Rafael Pérez Cárdenas / Llega abril y hay que hacer la declaración anual. En nuestro país, es una regla que los impuestos –en particular el ISR- son una obligación para los jodidos y una cortesía para los profesionistas y los empresarios. Por supuesto que a nadie le gusta pagar impuestos, pero resulta que quienes ganan menos son los que menor posibilidad tienen de librarla, cuando en realidad, ahí es donde se debería reflejar la equidad en el ingreso de la gente
En México, los más ricos son los que menos contribuyen al Impuesto sobre la Renta. La recaudación entre ese grupo apenas es el 10% del impuesto, muy por debajo de países de Europa y Norteamérica, según ha dicho la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
Además, los impuestos que están pagando el 10% más rico sólo equivalen al 5% de su ingreso disponible, lo que implica que nuestro sistema tributario sea “seis veces menos efectivos que los europeos en lo referente a la redistribución de la riqueza y la reducción de la desigualdad”, según la misma fuente.
Esto se debe en parte a que en materia de impuestos, el gobierno tiene un doble rasero: generoso con las grandes empresas -entre 2015 y 2016, el gobierno federal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), le perdonó a 15 empresas el pago de impuestos por al menos 15 mil millones de pesos- e implacable con los pequeños contribuyentes.
De acuerdo con el informe Privilegios Fiscales, que presentó la organización Fundar en septiembre pasado, esas 15 personas morales a las que se les cancelaron sus adeudos, representa que el “0.26% de los contribuyentes que recibieron un beneficio en este periodo, acumularon el 31% de las cancelaciones”. Así de selectivo es el SAT.
Pero la baja recaudación no es el único problema. La evasión fiscal en México asciende hasta 40%, situación que en los últimos años se ha agravado.
Un caso muy particular son los médicos. Resulta que para que el SAT reconozca como deducibles los gastos en servicios médicos y hospitalarios, estos deben hacerse por vía electrónica o con tarjeta de crédito; sin embargo, ninguna autoridad fiscal obliga a los médicos a que cuenten con una terminal en su consultorio.
¿Y qué pasa además si el paciente, por las razones que sea, no cuenta con una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria? Pues el trámite se vuelve engorroso porque tiene que asistir a una sucursal a realizar el pago al médico, mucho antes de siquiera asistir a la consulta. En esos casos, los médicos prácticamente orillan al paciente a que lo haga en efectivo.
Muchos galenos, sin importar el costo de la consulta, han encontrado la salida fácil de cobrar en riguroso cash sus honorarios o gastos por tratamientos médicos, evitando así el pago de los impuestos respectivos y trasladándolos indirectamente a los pacientes, al no poder deducirlos.
Si consideramos que un médico general cobra a razón de 600 pesos cada consulta y un especialista entre mil y mil 200, resulta que a diario el SAT pierde millones de pesos en todo el país, de los cuales sólo recupera una pequeña parte, en virtud de que los pacientes no los pueden hacer deducibles, y por tanto, el SAT no lo devuelve. Pero en estricto sentido, nunca entran al erario, por lo que esa recuperación es ficticia.
Aún a sabiendas de que esto sucede, el SAT no reconoce las facturas que hayan expedido los médicos, por la absurda razón de que el pago no fue hecho por ningún medio electrónico. La pregunta es: ¿entonces cuál es el sentido de que los doctores expidan facturas con todos los requisitos fiscales si estas no tienen ningún valor para el SAT? Y así podemos citar otras profesiones.
De tal forma, el SAT exprime principalmente a los más jodidos. En México, un trabajador asalariado que gana 14 mil pesos mensuales brutos por trabajar 10 horas al día, debe pagar al menos dos conceptos ineludibles: uno de 1 mil 881 pesos por el pago de ISR y de 206 pesos por la contribución al IMSS. Son 2 mil 087 pesos menos que lo dejan con un ingreso de 11 mil 913 pesos mensuales.
En este caso se encuentran 45.3 millones de personas físicas y asalariados registrados en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que pagan impuestos directos de sus salarios o ingresos. Son contribuyentes cautivos que representan la primera fuente de ingresos para el país y este año contribuirán con 42% del gasto público. Son uno de cada tres mexicanos que paga ISR, el impuesto que más aporta al presupuesto seguido del IVA.
Su participación tributaria rebasa incluso los ingresos petroleros, que aportan algo así como el 25% del presupuesto, de acuerdo con las previsiones de la Ley de Ingresos. Y de ellos proviene parte de los recursos para programas sociales, infraestructura y gasto corriente de la administración pública, incluidos los salarios de los funcionarios que consumen casi 70% del presupuesto.
Así, no importa qué tanto hayamos avanzado en el tema de la modernización administrativa en el Sistema de Administración Tributaria. Los impuestos siguen siendo una obligación de los jodidos, para los que no tienen la manera de evadirlos, porque todos los demás, gozan de un sistema ineficaz e inequitativo.
Las del estribo…
- A pesar de que los estatutos del PRI establecen una cuota de candidatos para personas con discapacidad, resulta que al único aspirante que se inscribió –por el municipio de Tonayán- le fue negado el registro, argumentando presiones políticas del alcalde. José Antonio Aguilar no sólo enfrenta su discapacidad sino que también labora en el Comité Estatal de ese partido. Así las cosas.
- El Seguro Popular hizo millonarios a muchos en sólo seis años. La mayoría de ellos disfruta con tranquilidad sus nuevas fortunas. Y aunque las cabezas empiezan a caer, los cierto es que del dinero robado nada sabemos.
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