Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
No tenía forma de ocultarlo. Finalmente el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, admitió que en diciembre la dependencia a su cargo hizo una adjudicación directa (sin convocatoria de por medio) por un monto de 196 millones de pesos, para la compra de medicamentos. Su argumento fue que eran “de necesidades urgentes”. *** Ya en este espacio se había advertido que las primeras inversiones que realizó la administración de Miguel Ángel Yunes Linares fueron en los rubros de salud y en las cárceles, casualmente las áreas en las que el actual gobernador ha trabajado y de donde provinieron –se asegura- buena parte de los recursos para el financiamiento de su campaña electoral. *** Yunes Linares será duro para pagarles a los proveedores que traen arrastrando deudas desde la administración de Javier Duarte, pero a los suyos, de inmediato y sin trámite alguno, les hizo llegar dinero fresco. *** Las consecuencias de esta irregular forma de contratar ya se están viendo. Este jueves, durante una visita del gobernador Yunes Linares al Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio”, se le acercaron pacientes del área de hemodiálisis, quienes se quejaron de que no les brindan la atención de forma oportuna. *** El doctor Suárez Villa admitió que el proveedor de esos servicios fue cambiado, y adjudicado de manera directa (una vez más, sin licitación) a la empresa Esterinova. ¿De dónde cree usted? ¡De Puebla!, estado en el que, por cierto, laboraban el propio Suárez Villa y su esposa, la directora del DIF, María Laura García Beltrán, antes de ser incorporados por el gobernador de Veracruz a su equipo de trabajo. *** ¿Cambio? ¡Por supuesto! Se fueron unos rateros y llegaron otros.
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Pretendieron que funcionara como nueva cortina de humo, para tapar de alguna forma el “levantón” del que fueron víctimas el General Martín Cordero Luqueño, director de Seguridad Ciudadana de Boca del Río, así como el Subdirector de Tránsito, Ramón Herrera Ramírez, un perito de Tránsito y un operador de Protección Civil municipal, la mañana del jueves.
El secretario de Educación en Veracruz, Enrique Pérez, pretendió dar “la nota” con el anuncio de que fueron presentadas “más de seis” denuncias penales contra ex funcionarios de la SEV por “delitos relacionados con el servicio público”.
La noticia no tomó fuerza por una razón: El titular de la SEV no dio los nombres de los señalados en esas denuncias, porque “faltaría a la secrecía”.
No pudo dar los nombres en una entrevista formal, pues corría el riesgo de ser sancionado, pero lo que sí pudo hacer Enrique Pérez fue “filtrarlos”.
Hoy se sabe que tres de los implicados en tales denuncias son: La exsecretaria de Educación, Xóchitl Osorio Martínez; la que fuera Oficial Mayor de la SEV, Carol Jessica Moreno Torres, y quien ocupara el cargo de directora de Recursos Financieros en la misma dependencia, Claudia Ivette Vázquez Aiza.
Se trata, pues, de presuntas irregularidades detectadas en la recta final de la administración de Javier Duarte.
Hay una anécdota que se convirtió en chiste y circuló en los pasillos de Palacio de Gobierno.
En alguna ocasión, siendo ya secretaria de Educación, la maestra Xóchitl Osorio externó su preocupación de que las acciones que estaba tomando tuvieran consecuencias jurídicas. La respuesta que recibió la dejó muda: “No se preocupe maestra, por su edad, ya alcanza prisión domiciliaria”.
Por lo que se está viendo, la maestra Xóchitl Osorio tenía razón. Los expedientes están en poder de la Fiscalía General del Estado y una vez listos, habrán de remitirse al Poder Judicial para gestionar las respectivas órdenes de aprehensión.
Hay quien asegura que este fin de semana se daría el primer “zarpazo” en el área educativa.
La intención es “echar tierra” al tema del “levantón” al militar en funciones de policía en el ayuntamiento de Boca del Río.
Esta es la segunda llamada de las bandas del crimen organizado para el gobernador. La primera fue la aparición de 11 cadáveres en el fraccionamiento La Tampiquera de Boca del Río. Ahora, a pocos metros de distancia de aquel primer “aviso”, a la altura del puente peatonal del Infonavit El Morro, la camioneta en la que viajaba el titular de seguridad municipal (unidad 216 de Protección Civil placas XV73339) fue interceptada a las 9 de la mañana de este jueves.
Las cuatro personas que viajaban en el vehículo fueron sacadas bajo amenazas y subidas a otros vehículos.
Horas más tarde el Grupo de Coordinación Veracruz anunciaba en un breve comunicado informó que el General Cordero Luqueño se encontraba en sus oficinas “en perfecto estado de salud”.
Mientras tanto, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, cansado ya de justificar la ineficacia de su policía, terminó por echarles la culpa a las autoridades federales. Dijo que los crímenes de alto impacto que se han suscitado en fechas recientes están relacionados con la delincuencia organizada, por lo que la responsabilidad es del gobierno federal. Presumió que en lo que se refiere a los delitos del fuero común, estos han bajado “de diez a uno”.
Ya podemos dormir tranquilos. Ya no más robos de cocacolas y cien pesos.
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Epílogo.
Y para alimentar nuestra “percepción” sobre inseguridad, baste mencionar que ayer en Tuxpan, en la calle Ayuntamiento esquina con Heriberto Jara Corona, de la colonia Rafael Murillo Vidal, un sujeto identificado como Gregorio del Ángel, alias “El Goyo”, se enfrentó a tiros con la policía y terminó muerto. “El Goyo” portaba un rifle AK-47 y tenía nueve cargadores abastecidos. *** Ya lo tuvo que admitir Miguel Ángel Yunes Linares: su “extraordinario” ajuste al gasto corriente apenas llegará a mil millones de pesos, cuando él mismo señala que el déficit que presentan las arcas estatales es de 22 mil millones de pesos. A final de cuentas no será mucho lo que pueda corregir. Ya verán que el próximo año les dirá a los veracruzanos que para lograr el equilibrio financiero, es necesario que alguien identificado con su proyecto continúe con la tarea que él inicio. No importa que sea su hijo.
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