La necesidad de los gobernantes para proporcionar seguridad a sus gobernados requiere de servicios de inteligencia, los ciudadanos esperan que éstos sean bien utilizados. No obstante, existen límites, que en nuestro país han sido completamente rebasados por el propio Estado y que sin duda revelan la podredumbre de un sistema y la debilidad de una clase política empantanada en la suciedad de la corrupción.
El espionaje a 88 personajes de la política, de defensores de los derechos humanos y de la prensa deja muy mal parado al Gobierno de Enrique Peña. Y es que los gobernantes en turno no alcanzan a comprender que no es ético, ni siquiera necesario, cooptar a los medios ni a las organizaciones no gubernamentales; lo único que logran es polarizar a la sociedad y perder la poca confianza que tienen los ciudadanos en el gobierno.
Lo cierto es que estos actos de espionaje, sucios y deshonestos, han calado hondo en la opinión pública, ya que sólo los regímenes autoritarios se caracterizan por estas prácticas. Aunque el Gobierno Federal niega los hechos, la sociedad mexicana ya ha emitido un juicio y éste no es favorable para la gobernación actual.
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