Sabino Cruz V. / Los procesos judiciales en curso, o resueltos, de los ex gobernadores Mario Villanueva de Quintana Roo, Andrés Granier de Tabasco, Jesús Reyna de Michoacán, Luis Armando Reynoso de Aguascalientes, Javier Duarte de Veracruz, Tomás Yarrington de Tamaulipas; y de l@s diputad@s Saúl Beltrán Orozco, Lucero Sánchez, Eva Cadena, Antonio Tarín, etcétera, tendrían que ser un llamado de atención para la designación de la mujer u hombre que contendrá para un cargo de elección popular, entiéndase presidente, senador de la república, diputado federal/local, alcalde, síndico, regidor; o para la titularidad de una secretaria, dirección/coordinador o jefe de oficina.
Atención que no solo corresponde al primer mandatario, los presidentes de partidos políticos, las cámaras, instituciones religiosas u organizaciones civiles que apoyan/impulsan la designación de un individuo, sino también compete a intelectuales, académicos, creadores en todas sus acepciones, marinos soldados, jef@s de familia, trabajadores del campo o de la ciudad, burócratas, jóvenes en edad de votar, etcétera que de manera directa e indirecta serán afectados, lastimados, ofendidos e incluso humillados por las trapacerías del ungido.
La designación/asignación sobre el principio de los valores, méritos civiles y/o académicos del individuo, y no como como en el origen lo planteó Michael Young en la novela futurista El surgimiento de la meritocracia 1870-2033, donde se vislumbra el surgimiento de una estratificación más marcada, en la que el éxito y/o ascenso dependerá de la escuela donde se hayan realizado los estudios, poseer un apellido de abolengo y algunas habilidades mentales, claramente determinadas, quizás ayude a evitar toda la cadena de corrupción que se eslabona alrededor de los funcionarios públicos, o en el mejor de los casos, ahorrarse millones de pesos en la integración de carpetas para demostrar la culpabilidad del imputado.
La meritocracia entendida como competencia probada, cualidad moral, formación humanista, habilidades específicas que debe poseer la mujer y hombre para administrar o representar los intereses de una colectividad, si bien desde la China Imperial, pasando por la Revolución Francesa y hasta nuestros días, algunas administraciones llevaron a cabo –recuérdese a el ex presidente Vicente Fox y Head hunters– sin que por eso haya mejorado mucho la gestión pública, no es argumento que justifique hacerle a un lado. Más ahora en que la rendición de cuentas y transparencia pone en evidencia la deshonestidad o incapacidad para promover un buen gobierno.
Los candidatos y candidatas que buscan ser los administradores de más de ocho millones de veracruzanos, distribuidos en los doscientos doce municipios, es de esperarse que por méritos propios obtuvieron el derecho a contender; como también es de suponerse que les respalda una amplia experiencia en el servicio público, habilidad en el diseño y ejecución de acciones de gobierno, así como en la mediación, concertación, alianzas y pactos con las distintos sectores y organizaciones de la localidad.
En lo que toca a la capital de los veracruzanos, aceptando sin conceder que fueron electos por sus partidos bajo el principio de la meritocracia, algunos son empresarios del ramo educativo, radiofónico, periodístico y del mueble; en tanto que otro es académico, directivo de educación media superior y uno más es líder de colonia. Mediando entre ellos, una amplia o nula experiencia, no solo en la administración municipal, sino en la gestión popular. Situación que se agravará con la comuna que los acompañara, los cuales muchos de ellos, llegarán por la llamada “cuota de partido”, equidad de género o por el criterio de la representación proporcional; además de los funcionarios que ocuparan las principales direcciones.
De privilegiarse el mérito como requisito para ser representante popular, y no seguir la vieja práctica de regirse por el principio del derecho de sangre, “la riqueza heredada, el sexo o la procedencia social”, el desfalco financiero de muchos municipios del Estado no existirían, la inversión pública estaría llevándose a cabo puntualmente, así como la inseguridad estaría bajo control, el pueblo gozaría de buena salud, recibiría educación de calidad, y empleos bien remunerados.
Tanto el ungido como las mujeres y hombres que por cuatro años tendrán bajo su responsabilidad la gestión de sus municipios, habría que someterlos a pruebas rigurosas según el cargo que vayan a ocupar; exigirles sean competente en materia económica, administrativas; que sean perseverantes, tolerantes, dominen sus emociones, tengan tacto para tratar a las personas, flexibilidad en sus decisiones, emprendedores y creativos.
Tarde para estos buenos deseos estando próximo el proceso electoral del 4 de junio, en donde vemos en las planillas de los candidatos, mujeres y hombres sin la más mínima experiencia en la administración pública, pero para tomarse en consideración en la designación de los candidatos y candidatas para el congreso del estado y para la gubernatura.
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