Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Al cuarto para las doce, a menos de una semana de que se venza el plazo, el Congreso de Veracruz aprobó este jueves las reformas a la Constitución del Estado en materia de combate a la corrupción. La Legislatura será responsable de designar -o de cesar- al fiscal anticorrupción con el voto de las dos terceras partes de los diputados. *** La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se integrará a la estructura de la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque estará dotada de autonomía de acción y decisión para efectuar sus investigaciones sobre los actos de comisión u omisión. *** Se avaló además la creación del Sistema Estatal Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades estatales con todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. *** Para revisar la fiscalización y control de recursos públicos, se contará con un Comité Coordinador y un Comité Ciudadano. *** Parte fundamental de estas reformas es la creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que sustituirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado. Este nuevo órgano será autónomo y formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción. *** Apegado a las directrices de la legislación federal, el nuevo marco jurídico de Veracruz para combatir la corrupción parece sólido. Habrá que revisar si en los hechos funciona como se pretende.
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El mensaje ya lo había mandado desde hace mucho tiempo Miguel Ángel Yunes Linares: “Con mis hijos no se metan, o me van a conocer”.
El pasado lunes el periódico Reforma publicó los dictámenes que ha emitido la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a las elecciones municipales de Veracruz. La nota informaba que al menos 25 candidatos de la alianza PAN-PRD habían rebasado los topes de gastos campaña, por lo que sus triunfos podrían ser anulados.
El tema de fondo fue que el candidato señalado de rebasar en forma más amplia los topes en sus gastos, habría sido Fernando Yunes Márquez, a la fecha candidato electo a la alcaldía del puerto de Veracruz y -¡oh sorpresa!- uno de los hijos del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Ese mismo lunes el gobernador de Veracruz viajó a la ciudad de México. Lo hizo en vuelo comercial y en el aeropuerto “Heriberto Jara” provocó la entrevista con la prensa jarocha. Ahí les dio cuenta de su cargada agenda en la capital del país, lo que –dijo- lo tendría ocupado hasta el miércoles.
Más de uno sugirieron: “Va a defender la elección de su hijo”.
Y es que muchos atribuyen la filtración informativa del lunes a una medida de presión del gobierno federal (o del PRI) para defender la victoria de Miguel Ángel Riquelme Solís en Coahuila, a quien también amenazan con anularle la elección por la misma causa: Haber excedido el tope de gastos de campaña.
El golpe, sin embargo, no llegó solo. Al día siguiente empezaron a circular en redes sociales y en los principales portales de Veracruz fotografías en las que aparecen el propio Fernando Yunes Márquez con Hernán Martínez Zavala, conocido con el alias de “Comandante H”, señalado por las autoridades como Jefe de Plaza de Los Zetas en Coatzacoalcos.
En el Comité Nacional del PRI y en la bancada tricolor del Congreso federal están convencidos de que la visita de Yunes Linares a la Ciudad de México llevaba como prioridad la defensa de su hijo, y justo a esa misma razón atribuyen los dos golpes aplicados al “duartismo”, ambos publicados la mañana de este jueves.
El primero fue el comentario publicado en el portal “Eje Central” que dirige el periodista Raymundo Rivapalacio:
“El gobierno de Guatemala quiere extraditar lo antes posible al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, porque sabe tanto que teme por su vida. En la prisión militar en la capital guatemalteca, don Javier no parece estar en la misma sintonía. De entrada, tiene un teléfono celular, cuyo número (no se lo dé a nadie) es el 50246685310, que no siempre contesta, pero que cuando lo hace, después de preguntar exactamente quién está llamando, dice que no corresponde al veracruzano. Por ese teléfono, dicen los que saben, el exgobernador se comunica con sus incondicionales, varios de ellos diputados federales, como Alberto Silva y Édgar Spinoso, para transmitir amenazas. Sí, leyó bien. Amenazas para intimidar a quienes colaboraron con él en el gobierno de Veracruz para que no se les ocurra comenzar a dar información que pueda incriminarlo, ya sea a la PGR o a los medios de comunicación, que hicieran más difícil que pudiera tener un regreso a México más controlado y con un horizonte cercano para recuperar su libertad”.
