Francisco Berlín Valenzuela* /
A MIS AMIGOS LECTORES:
El siguiente es un artículo sobre el “Financiamiento de los Partidos Políticos”, escrito para ayudar a comprender su compleja problemática, sus antecedentes, perversiones, desnaturalizaciones, alteraciones y reclamos que los mexicanos hacemos para su desaparición.
Se elaboró en dos partes tratando de incluir lo más importante del tema. Se sugiere leerlo completo para su cabal comprensión
Primera Parte
El ameritado abogado Octavio Ruiz Martínez, Director General de la Revista “Jurista”, escribe en el ejemplar número 23, correspondiente al mes de septiembre sobre un tema que resulta ser muy sensible a la opinión pública al estar referido a la forma injusta en que el Estado mexicano subsidia a los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades, en detrimento del avance social y económico del país.
En su importante editorial intitulado: “25,000.00 millones de pesos nos costará la democracia”, analiza los constantes aumentos que han tenido los procesos electorales en México desde que se estableció su financiamiento público en la reforma electoral de 1996, modificada en el año de 2007 e incrementada nuevamente en 2014 con motivo de la inclusión de los partidos en los ámbitos estatales.
Cuando escribí en el “Diccionario Electoral”, publicado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral de América Latina (CAPEL) con sede en Costa Rica, a invitación del Doctor Dieter Nolhen, el tema sobre: “El Financiamiento de los Partidos Políticos” en el año de 1989, lo conceptualicé como: “El proceso por medio del cual se canalizan recursos económicos y bienes y servicios hacia los partidos políticos para posibilitarles el cumplimiento de los altos fines que tienen reservados en las sociedades contemporáneas, dentro de un Estado de Derecho”. Aludí a que la existencia de este tipo de financiamientos se da en aquellos países que encausan su actividad política dentro de los principios de la democracia representativa, por lo que no es viable que lo adopten los regímenes totalitarios que están ajenos al respeto que se debe dar a las personas en sus derechos humanos, ya que lo primero que hace un dictador cuando se entroniza en el poder es prohibir la existencia de los partidos y asociaciones políticas.
Se comprende entonces que el financiamiento de los partidos políticos forma parte del financiamiento de la actividad política propia de las sociedades contemporáneas, constituyendo por lo tanto un tipo especial. Esta es la razón por lo que la ciencia política y la sociología política, “se han manifestado preocupadas por el papel que los recursos materiales y humanos tienen para la conquista del poder y su mantenimiento”.
Destaca entonces en estas disciplinas las referencias a países que encausan su actividad política dentro de un Estado Democrático de Derecho, que han considerado conveniente otorgar apoyos económicos a candidatos, partidos y asociaciones políticas, para el desarrollo de sus campañas electorales.
Seguramente los lectores se preguntarán ¿cuáles son los motivos que han conducido a muchos países a otorgar este tipo de apoyo a sus partidos políticos?, que va en detrimento de su avance social. La primera respuesta que se nos viene a la mente es la de evitar los condicionamientos al comportamiento político de estas organizaciones, a fin de impedir que sus líderes sean susceptibles de actos de corrupción. En segundo término, debe considerarse que si los partidos aceptan financiamiento económico de dudosa procedencia, otorgados para servir a intereses personales y ejercer influencia al interior de los grupos financiados, afectan de esta manera su libertad e ideologías y colocan a la organización al margen de la ética política.
El Estado mexicano aceptó modificar sus leyes electorales en el año de 1996, financiando la actividad de los partidos políticos para que cumplieran adecuadamente sus funciones sin los riesgos que implicaba para ellos el financiamiento privado. Se pretendía garantizar mejores condiciones para que los partidos desarrollaran sus tareas en un proceso democrático sin preocuparse de la obtención económica para su actividad electoral, pretendiendo con ello complementar los ingresos que los partidos obtenían de las exiguas aportaciones de sus miembros, de los donativos que recibían, de los préstamos y de la actividad comercial que desarrollaban, todo esto con la pretensión de nivelar más la participación política con el propósito de evitar “la desigualdad financiera en las contiendas electorales”.
En el análisis realizado en aquel entonces en que nos encontrábamos en los prolegómenos de la adopción legal del financiamiento de los partidos, expresaba: “Las actuales campañas electorales, tanto las de carácter nacional, como las locales y distritales tienen un alto costo para todos los candidatos y partidos, que al no poder cubrirlo, se ven forzados a participar en condiciones muy limitadas y desiguales con respecto a partidos con grandes maquinarias electorales y mayor potencialidad económica. Dejarlos a su suerte para que obtengan los fondos necesarios, recurriendo a patrocinadores y subsidios privados solamente, otorgados con obscuras intenciones políticas, la mayor de las veces, sería convertirlos en instrumentos de poderosos intereses económicos y trastocar los principios democráticos por los principios oligárquicos que acabarían imponiéndose. De ahí, que resulte de importancia capital las vías de obtención de fondos que los partidos puedan seguir y las formas en que consigan los subsidios, las cuales pueden influir considerablemente en la aceptación de sus programas, plataformas políticas y consiguientemente en el triunfo electoral”.
De acuerdo con estos criterios enunciados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de varias reformas ha establecido en la Fracc. II de su artículo 41 el sistema de financiamiento de los partidos políticos, expresando textualmente que: “La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico….”, manifestando a continuación las condiciones y características de este financiamiento.
(Continuará en la Segunda Parte)
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