Se nos hace poco que a Shariffe Osman sólo la inhabiliten por cinco años para desempeñar cualquier trabajo en la función pública. Y es que un funcionario corrupto puede hacer sus cálculos, desviar y hasta robar millones de pesos, dinero que con cinco años de sueldo no se va a ganar, y qué importa si los inhabilitan cinco o 10 años de cualquier trabajo en la función pública.
O usted cree que Álvaro Cándido Capetillo, quien fue inhabilitado por 10 años para desempeñar algún cargo, anda por ahí de perra flaca. El señor juntó muchos millones de pesos de los recursos del Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos, y le valió madre que lo inhabilitaran por 10 o hasta por 20 años. Para él eso es como una merecida jubilación.
En el caso de Shariffe Osman, lo que debería hacerse es investigar bien y fincarle responsabilidades penales para que la señora, al igual que algunos funcionarios veracruzanos, además de la inhabilitación, también conozca la cárcel. No es poco el daño que esta clase de personas causa, sobre todo porque los ponen a cuidar los recursos de poblaciones vulnerables, como son los pueblos indígenas.
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