Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
La historia sigue el mismo guión: La tarde de este miércoles la Juez de Control, Tomasa Delgado Serna, vinculó a proceso por los delitos de homicidio doloso e incitación del delito, al líder del sindicato de Tamsa, Pascual Lagunes Ochoa. *** La juez dio un plazo de dos meses para que se concluyan las investigaciones y desechó las imputaciones en contra de Lagunes Ochoa por los delitos de terrorismo, lesiones dolosas, y de homicidio doloso por la segunda persona que falleció en el enfrentamiento que ocurrió en las instalaciones del sindicato de Tamsa. *** Aunque la juez instruyó que el líder sindical sea recluido en “El Penalito”, de Playa Linda, en los próximos días Pascual Lagunes será trasladado a un hospital particular para la atención de sus problemas de salud, y de ahí será remitido a su domicilio. *** ¿Les parece conocida esta historia? Se trata sólo de la falta de imaginación de quienes le operan los temas judiciales al gobernador de Veracruz. *** El chiste es no admitir el error, y en todo caso hacer responsable al Poder Judicial.
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Qué complicada tarea le han encargado el titular de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, el panista Sergio Hernández Hernández. Por instrucciones de su jefe político, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, debe defender a toda costa al Fiscal del Estado, Jorge Winkler, de los ataques que le lanzan los “enemigos de Veracruz”.
No importa que tache a los legisladores –a todos- como “una bola de corruptos”, o que desprecie la lucha de familiares de personas desaparecidas, o que juegue a voluntad con la secrecía que, por ley, deberían conservar todas –sí, ¡todas!- las investigaciones ministeriales.
En opinión de Sergio Hernández (o al menos eso es lo que le han ordenado que opine) la petición de juicio político en contra del fiscal no es más que “un capricho” (no dice de quién, pero para no romper la línea discursiva de su jefe, debe ser un capricho de Andrés Manuel López Obrador, su nuevo enemigo).
Sergio Hernández argumenta que no hay fundamentos legales: “Existen causales muy precisas para iniciar un juicio político y no las cumplen”, señala.
El Artículo 77 de la Constitución del Estado señala que el Fiscal de Veracruz, lo mismo que otros servidores públicos, “podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho”.
Ahí le van algunos “fundamentos legales” emanados del Código Penal para el Estado de Veracruz, para actuar contra el fiscal:
Discriminación de las Personas: Artículo 196.- “… A quien, por razón de edad, sexo, género, embarazo, estado civil, origen étnico o nacional, lengua, religión, ideología, modificaciones corporales, preferencia sexual, color de la piel, condición social o económica, trabajo, profesión, características físicas, discapacidad o condición de salud, o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana (…) Al servidor público que en ejercicio de su función, incurra en alguna de las conductas previstas en este artículo o niegue o retrase a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, además de las sanciones previstas, se le impondrán destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo lapso de la prisión impuesta”.
El diputado podría conocer la opinión de los grupos que se han formado para buscar a familiares desaparecidos y sabrá si el fiscal las ha discriminado.
Incumplimiento del deber legal: Artículo 319.- “Se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno”.
¿Necesita Sergio Hernández que se le explique en qué casos el fiscal ha incurrido en prácticas que se encuadran en este delito?
Falsas denuncias y simulación de pruebas: Artículo 338.- “A quien ante la autoridad impute falsamente a una persona un hecho calificado como delito, o simule en su contra la existencia de pruebas materiales, se le impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario”.
De este tema los duartistas hospedados en Pacho Viejo tendrán mucho material.
Revelación de información reservada: Artículo 348. “Al servidor público que, por cualquier medio, facilite información sobre mandamientos expedidos por autoridad judicial y tenga como consecuencia que se evada de la acción aquel contra el que vaya dirigido, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión, multa hasta de cincuenta días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la prisión impuesta. Igual sanción se aplicará al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la investigación ministerial”.
Cuando guste se le puede presentar un recuento de las ocasiones en las que el fiscal ha revelado información que poseía en virtud de su cargo, pero que no debía hacer pública.
¿Necesita más “fundamentos legales” para permitir que la solicitud de juicio político siga sus cauces?
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Epílogo.
Para aquellos que abanderan la causa de la alianza PAN-PRD y que se suman al proyecto político de Miguel Ángel Yunes Linares, es pertinente que pongan atención a lo que la actual administración estatal está haciendo en materia de “género”. Este miércoles se desintegró el Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM). Todas las que lo conformaban presentaron su renuncia y denunciaron que del primero de diciembre de 2016 al 30 de abril de 2017 (período que lleva en el cargo de gobernador Yunes Linares) se han registrado 94 asesinatos de mujeres. Criticaron, además, “el desaseo” dentro del IVM. Señalan que a partir de que se designó a Sara Gabriela Palacios Hernández como encargada de oficina, no se les provee de información que permita realizar su labor. *** Y ya se puede entender lo “complejo” que le parece al actual gobernador el tema de la inseguridad. Tan sólo en las últimas horas, en el sur de la entidad, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida a un costado de la carretera Minatitlán- Coatzacoalcos, cerca del basurero municipal. La tarde del miércoles fue localizado un joven de unos 29 años de edad, ejecutado a balazos a un costado de la autopista Nuevo Teapa- Cosoleacaque cerca del panteón de Mapachapa; el cuerpo estaba tirado debajo de un árbol y con una herida de bala en la cabeza. En la Plaza del Sol, de la colonia Palma Sola, fue hallado el cuerpo sin vida de un vigilante. Por las huellas que mostraba el cadáver, se presume que al menos recibió ocho puñaladas. Y en la avenida Pedro Moreno entre Juárez y Zaragoza, de Coatzacoalcos, transportistas de fletes bloquearon la circulación, paras exigir la localización de uno de sus agremiados, quien conduce la unidad número 37 a quien le solicitaron un flete y desapareció. El nombre del transportista desaparecido es Aurelio López Soto quien fue visto por última vez cargando gasolina en la avenida Zaragoza. *** Ya está concluyendo el sexto mes y no se ven los resultados prometidos.
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