Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
El 30 de noviembre del 2010, hace seis años con ocho meses, dejó Fidel Herrera el cargo de gobernador de Veracruz. El 12 de octubre de 2016, hace más de nueve meses, Javier Duarte solicitó licencia al cargo de Gobernador. *** Jaime Téllez Marié tiene ya casi ocho meses al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, desde donde ha permitido que la violencia se extienda por todo el territorio veracruzano, y no encuentra mejor argumento para evadir su responsabilidad, que echarles la culpa a los exgobernadores. *** Eso se llama carecer de vergüenza, eso significa que es tan caradura que es capaz de mentir frente a los representantes del Poder Legislativo, a pesar de haber prestado juramento de decir la verdad. *** Ni Fidel Herrera Beltrán, ni Javier Duarte de Ochoa, son responsables de la ineptitud de Jaime Téllez Marié. La forma en que se ha desatado la violencia en la entidad desde su llegada, no sólo confirma su incapacidad para dirigir un área tan importante como la Secretaría de Seguridad Pública, sino que sugiere que podría haber otros intereses en juego. *** No perdamos de vista que durante varios días fueron arrojados cuerpos mutilados en diversos puntos de la entidad, portando mensajes en los que se acusaba a Téllez Marié de proteger a un grupo del crimen organizado. *** Pararse ante la tribuna legislativas para argumentar que “fueron los de antes” los que descompusieron el estado, es admitir que aunque sabía a lo que se iba a enfrentar al asumir el cargo, fue más grande su ambición por “agarrar hueso” en la administración de su amigo Miguel Ángel Yunes Linares, que su conciencia. *** ¿Con esta clase de servidores públicos pretenden “cambiar Veracruz?
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El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, nos pide que tengamos fe. Nos asegura que en el caso que se le sigue al exgobernador Javier Duarte, “no habrá impunidad”.
Mientras tanto, Marco Antonio del Toro, abogado defensor de Javier Duarte, afirma que las acusaciones en contra de su cliente por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita “no tienen sustento y se desinflaron desde la primera audiencia”.
Cuestionado sobre las acusaciones que presentó la Fiscalía de Veracruz, el abogado sólo sonrió y sentenció: “Si éstas (las denuncias del fuero federal) son endebles, (con) las otras te vas de espaldas”.
Es preciso aclarar que nada ha perdido la PGR con la bochornosa actuación de los tres fiscales que envió a la primera audiencia en un juzgado de control. Aunque hayan titubeado, aunque no hayan preparado su exposición, habrá otros momentos del proceso en el que ya se podrán respaldar en la asesoría del personal de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para responder a las simples pero certeras preguntas planteadas por la defensa.
Este sábado, en nueva audiencia, el juez de control adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García, habrá de decidir si vincula a proceso a Javier Duarte y definirá además las medidas preventivas a las que estará sujeto el procesado. En caso de dar entrada a la acusación de delincuencia organizada, la prisión preventiva será de oficio. De lo contrario, dependerá de que los fiscales sustenten con solidez la petición de que Javier Duarte sea mantenido en prisión y del criterio del juzgador.
Es de llamar la atención que el secretario de Gobernación se haya pronunciado por un asunto de estricto carácter judicial, lo que confirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto asume el peso político que tiene este proceso.
“La PGR es una institución que más allá de quienes están al frente, hay hombres y mujeres que están haciendo su trabajo durante muchos años, hay que tener fe en la institución, en el trabajo que van a realizar y esperar a que el proceso siga y derivado de ello, el juez o jueza que le toque este tema y otros pueda resolver conforme a la ley”, sugirió Osorio Chong.
El abogado defensor, Marco Antonio del Toro, llamó la atención sobre lo ocurrido en la primera audiencia. Explicó que la formulación de imputación es definitiva y los hechos que planteó el Ministerio Público de manera sintética fueron que el exgobernador había dispuesto de recursos públicos del Estado de Veracruz, que se habían utilizado para una serie de inmuebles, a través de una red de delincuencia organizada.
“Si se dice que determinados inmuebles ejidales fueron comprados con recursos públicos del gobierno de Veracruz, le pedimos que nos mostrara o nos indicara de qué cuenta, de qué dependencia y en qué fecha fueron extraídos del gobierno de Veracruz”.
Dijo que la defensa planteó cuestiones elementales que no están dentro de los datos de prueba y advirtió que ahora, para la audiencia de vinculación, deberán limitarse a los hechos que quedaron dentro de esa formulación de imputación, ya no otros.
“Me parece que se infló demasiado un globo que ayer se desinfló en su totalidad“, concluyó el abogado.
Muy pronto lo sabremos.
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Epílogo.
Quienes conocemos a Juan Antonio Nemi Dib -al margen de la opinión que tengamos sobre el proceso judicial que se sigue en su contra- tenemos la certeza de que su redacción es pulcra, coherente, apegada a las reglas básicas de la sintaxis. Nada de eso se podía apreciar en la supuesta carta “a la opinión pública” que le atribuyeron. Ya habrá oportunidad de conocer su postura real y la forma en que habrá de enfrentar los señalamientos en su contra. Mientras tanto, vaya nuestro deseo de que goce de buena salud y salga con bien de este trance. *** Lo que se dice en el centro del país es que Alberto Silva Ramos viajó a Xalapa a “encajarle un buen par de banderillas” al gobierno estatal. El diputado federal por Tuxpan acudió a la Fiscalía General del Estado “a informarse” sobre los procesos que se abrieron en su contra. Más tarde, de forma oficial, se aseguró que el legislador no entró a las instalaciones, sino que sólo hizo acto de presencia frente al edificio para montar su espectáculo. Como que ambas partes quieren jugar a ver quién se mueve mejor en los medios. *** Otro tema que sólo se ventila en los medios es el de las elecciones municipales en las que se detectó que se rebasaron los topes de gastos de campaña. Roberto Sigala, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz, aclaró que ellos no han recibido el resolutivo del INE, pero además dejó muy claro en cuáles escenarios se podría considerar la anulación: “Deben darse dos hipótesis: en primer término, debe mostrarse que la candidata o candidato ganador haya rebasado en cinco por ciento el monto total autorizado como tope de gastos; en segundo término, que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea igual o menor a cinco puntos porcentuales”. Haga sus cuentas. *** Acompañando a representantes de cámaras empresariales de la zona norte de Veracruz, el senador Pepe Yunes Zorrilla encabezó una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda Molina, para plantear gestiones y proyectos que ayuden a impulsar el desarrollo de la región. Bien.
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