Maryjose Gamboa / A pesar de la decena de tratados internacionales que México ha firmado en materia de protección a los derechos humanos, a pesar de la presión ejercida por organizaciones no gubernamentales y activistas sociales para la modificación de leyes que verdaderamente garanticen el respeto a los mismos, a pesar incluso de la reforma al sistema de justicia penal en nuestro país para lograr uno más “acorde” a la tendencia mundial sobre este tema, la realidad es que a la hora del debate para modificar de fondo el marco jurídico que proteja las garantías individuales, los legisladores federales que conforman las Comisiones encargadas de dictaminar, se han negado a comprometerse con los derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Ni tan derechos, ni tan humanos los argumentos bajo los cuales sigue detenida dicha ley en el Congreso de la Unión. Los diputados federales se niegan a aceptar las modificaciones que los Colectivos de búsqueda de Personas Desaparecidas de todo el país, piden que se incluyan en la nueva Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.
La señora Aracely Salcedo, representante del Colectivo Córdoba-Orizaba, quien estuvo presente durante el plantón que Colectivos de toda la república realizaron frente al Cámara de diputados, a través del diputado de su distrito Rogelio Rodríguez, el próximo martes solicitarán al congreso local, que emita un exhorto para que dichas modificaciones sean contempladas y aprobadas en una sesión extraordinaria, ya que esta ley contempla un presupuesto que no entraría dentro del que se aprueba en noviembre para el próximo año, si esta sigue en la congeladora:
“Lo que pedimos es que así como esta ley se ha construido durante dos años en conjunto con los Senadores, ahora los diputados federales, el diputado César Camacho del PRI que es a quien se lo hemos pedido en varias ocasiones, nos tome en cuenta y trabajen durante el receso legislativo en el proceso de dictaminarla. Es urgente contar con una legislación que responda al nivel de crisis de nuestro país y de las necesidades de las víctimas. Es fundamental que cuente con recursos necesarios para que se pueda implementar de manera efectiva cuando entre en vigor. Que esta ley se apruebe tal cual viene propuesta por el Senado… Sabemos que aún tiene algunas fallas, pero es importante que al menos se protejan los avances que se han logrado y se promuevan reuniones entre el Movimiento de Nuestros Desaparecidos en México y la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión para que escuchen nuestras preocupaciones y propuestas sobre esta ley”, afirmó la señora Aracely Salcedo.
Y tiene toda la razón, porque aunque se ha logrado ya que se apruebe a nivel federal y estatal la Ley General del Víctimas, el punto central es que nos sigamos preocupando más por proteger a las víctimas, que ocupándonos en evitar que estas existan… Es decir, la Ley General de Víctimas busca garantizar el acceso a la justicia a todas y cada una de ellas, pero la Ley de Desaparición Forzada (cuando hay un agente del estado involucrado) y Desaparición por Particulares, es la que GARANTIZARÍA que se redujera de manera importante el número de desaparecidos que se siguen registrando en todo el país.
Desde luego que desde el congreso local contarán los Colectivos del estado con el apoyo que requieran para que esta solicitud llegue al congreso federal, pero en la respuesta de este quedará perfectamente claro el grado de compromiso que verdaderamente el estado mexicano tiene con la protección de los derechos de las y los ciudadanos, ya que no debemos pasar por alto que más del 90% de los impuestos que se recaudan a nivel nacional, se queda en la federación, y sólo es un porcentaje mínimo el que se regresa a los estados para que estos puedan lograr las garantías de seguridad de sus habitantes. Y ahí está el detalle… SE NIEGAN a proporcionar más recursos a los estados para que las búsqueda de personas desaparecidas sea efectiva a modo que estos sean rescatados CON VIDA.
Y hablando de…
Aprobada la nueva Ley de Víctimas para el estado de Veracruz, la cual propone un cambio paradigmático en el reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, el Congreso emitió ya la convocatoria pública para la elección e integración de la Asamblea Consultiva, órgano de opinión, asesoría, consulta, de carácter eminentemente ciudadano, de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.
A partir del día de mañana y hasta el próximo viernes, el congreso local recibirá los documentos de quienes deseen ser parte de dicha Asamblea que garantiza la autonomía y la eficiencia de la nueva Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado. La Asamblea Consultiva estará constituida por nueve integrantes: Tres representantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos, tres representantes de organizaciones no gubernamentales y tres académicos, que serán electos por el Congreso, y cuyo cargo será honorífico por un periodo de cuatro años.
Los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a conformar dicha Asamblea, son los siguientes: Experiencia local, nacional, o internacional en trabajos de protección y atención integral de víctimas. Desempeño destacado en actividades profesionales de servicio público, sociedad civil o académicas. Experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados en materias afines a la Ley. Que sean ciudadanos veracruzanos o con vecindad mínima de tres años en el estado. Que cuenten con 30 años cumplidos. En el caso SOLO DE LOS ACADÉMICOS, que cuenten con título profesional, preferentemente con estudios de posgrado. Que no hayan sido condenados por delitos DOLOSOS. Que no hayan sido ministros de culto religioso, DIRIGENTES DE ALGÚN PARTIDO POLÍTICO, Ni CANDIDATOS a algún cargo de elección popular.
Los documentos que deberán presentar son: Un escrito de exposición de motivos de la organización o institución proponente. Currículum Vitae, firmado por el aspirante. Copia certificada del acta de nacimiento. Carta de residencia en caso de no haber nacido en el estado. Y carta del aspirante, bajo protesta de decir verdad, que reúne todos los requisitos exigidos en la Convocatoria.
Dos días hábiles a partir de la conclusión de la recepción de propuestas, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y la Comisión Especial para garantizar el derecho a la Verdad revisarán los expedientes, y una vez concluida esta revisión en los 10 días posteriores se entrevistarán a las y los aspirantes, se rendirá un Informe al respecto a la Junta de Coordinación Política del congreso local, y finalmente se formulará el Proyecto de Punto de Acuerdo donde se propone a los Integrantes de la Asamblea Consultiva para que sean aprobados por el pleno.
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