprobación de la Ley de Ingresos 2018 y el zipizape causado por la remoción del titular de la Fepade-, los senadores Héctor y Pepe estarán juntos este sábado en Pánuco. El de mañana podría ser un evento emblemático y el inicio formal de la batalla electoral del 2018. Hay que estar pendientes.
- Pues fue puro petate del muerto. Los futuros regidores pueden seguir disfrutando sus autos último modelo que adquirieron para empezar a pagar en enero. Resulta que en la reasignación de regidurías –por cuarta ocasión-, sólo en ocho municipios se modificó el orden de las listas. El más damnificado fue Lorenzo Piedra, líder del SUTERM en el puerto.
Comentarios