Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Fernando Kuri Kuri es Presidente de la Comisión Instructora en el Congreso local. Él participó en el análisis (y rechazo) de la solicitud de juicio de procedencia contra el alcalde de Fortín de las Flores, Armel Cid de León Díaz. Él es uno de los agraviados con las expresiones injuriosas de Jorge Winkler. *** “Quien detenta el cargo de Fiscal General del Estado debe ser una persona con probada capacidad, no sólo para enfrentar el delito, sino también para contener sus pasiones y frustraciones personales”, le respondió Kuri al imberbe jurista. *** Y no se quedó ahí: “Las diputadas y diputados de Veracruz no somos empleados del Fiscal General, para recibir un trato prepotente, que denota serias dificultades para desempeñar el cargo”, le aclaró. *** Y finalmente se refirió al comunicado emitido por Winkler para disculparse: “No señor Fiscal, no le aceptamos la disculpa. Usted demostró incapacidad para conducir a la Fiscalía General del Estado. Usted no cuenta con el perfil idóneo para revertir el serio daño que está haciendo la delincuencia a la entidad. ¡Usted debería presentar su renuncia por incapacidad para ejercer el puesto que detenta!”. *** Ya debería haber entendido el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que su leal escudero se colocó en una situación insostenible. Antes de que lo meta en un lío más gordo, debería ordenarle que renuncie. Total, así como lo puso, así lo puede quitar. Esa es la ventaja de ser el titiritero.
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En este mismo espacio se anticipó hace poco más de un mes. El artículo fue titulado: “Van contra Xóchitl Osorio”, y en él se hacía referencia a que uno de los objetivos de la actual administración era la que fungiera durante un breve lapso como Oficial Mayor de la SEV, Carol Jéssica Moreno Torres.
En aquella ocasión explicaba que Enrique Pérez, en su calidad de titular de la Secretaría de Educación, no había podido revelar los nombres de quienes estaban siendo investigados, pero que sí los pudo filtrar:
“Hoy se sabe que tres de los implicados en tales denuncias son: La exsecretaria de Educación, Xóchitl Osorio Martínez; la que fuera Oficial Mayor de la SEV, Carol Jessica Moreno Torres, y quien ocupara el cargo de directora de Recursos Financieros en la misma dependencia, Claudia Ivette Vázquez Aiza”.
La maquinaria de la venganza ya se echó a andar y algo contundente tienen que sacar en las próximas semanas, algo que abone al proyecto político de Miguel Ángel Yunes Linares y que pueda ser utilizado como bandera por los candidatos de la alianza PAN-PRD.
¡Les urge!
Las razones por las que se decidieron por funcionarios de la Secretaría de Educación son obvias. En primer término, es la oficina de gobierno con el mayor presupuesto, mucho del cual proviene de la Federación. El principal objetivo (más importante, incluso, que la propia Xóchitl Osorio) es Carol Moreno Torres, por una sola razón: es cuñada del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pues está casada con uno de los hermanos del tabasqueño.
El argumento suena absurdo, más si se considera que Arturo, el hermano del “Peje” ha manifestado en múltiples ocasiones su preferencia por el PRI, y su distanciamiento de su hermano. Sin embargo, para los estrategas de la guerra sucia “la sangre es la sangre” y tachando a un López Obrador de corrupto (aunque el proceso sea contra su esposa) calculan que alcanzarán a manchar ese plumaje que jura el dueño de Morena que es impermeable.
Además de ser la cuñada de López Obrador, la ex oficial mayor de la SEV tiene otro atributo: es hermana de Jesús Moreno Torres, quien fungió como “encargado del despacho” de la subsecretaría de Finanzas y Administración en la recta final de la administración duartista.
El Contralor del Estado, Guillermo Moreno Chazzarini, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia en contra de Jéssica Moreno, a quien señala de haber desviado 80 millones de pesos mediante el uso de “empresas fantasma”, que habrían simulado la prestación de servicios o la venta de productos.
Llama la atención, sin embargo, que el proceso contra la que fuera Oficial Mayor de la SEV se realice con tal cobertura mediática, lo que podría provocar que la señalada tuviera tiempo de escapar, o en todo caso de recurrir a la protección de la justicia federal frente a una eventual orden de aprehensión.
En los casos de Arturo Bermúdez, Mauricio Audirac o Francisco Valencia, exfuncionarios estatales que hoy están en la cárcel, incluso en el caso de Flavino Ríos Alvarado, las denuncias en su contra se presentaron con total hermetismo, con el afán de que los hoy procesados fueran tomados por sorpresa y no evadieran la acción de la justicia.
¿Qué hace diferentes los temas de Jéssica Moreno o de Carlos Aguirre?
¿Por qué con ellos sí se difunden las actuaciones jurídicas?
Todo parece indicar que en la actual administración estatal hay una aplicación selectiva de la justicia.
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No pudieron escoger peor día para meterse con la mamá del magistrado presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien fue acusado de ocupar dicho cargo de forma ilegal “porque no es mexicano, sino guatemalteco”. El tema fue aclarado de inmediato. El propio Sigala Aguilar afirmó que nació en la capital del país y así lo constataron en su momento en el Senado de la República, filtro que tuvo que pasar para acceder al cargo que hoy ostenta. Admitió, porque no es ningún delito, que su madre y sus hermanas sí nacieron en Guatemala. Asunto cerrado. *** Ahí estaba el cuerpo sin vida. Algo material, tangible, no producto de la “percepción”. Se trataba de un varón de entre 40 y 50 años de edad. Apareció a un costado de la carretera de Sumidero a Dos Ríos, en el municipio de Ixtaczoquitlán. Por las huellas que se percibían a simple vista, el sujeto fue torturado y ejecutado. *** Y no, no se trata sólo de la “guerra de la delincuencia organizada”, no se trata sólo de delitos del fuero federal. La noche del martes, empleados de una tienda de la colonia Benito Juárez Sur, de Coatzacoalcos, fueron víctimas de un violento asalto a manos de dos delincuentes, quienes se llevaron dinero en efectivo. A punta de pistola los delincuentes – quienes llegaron a bordo del taxi marcado con el número 4089- sometieron a clientes y empleados y vaciaron la caja registradora. No, en esta ocasión no se trató de “sólo cien pesos y una cocacola”.
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