Armando Ortiz / El padre de Gibrán Martiz siempre tuvo la razón. Efraín Martiz, padre del joven cantante, estuvo señalando durante el gobierno de Javier Duarte que elementos de la policía fueron los que detuvieron a su hijo. Hizo la denuncia correspondiente y hasta dio el número de la patrulla que se los llevó, recibiendo como respuesta que no había ninguna patrulla con ese número. Pero el padre les demostró que sí y hasta la señaló cuando la identificó. Asimismo, en su afán de justicia, el padre del joven asesinado señaló que de acuerdo con investigaciones realizadas se pudo determinar que el teléfono celular del joven había estado en la Academia de Policía y hasta en un domicilio de la zona de Las Ánimas. El padre se enfrentó al cinismo, a la injusticia y al rostro de la impunidad en la persona de Arturo Bermúdez Zurita, a quien siempre señaló como el autor intelectual de la muerte de su hijo. Arriesgó su vida, recibió amenazas, pero su afán de justicia no claudicó. Efraín Martiz recibió el cuerpo de su hijo acribillado, supuestamente porque había participado en un enfrentamiento entre policías y narcotraficantes. Fue un montaje burdo que mas que desanimarlo, le insuflaron deseos de ver a los asesinos ante la ley. El día de hoy sus esfuerzos están dando frutos. Bermúdez Zurita está en la cárcel y acaban de caer tres de los implicados en ese crimen. Esto sólo lo podría lograr un héroe, un padre de verdad.
Echar abajo pensiones VIP, única manera de salvar al IPE
Ya lo habíamos dicho, el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz hace tiempo que colapsó. Se lo acabó la corrupción, pero también la poca sensibilidad de los pensionados VIP. Nadie, escúchenlo, nadie tiene derecho a una pensión de 100 mil pesos mensuales por muchas décadas que haya trabajado en algún puesto público o frente a algún grupo. Nadie tiene derecho a 90 mil pesos mensuales, a 80 mil pesos mensuales, 70 mil pesos mensuales, 60 mil pesos mensuales, mientras a otros se les dan pensiones de 3 mil pesos mensuales. Muchos funcionarios públicos, como Reynaldo Escobar, Xóchitl Adela Osorio o Raúl Arias Lovillo no merecen la pensión que les asignaron, que se asignaron. Acaso no conocen la máxima de Salvador Díaz Mirón que dice: “Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto”. Es por ello que se debe buscar la manera de revisar esas pensiones, de buscar la forma legal, jurídica o constitucional de echar abajo esas pensiones onerosas. Esa es la única salida que tienen, porque mientras sigan pagando esos altos montos a un grupo de pensionados VIP nunca van a sacar el buey de la barranca. La solución tampoco es esperar a que se mueran; muchos de esos pensionados tienen el cuero tan duro que se ve van a durar muchos años.
No le echemos la culpa al director del INEGI por nuestra discriminación
Tal vez nos hemos acostumbrado, pero por supuesto que muchas personas toman en cuenta, a priori, el color de piel para aceptar o no a una persona. Para muchas personas que se sienten superiores por su color de piel o por su capacidad económica tienen muy adecuado el insulto “pinche prieto” o “indio” a una persona sólo por su color de piel. En alguna ocasión comentaba un escritor, egresado de Letras con mención honorífica y con algunos permios literarios, que una vez pasó demasiado cerca de un ciclista que trabajaba en SEDEMA. El ciclista, de piel clara, lo alcanzó en un semáforo y le dijo desde “naco, indio, ignorante y hasta gorila”. El escritor se disculpó, pero jura que de no ser por el semáforo que dio verde hubiera tundido a golpes a ese sujeto. De modo que Esto lo decimos por el controvertido mensaje de Twitter que lanzara Julio Santaella, director del INEGI, en donde señalaba que “las personas con piel más clara son directores, jefes o profesionistas; las de piel más oscura son artesanos, operadores o de apoyo”. El señor no estaba insultando y mucho menos celebrando la estadística, estaba echando en cara esa predisposición que tienen algunas personas por discriminar laboral o socialmente a las personas de piel oscura.
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