Emilio Cárdenas Escobosa / Si hay un hecho cierto y prácticamente incuestionable en los días que corren es la desconfianza ciudadana en las instituciones. Agravios y pobreza acumulados por décadas y un pantanal de corrupción, impunidad y abuso de poder en el que retozan la mayoría de los políticos explican el abismo existente entre la forma en que viven el ciudadano de a pie y la rapaz clase política que padecemos.
Por ello hay una enorme desconfianza en la política porque una vez que pasan las elecciones, pese a promesas y ofertas de cambio, la gente no aprecia una mejoría palpable en su vida cotidiana; persisten la pobreza, la inseguridad, la corrupción e impunidad, la desigualdad y la falta de oportunidades. La ciudadanía siente que fue engañada y esto, obviamente, erosiona más y más la confianza de la población en la democracia y en las instituciones.
Un elemento central para que la relación entre la sociedad civil y la sociedad política transite sin mayores sobresaltos en cualquier nación que se precie de ser democrática es la confianza en la aplicación de la ley. Sin embargo su plena vigencia y el funcionamiento de un sistema judicial justo, predecible y confiable, así como la existencia de garantías para salvaguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos, siguen siendo aspiraciones constitucionales y demandas cotidianas de la población.
Nuestra sociedad reclama profundos ajustes al funcionamiento de los órganos del Estado y a sus instituciones. El déficit es mayúsculo en la operación de los cuerpos policiales y su permeabilidad a la corrupción y delincuencia organizada, en la ineficacia del sistema de seguridad en su conjunto, en la actividad burocrática y corrupta de los Ministerios Públicos que han dejado atrás por mucho su carácter de representantes sociales, en las excesivas trabas burocráticas de los poderes judiciales en los estados, en la dificultad en el acceso expedito a la justicia, con todo y el nuevo sistema de justicia penal, por citar algunos temas del catálogo de pasivos.
Bajo esa lógica, el pleno acceso a la justicia y el respeto a los derechos fundamentales solo pueden alcanzarse con la absoluta independencia e imparcialidad de los juzgadores, con mecanismos para elevar la profesionalización de sus integrantes y proteger el servicio de carrera judicial de la improvisación, con el fortalecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los integrantes de la judicatura.
Por eso cobra relevancia el caso del juez Anuar González Hemadi, a quien el Consejo de la Judicatura Federal inició un procedimiento de carácter administrativo y disciplinario para facilitar la investigación de ese organismo ante el amparo concedido por este juez a Diego Gabriel Cruz Alonso, supuesto integrante de la banda conocida como “Los Porkys” y uno de los cuatro imputados en el proceso por pederastia y abuso sexual en agravio de Daphne Fernández en enero de 2015, caso que, para acrecentar el desdoro de la imagen de Veracruz, alcanzó resonancia internacional.
El juez federal González Amadi resolvió que pese a todas las evidencias no se comprobaba el intento de violación de la joven, pues el presunto agresor Cruz Alonso “no tenía la intención de llegar a la cópula”. Una aberración que lo menos que puede llevar a creer es que hubo intereses económicos o políticos que lo movieron a plantear ese absurdo.
Como era lógico esta resolución levantó una oleada de críticas e indignación en todos los sectores sociales y mereció la condena de instituciones protectoras de los derechos de los menores y de las mujeres, además de desatar una condena unánime al juez en redes sociales que lo llevaron a solicitar excusarse de continuar analizando el caso argumentando pérdida de imparcialidad y objetividad atribuida, según él, al “escarnio social” del que se dijo víctima.
Este es solo un botón de muestra de la urgencia de moralizar la vida pública y limpiar las instituciones.
El regreso de la legalidad y la constitucionalidad en todos los ámbitos de la vida social son asignaturas urgentes que deben aprobarse si se quiere recuperar la confianza del ciudadano hacia las instituciones de justicia.
Porque el desarrollo con justicia real no se logrará mientras las leyes sigan siendo legales pero injustas, si se permite la impunidad a los poderosos. Urge poner límites efectivos a los abusos.
Mientras en Veracruz y en todo el país sigamos entrampados en intereses de grupo y en coyunturas electorales, la vigencia plena del imperio de la ley, el efectivo combate a la impunidad y sobre todo la promoción de la cultura de la legalidad, seguirán aguardando mejores tiempos.
En tanto, la población sufre, el espíritu de las leyes languidece, y continúa el fuego cruzado de los enfrentamientos que libran los maleantes mientras los políticos se ocupan exclusivamente en satisfacer sus particulares intereses.
Sin justicia no hay cambio posible.
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