Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
En el nuevo Sistema Penal Acusatorio, la aplicación de la medida cautelar de prisión en delitos que no están considerados como “graves” está sujeta al criterio del Juez de Control. Ha sido práctica común que todos aquellos que fueron servidores públicos en la administración estatal en los tiempos de Javier Duarte, detenidos por la Fiscalía General del Estado, han sido remitidos a prisión. *** Es el caso de quien fungiera como Contralor General del Estado y secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, quien a través de sus abogados gestionó que le fuera cambiada dicha medida cautelar (la reclusión en el penal de Pacho Viejo) por la prisión domiciliaria, con el argumento de que tiene problemas de salud. *** Con un argumento similar se inició el proceso para liberar al exgobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, como parte de la negociación entre el gobierno federal y Miguel Ángel Yunes Linares, para que le fuera autorizada la reestructuración de la deuda. *** Sin embargo, en el caso de Audirac Murillo la petición no prosperó. La juez de control Alma Aleida Sosa Jiménez rechazó el trámite. *** La negativa era de esperarse, pues la instrucción del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, ha sido muy clara a los juzgadores: Ningún procesado por corrupción, vinculado a Javier Duarte o Fidel Herrera, deberá abandonar la prisión, al menos mientras Miguel Ángel Yunes Linares sea gobernador. Se les fue uno -Leonel Bustos, quien fuera titular del Seguro Popular en Veracruz- pero han tomado las medidas pertinentes para no volver a cometer ese error.
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Fue hace menos de dos semanas, el 16 de julio del presente mes, cuando el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares insistió en la urgencia de que el gobierno federal entrara al rescate financiero de Veracruz.
“Estamos pidiendo al gobierno federal que participe del rescate de Veracruz. El gobierno federal debe participar en el rescate de Veracruz por muchas razones y una razón sustantiva es que Veracruz le da mucho a la República, Veracruz le da mucho a México y Veracruz no merece de ninguna manera, los veracruzanos no merecemos vivir en la situación que vivimos”, afirmó el mandatario estatal.
Y, sin embargo, la respuesta desde el centro del país fue siempre la misma: No hay posibilidades de hacer una excepción con Veracruz. A sus autoridades se les sugiere lo mismo que a los gobiernos de todos los estados: en la medida en que ellos hagan un esfuerzo genuino, real, por salir de su crisis, en esa misma medida el gobierno federal habrá de apoyarlos.
El discurso de victimización de Yunes Linares inició incluso antes de que asumiera el cargo, y la postura de la Federación no ha variado. Finalmente el mandatario estatal entendió que para acceder al respaldo de la Secretaría de Hacienda tendría que apegarse a las reglas que ya están plasmadas en la Ley.
Fue así como se encontró una opción jurídicamente correcta (la creación de un fideicomiso que administre la deuda pública de Veracruz, con lo que se librará a esos pasivos del pesado lastre que significa la mala calificación crediticia del estado) que se convierta en el primer paso de los que tendrá que dar la actual administración para conseguir una renegociación total de la deuda.
La voz siempre rebelde de la alianza que hoy gobierna Veracruz, el diputado Sergio Rodríguez Cortés, se atrevió a recordar que Yunes Linares ha manifestado en forma reiterada su rechazo al uso de los fideicomisos.
Una consulta rápida a la hemeroteca nos permite observar que la postura del gobernador ha sido ambigua en esa materia.
El primero de diciembre, en su discurso de toma de posesión, Yunes Linares hizo un recuento de los recursos “mal habidos” que había recuperado hasta ese momento, producto de una investigación que él personalmente encabezó. Ahí mismo, en la tribuna del Poder Legislativo anunció: “Todo lo recuperado será transferido a un fideicomiso que quedará constituido en las siguientes semanas”. Fideicomiso que, por cierto, no ha sido constituido, por lo que persiste la opacidad respecto al destino de los fondos y bienes recuperados.
Casi para finalizar su primer mes de gobierno, el día 28 de diciembre, Yunes Linares advirtió que “con el objetivo de encontrar un equilibrio entre los ingresos y egresos” para el presupuesto del próximo año, “no descartaba la posibilidad de desaparecer fideicomisos, organismos públicos descentralizados y otras instancias gubernamentales que representan un gasto que no aporta ningún beneficio a Veracruz”.
Ya este año, en el mes de febrero, el gobernador propuso al Congreso local desaparecer el fideicomiso para la recaudación del impuesto de la tenencia vehicular, con el fin de que los ingresos por dicho gravamen ingresaran de manera directa a la Secretaria de Finanzas, “para destinarlos al combate a la pobreza y a reforzar acciones de seguridad”.
Apenas el 18 de julio del presente año, Yunes Linares remitió al Congreso local la propuesta para retomar el cobro del impuesto al hospedaje. Dicha iniciativa contempla la creación de un Fideicomiso al cual se destinaría el 90 por ciento del ingreso proveniente del impuesto a la promoción y difusión de las actividades turísticas en la entidad.
Ahora sale a anunciar las bondades de un fideicomiso milagroso, que de un plumazo transforma la negativa calificación crediticia, en una del más alto rango positivo al que se pueda acceder.
Como ha sido el sello de su administración, los mecanismos jurídicos son buenos o malos, según quién sea el que los aplique.
Muy pronto enviará al Congreso otra propuesta, sobre otro fideicomiso, con el que pretende beneficiar, de forma irregular, a empresarios que han sido por muchos años sus patrocinadores.
No falta mucho.
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Epílogo.
El diputado federal Alberto Silva Ramos acudió a la cita en la Fiscalía General del Estado, para informarse sobre la carpeta de investigación abierta en su contra. Acompañado de reporteros y fotógrafos, el excoordinador de Comunicación Social aseguró que probará su inocencia ante las acusaciones de haber desviado recursos en su paso por la administración de Javier Duarte de Ochoa. La Fiscalía inició el trámite de desafuero en contra de Alberto Silva, aunque él asegura que no ha sido notificado, pero que acudirá ante la Comisión Instructora si es requerido. *** La defensa de Javier Duarte apeló la vinculación a proceso que el pasado sábado le dictó un juez federal por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, alegando que la PGR “reformuló la imputación en su contra”. La apelación fue presentada esta miércoles vía electrónica al juez de control Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien la remitirá a un tribunal unitario penal, para que defina si el fallo debe ser confirmado, modificado o revocado. Si se ratificara la decisión del juez, Duarte aún tendría un recurso de amparo. *** Aunque la Fiscalía sigue dando tumbos en los temas más relevantes (como los procesos abiertos contra Javier Duarte) lo cierto es que ha avanzado en temas que son especialmente sensibles. En el ámbito administrativo ha logrado destrabar algunas partidas federales que habían quedado congeladas por las malas prácticas detectadas durante la gestión de Luis Ángel Bravo. Esto permitirá que muy pronto Veracruz cuente con el equipo y los insumos necesarios para la plena identificación de los cuerpos que han sido encontrados en fosas clandestinas. Ahí, donde parecía que nada estaban haciendo, se están logrando avances muy importantes. *** Una lamentable pérdida para Veracruz y para México, el fallecimiento de Ida Rodríguez Prampolini, la creadora del Instituto Veracruzano de la Culturas (IVEC), ese organismo que tan mal ha sido tratado por el actual gobernador, quien es capaz de enviar su “más sincero pésame” a los deudos. Así se las gasta.
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