Rafael Pérez Cárdenas / Durante la última década, los gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera y Javier Duarte, hicieron gala de su capacidad e ingenio para sacarle dinero hasta a las piedras.
A las viejas prácticas del diezmo, la quinceañera o el ventilador -términos con los que se conocen a las comisiones del 10, 15 o 20 por ciento sobre los bienes y servicios contratados-, se empezaron a sumar la simulación de compras y adquisiciones, la realización fantasma de obra pública e infraestructura, así como la triangulación de recursos sin mediar autorización del Congreso.
El daño al erario ya no era sólo por inflar el costo de las obras, sino por entrarle directamente a los recursos públicos destinados a ellas; cuando esto ya no fue suficiente, entonces se inventaron el “novedoso” esquema de la bursatilización, que no era otra cosa que pedir prestado a cuenta de los recursos que llegarían por la vía de las participaciones federales, impuestos, entre otros.
Y como decía don Agustín Acosta Lagunes, “si un gobernador se construye un palacio, sus colaboradores se edifican mansiones”; entonces, funcionarios y presidentes municipales se entregaron al dispendio y la jauja, siguiendo el ejemplo del Gobernador.
Nunca el gobierno –en los tiempos de Fidel Herrera, el precio del barril de petróleo andaba arriba de los 100 dólares, lo que aumentaba las participaciones federales al estado-, ni los presidentes municipales, habían tenido tantos recursos, y paradójicamente, nunca habían quedado tantas deudas a la siguiente administración.
Pero como nada es para siempre y hasta la belleza cansa, un día los recursos empezaron a escasear. El dinero era cada vez menos y los compromisos por empréstitos eran cada vez mayores. Y entonces apareció la licuadora, un esquema de administración parecido a las tiendas de raya de los ranchos: todo entraba al mismo cajón y de ahí se pagaba lo que hiciera falta.
Todos lo sabían, porque cualquier funcionario tenía que hacer gestiones, muchas veces inútiles, para que le tocara turno en la lista de pagos que realizaba Sefiplan. Y aunque todos estaban al tanto, no se había documentado en ninguna investigación hasta que el ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, explicó como se birlaron millones de pesos de su dependencia.
En una nota publicada este martes por el sitio Animal Político, se describe el resumen que la PGR dio de la declaración de Bermúdez, durante la audiencia de vinculación a proceso contra Javier Duarte.
Ahí, el ex Secretario de Seguridad Pública reconoció que hubo malos manejos de recursos públicos; y “aseguró que el ex gobernador de Veracruz firmó un decreto para que el presupuesto de comunicación social, que correspondía a distintas dependencias del estado, fuera manejado y aprobado directamente por la Secretaría de Finanzas estatal”.
“El dinero terminó en proveedores que se dedicaban a emitir facturas pero que no tenía la capacidad de hacer ningún trabajo. Eran empresas de estas de papel”, dijo el funcionario, según cita el portal de noticias.
Pero el caso de Comunicación Social fue sólo en ejemplo. La administración de Javier Duarte emitió una serie de decretos para que recursos públicos –sobre todo de carácter federal- que estaban etiquetados para ciertos objetivos, “fueran desviados para otros fines, con el argumento de que había necesidades urgentes que deberían atenderse.”
Además del caso dado a conocer por Bermúdez, el 19 de diciembre del 2011 el entonces gobernador de Veracruz publicó el decreto 289 en la Gaceta Oficial del Estado, con el que facultó a la Secretaría de Finanzas a tomar recursos de partidas estatales y federales etiquetadas y dirigirlo a rubros distintos.
¿Qué decía ese decreto? Ahí les va:
Se instruye al Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación –en ese entonces Tomás Ruiz González-, “para que determine el pasivo contingente a que haya lugar derivado de la reducción del flujo de los recursos de libre aplicación por la afectación de participaciones federales del Estado, otorgando en todo momento prioridad al cumplimiento de las obligaciones de la operación gubernamental, en especial el pago de salarios a maestros, médicos, policías, y en general a todos los empleados del Gobierno del Estado. De igual manera deberá otorgar puntual cumplimiento financiero, respecto de las prestaciones sociales, a los empleados públicos estatales activos y jubilados. De igual forma tendrá prioridad canalizar fondos para cubrir la creciente demanda social en materia de seguridad pública.”
Es decir, por decreto se decidió que recursos federales fueran utilizados para gasto corriente, así como al creciente gasto en seguridad pública. De la deuda que resultara, se tendría que ir informando al Gobernador. Este decreto resulta, en palabras llanas, la factura original de la famosa licuadora que hasta hoy repiquetea con singular alegría.
Tanto la auditoría federal como la veracruzana han documentado presuntos desvíos que superan los 40 mil millones de pesos en Veracruz, por lo que hay quienes apuestan doble contra sencillo que Javier Duarte podría ser sentenciado a unos 40 años de cárcel, mientras que a Karime la guadaña le caería antes de las posadas.
La del estribo…
- No es por echarles a perder la buena noticia. Dice el INEGI que el desempleo bajó a 3.3 por ciento, la cifra más baja en más de diez años. Pero resulta que México ocupa el lugar 14 en salarios mínimos al mes en América Latina, sólo por encima El Salvador y Nicaragua. En Costa Rica, por ejemplo, el salario mínimo es cuatro veces más alto que en nuestro país.
- Dice el delegado de Semarnat, José Antonio González Azuara, que al amparo de la ley, se reactivaron los trabajos de exploración que realizan las empresas Almaden Minerals, en Actopan, y Candelaria Minig Corp, que forma parte del proyecto Caballo Blanco. La violencia volverá a amenazar a la región.
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