Rafael Pérez Cárdenas / Diez meses después de iniciar su administración, el Gobernador Yunes instruyó a la Sefiplan revisar o validar adeudos a proveedores y contratistas. Esta disposición -publicada el miércoles 27 de septiembre en la Gaceta del Estado- viene a sumarse a la cadena de mentiras y verdades a medias que ha utilizado el mandatario para ocultar el monto real de la deuda y poder utilizarla como herramienta política.
La oferta del Gobernador no es tal. Se trataría de una nueva estafa. Primero, no tiene por qué publicarse en un decreto lo que es una obligación conferida por la ley a la Secretaría de Finanzas y la Contraloría del Estado. Ese trabajo debió haberse hecho desde la propia entrega recepción del mes de diciembre pasado.
Segundo, el acuerdo señala que sólo se validará la deuda que dejó la administración estatal en el periodo 2010-2016 y no la que se contrate en este gobierno. Es decir, es una disposición selectiva y no de observancia general, por lo que este gobierno no tiene porqué sujetarse a ella. Tercero, la validación tendrá como fecha límite noviembre del 2018 –el último día de la presente administración- y con eso dejará las bases para que la próxima administración pague los pendientes.
En lenguaje para que lo entiendan hasta los diputados, quiere decir que no habrá pago –salvo los que convengan- en esta administración porque la validación les llevará el resto del periodo de gobierno. Que sea el próximo Gobernador quien se encargue de liquidar tales adeudos… o se invente una nueva excusa.
La pregunta obligada es: ¿qué sigue en la ruta mediática y electoral del Gobernador? ¿Las cifras sobre la deuda del estado eran falsas? ¿Se darán a conocer las verdaderas? ¿Por qué este trabajo no se realizó antes? ¿La salida de Tula Guerrero de Sefiplan tuvo que ver con este engaño? ¿Sólo se pagará a quienes se alineen y acepten financiar campañas a Gobernador?
Pues entonces, ¡empresarios y acreedores Yuníos!
Apenas concluido el proceso electoral, el Gobernador electo soltó a sus amanuenses –uno de ellos, Hilario Barcelata, actual director del IPE-, para difundir profusamente que la deuda pública de Veracruz se ubicaba entonces en al menos en 170 mil millones de pesos.
El entonces reconocido académico y hoy fustigado funcionario público dijo sin empacho, ante los miembros de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que en este monto se incluían los 43 mil millones que el estado debería devolver a la Federación por recursos que no ejerció y casi 40 mil millones que son cuentas por pagar sujetas a revisión. Era falso, aún hoy no lo saben.
Ya iniciado el gobierno, se instruyó la creación de una Comisión legislativa especial para conocer la Verdad sobre la Deuda Pública de Veracruz (1998-2016), lo que implicaría que también revisarían las cuentas de los ex gobernadores Miguel Alemán y Fidel Herrera. Meses después, esta Comisión ha desaparecido como consecuencia de que el gobierno estatal se negó sistemáticamente a proporcionar la información para realizar su trabajo.
Antes de ser separado de la Presidencia de la Comisión de Hacienda del Estado, Sergio Rodríguez acusó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no estaba contenta con la reestructuración de la deuda del gobierno estatal avalada por el Congreso y que se siguieran autorizando créditos a municipios, como fue el caso del acalde de Boca del Río, el mismo que aspira heredar la silla de su padre.
De hecho, en el dictamen que autoriza la reestructuración de la deuda, de la forma en que el Gobernador considere conveniente, nunca se consideró el pago a proveedores, porque sencillamente nunca se tuvo esa cifra.
La reestructuración aplicó solamente para los créditos bancarios. La modificación de las tasas de interés y los plazos representan un gran negocio para las arcas patrimoniales del Gobernador, en la víspera del proceso electoral donde habrá de participar su hijo como candidato al gobierno estatal.
El 18 de septiembre pasado, la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) pidió “con todo respeto” al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares “ponerse a chambear y punto“, porque a diez meses de haber iniciado su administración, ya debería contar ya con un plan rector de cómo pagarán las deudas institucionales con proveedores y prestadores de servicios.
Con el decreto publicado la semana pasada en la Gaceta Oficial, acreedores y cámaras empresariales se acaban de enterar que no lo tiene y que nunca existió. Que la estrategia de recuperar lo perdido fue mediante la amenaza y el chantaje –ambos previstos también en el decreto a manera de denuncias penales-, y no con la intención de evaluar la deuda real del gobierno estatal.
En este recuento, no debemos olvidar que hace una semana empresarios veracruzanos se reunieron con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para analizar la deuda a corto plazo con proveedores y contratistas que dejó la administración anterior. La respuesta del Gobernador sorprendió a más de uno: no debemos tanto como se pensaba. ¿Entonces?
Como en el duartismo, la feligresía azul sigue creyendo ciegamente que vive en el paraíso que les ha construido el mesías.
Las del estribo…
- Según una investigación del diario Eje Central, a pesar de encontrarse sujeto a un juicio penal, el ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez logró rematar cuatro casas de Woodlands -el conocido barrios de pillos veracruzanos-, en 2.5 millones de dólares. Ninguna procuraduría mexicana las aseguró a pesar de estar acusado por enriquecimiento ilícito. Más activos al catálogo del vómito negro. Aplaudan cínicos.
- Hoy es 2 de octubre. Es el grito a la memoria selectiva. Cuando está por cumplirse el medio siglo del movimiento estudiantil del 68, muchos protagonistas ya se encuentran arribando a la tercera edad con un país en ruinas. Mientras, cientos de vándalos marcharán hoy al grito de “no se olvida” algo que ni siquiera vivieron, y menos aún, entendieron en su real contexto.
* Columna publicada originalmente para el portal Formato Siete
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