Más tarde, el portal “Animal Político” dio la primicia de que la Fiscalía General de Veracruz había solicitado el desafuero del diputado federal veracruzano Alberto Silva Ramos, a quien se le abrió una carpeta de investigación, señalándolo de haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.
En San Lázaro dicen estar sorprendidos. No entienden cómo es que Yunes Linares insiste en demandar el desafuero de sus enemigos políticos, con argumentos tan endebles.
“Miguel Ángel sabe que el destino de este nuevo trámite será el mismo que el anterior, pero no es eso lo que le interesa. Él lo que busca es empatar este recurso jurídico con el que se le estaría abriendo a su hijo. Es una medida desesperada, pues no tiene más municiones. Es evidente que la carpeta está incompleta, pero ordenó que se iniciara el trámite de inmediato, para tener con qué negociar”, mencionó una fuente del Congreso federal.
Curiosamente todas las notas que circulan sobre la solicitud de desafuero en contra de Alberto Silva hacen mención del presunto desvío “de más de 4 mil millones de pesos de 12 dependencias distintas”. Sin embargo, ninguno de los delitos que se plasman en la solicitud de desafuero tiene que ver con la probable apropiación de fondos públicos, sino con fallas de carácter administrativo.
Se le acusa de autorizar el pago de publicidad sin tener el presupuesto para ello, lo que en todo caso –de comprobarse- ameritaría apenas una amonestación administrativa.
El Código Penal de Veracruz define en su Artículo 317 el delito de Abuso de Autoridad y advierte que “se impondrán de dos a ocho años de prisión y multa hasta de 200 días de salario al servidor público que ilegalmente ordene o ejecute un acto o inicie un procedimiento, en beneficio propio o ajeno o en perjuicio de alguien”.
En ese mismo ordenamiento, en el Artículo 319, se habla sobre el delito de Incumplimiento de un Deber Legal y se apunta que “se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de 200 días de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno”.
Y en el Artículo 321 se hace referencia a la Colusión: “Se impondrán prisión de seis meses a seis años y multa hasta de 200 veces el salario, a los servidores públicos que se unan para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la función pública, en cualquiera de sus niveles de gobierno”.
Por supuesto, ninguno de esos delitos es considerado grave, ninguno amerita la medida cautelar de la prisión aunque, como se ha visto, eso es algo que al Poder Judicial de Veracruz, no parece importarle.
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Epílogo.
Durante la ceremonia conmemorativa de la fundación de la Policía Federal, el presidente Enrique Peña Nieto hizo mención especial del Comisario Camilo Juan Castagné y del Inspector Rigoberto Peña, elementos asesinados el pasado mes en Cardel. El Presidente entregó la condecoración Caballero Águila a los familiares de los uniformados que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. El presidente de México anunció que dio indicaciones para que “durante la elaboración de un Código Penal único se revisen las agravantes contra policías” y se sancione de manera más severa a quienes atenten contra ellos. *** Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmaron la validez de la elección, los resultados de las mismas y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula de candidatos que resultó ganadora en siete municipios de la entidad. En sesión pública, dejaron firmes los triunfos de José Allan Riveros Alba, Marcelino Susano González, Daicy Faibre Montoya y Amado Guzmán Avilés, como alcaldes electos de Rafael Lucio, Zontecomatlán, Nautla y Tantoyuca, respectivamente, por la coalición PAN-PRD. También confirmaron la victoria de Víctor Román Jiménez Rodríguez, por Nueva Alianza (Panal) en Naranjos- Amatlán; de Melquiades Alarcón Caro, por la Alianza PRI-PVEM en Las Minas, y de Nicolás Reyes Álvarez, como el próximo edil de Minatitlán, por Morena. *** A pesar de sus limitaciones presupuestales, los magistrados trabajan a marchas forzadas para resolver todos los asuntos que les han llegado.
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