Arturo Reyes Isidoro / La semana pasada se publicó en los medios que el exdirector del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) (Academia de Policía de El Lencero’), Julio César Sosa Mirós, busca un amparo contra una orden de aprehensión de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Si lo hace entonces es que fue denunciado ante esa instancia, aunque no se sabe exactamente por qué delitos, porque salvo el anuncio de su cese el 17 de junio pasado, oficialmente no se volvió a informar más del asunto.
En esa fecha, el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Jaime Téllez Marié, dijo que lo habían echado del cargo por violentar los derechos humanos de 183 cadetes, aunque según comentó uno de ellos luego de reunirse con el Secretario, había señalamientos también de faltas administrativas y hasta de corrupción.
Una primera versión hablaba de que el mismo día de su despido personal de Asuntos Internos de la SSP había ido en su busca con la orden de aprehenderlo, aunque finalmente había sido trasladado a un hospital en calidad de detenido toda vez que presentaba un cuadro severo de alta presión arterial, mientras que su secretario particular Marco Antonio Ortiz Jiménez había sido presentado ante la Fiscalía.
De éste último tampoco se informó algo en forma oficial, aunque todo indica que Sosa Mirós está en libertad pero sabe que se ha procedido en su contra y de ahí que desde el 20 de junio, cuatro días después de haber sido cesado, tramitó el amparo 689/2017 contra actos del Fiscal General del Estado y otras autoridades, para evitar ir a parar a Pacho Viejo.
El suyo es el primer caso de un funcionario de buen nivel del actual Gobierno del Estado al que se ha dado de baja y, por lo que se deduce, al que se ha denunciado penalmente, aunque no se tenga la precisión por qué presuntos delitos. Tal vez por la secrecía a que obliga la indagatoria que se sigue es que no se han hechos públicos los cargos, los que seguramente conoceremos si se hace efectiva la aprehensión.
Pero no deja de llamar la atención que, mediático como es en su accionar en contra de los duartistas presuntos delincuentes, hasta ahora el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no ha dicho ni una sola palabra de quien era su colaborador en una de las áreas más sensibles como es la de la capacitación y formación de nuevos policías que salgan a enfrentar a la creciente delincuencia y a frenar los hechos violentos que también van a la alza.
Quién sabe si está esperando a que se cumplimente el arresto para hacerlo, porque nada fortalecerá más su imagen de gobernador que quiere hacer justicia y aplicar la ley trátese de quien se trate si no es predicando con el ejemplo.
El hecho de que Sosa Mirós busque un amparo, en principio es una señal en ese sentido, pues seguramente tiene información que ha sido denunciado y si esto es cierto entonces es que el gobernador dio luz verde al Secretario de Seguridad Pública para que actuara en su contra y al Fiscal para que no frenara ninguna acción y procediera en consecuencia.
En la experiencia que tuvimos con Yunes Linares como Secretario General de Gobierno en la administración de Patricio Chirinos Calero, Miguel Ángel era el funcionario que no perdonaba a sus colaboradores ni deslealtades, ni omisiones, ni equivocaciones, ni actos punibles dentro de la función pública. Cesaba en el acto mismo y actuaba y llegaba hasta sus últimas consecuencias si habia que aplicar un castigo.
Ahora mismo cuando se está actuando y deteniendo a duartistas y a empresarios ligados al gobierno anterior por presuntos actos de corrupción, no han faltado voces que hablan de vengaza.
“La aplicación de la ley nunca es excesiva, señala expresamente cuándo se aplica, cómo se aplica y por qué se aplica, ahí no hay excesos, no puede decirse que se aplica un poquito la ley o se aplica mucho, se aplica a quien violenta la norma; quien la violenta sabe que puede recibir una sanción”, respondió a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Veracruz que dijo que había sido excesiva la detención del ingeniero César Augusto Morando Turrent, acusado de fraude por la mala calidad de la construcción de la Torre Pediátrica y por no haber concluido la obra.
El caso de Julio César Sosa Mirós se le presenta que ni mandado a hacer expresamente para demostrar que hay piso parejo para todo aquel que actúe fuera de la ley y la normatividad y en contra de los intereses de la administración pública, que es actuar en contra de los veracruzanos, y que así como su gobierno está actuando contra duartistas, hará lo mismo contra quienes falten a la confianza que les dio de formar parte de su equipo de trabajo.
Si se le prueban todos los cargos que le finquen al exdirector de la Academia de Policía y si le aplican la ley no con gracia y justicia sino con justicia a secas, entonces estará dando un gran paso porque la impunidad es el principal motor de la corrupción, y como añadido sentará un precedente para el resto del gabinete, que sabrá qué le espera si echan el gato a retosar y no cumplen con su deber legal.
Hay indicios de que se está actuando pero, insisto, llama la atención que el gobernador no haya dicho algo al respecto hasta ahora. ¿Será acaso por el temor de que al aludir al tema y aceptar públicamente la falla del exfuncionario sería tanto como aceptar que se equivocó al nombrarlo o al dar su aval para que llegara a la Dirección de la Academia de Policía?
Si ese fuera el caso, creo que ninguna otra cosa haría más bien al gobernador que aceptar que se equivocó, de cara a los ciudadanos, darles una explicación y dejarles en garantía su palabra de que no tolerará ningún acto de omisión, de incumplimiento del deber, de abuso del poder, de corrupción, de algunos de sus colaboradores y que en todo caso actuará con toda determinación para actuar en contra de quien desvíe el camino.
Hay algo que los hombres en el poder político o que aspiran a él eluden a toda costa: aceptar públicamente que cometen errores olvidándose que al fin y al cabo son seres humanos, de carne y hueso, falibles porque no hay hombres perfectos. Creo que no han entendido ni aprendido que los ciudadanos, sus representados, queremos semejantes que se equivoquen como nosotros pero que lo acepten y se enmienden, más si están en el gobierno. Cosas tan sencillas como esas son las que dan confianza y otorgan credibilidad.
En ese sentido aunque en otro caso, creo que una grande y preciosa oportunidad que dejó pasar el senador Héctor Yunes Landa fue no haber aceptado que como presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado cometió un error mayúsculo al nombrar como coordinador de asesores de dicha comisión a un hombre ligado por parentesco familiar al gobierno anterior acusado de corrupto, pero también señalado de participar junto con su hermano, presunto periodista metido a política, en casos que rayan en la corrupción o ilegales como tratar de extorsionar a diputados locales al amparo de una cadena de periódicos que tenían o tienen, así como a personajes políticos del distrito de Perote.
Ante el escándalo mediático y en las redes sociales que desató el nombramiento, Héctor tuvo que dar marcha atrás pero en lugar de aceptar que se equivocó y que está dispuesto a escuchar la voz popular como lo haría si llegara al Gobierno del Estado que pretende, salió con un pretexto baladí para tratar de justificarse y en vez de dar un manotazo de autoridad para que el electorado viera que es un hombre de carácter, que cesaba ipso facto al señalado, emitió un comunicado diciendo que éste había “declinado” el nombramiento, o sea que en lugar de quedar bien con la opinión pública prefirió una salida decorosa para el cuestionado, no aceptando, de paso, que si se equivoca es capaz de rectificar, de corregir, queriendo quedar como infalible. O sea, si el otro no hubiera declinado estaría en el cargo no obstante la voz popular de reprobación.
Esperemos, pues, a ver en qué termina el escándalo de la Academia de Policía, el caso Sosa Mirós, y qué actitud adopta finalmente el gobernador Yunes Linares.
Comentarios